OPINIÓN

Cazando en el zoológico

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Un rico en Colombia, según el actual gobierno, es aquel que gana un salario mayor a los 10 millones de pesos y quien, por lo tanto, deberá contribuir una parte significativa de sus ingresos para hacer del país un lugar más justo y próspero.

Ese mismo “rico” colombiano cuyo ingreso anual sería de 120 millones de pesos, que es algo así como 27 mil dólares, sería un español de clase media, donde el ingreso promedio de la población es cercano a los 23 mil euros y sería un pobre un Estados Unidos, donde la línea de pobreza para una familia de cuatro personas está en los 26 mil dólares.

Es decir, un “rico” en Colombia es una persona de clase media en España y un pobre en los Estados Unidos.

Menciono esta comparación porque existe la idea generalizada de que los “ricos” no pagan los impuestos que deberían pagar. Esto es equivocado. Los llamados “ricos” colombianos ya están cargando sobre sus hombros unas tasas contributivas enormes. Las tasas efectivas de tributación de las empresas, según la ANDI, están en la actualidad en el 42% sobre las ganancias y con la reforma tributaria propuesta esta proporción se puede subir a un 60%, lo cual, en palabras del presidente del gremio de los industriales, hace “que probablemente en Colombia no haga sentido hacer inversiones”.

Los proponentes de más impuestos alegan, con algo de razón, que las mediciones de Gini antes de impuestos y después de impuestos en Colombia no son muy diferentes. Esto quiere decir, en su opinión, que la tributación no es distributiva, a diferencia, por ejemplo, del Reino Unido donde los impuestos nivelan las desigualdades sociales de una manera significativa.

Sin embargo, habría que preguntarse qué tan acertado es este tipo de análisis cuando la mitad de la economía opera en la informalidad, como en Colombia, o sea lejos de los registros de las cuentas oficiales. Tal vez los que blanden este argumento están comparando bananos con papayas.

Cuando se piensa en informales se piensa de inmediato en el vendedor ambulante, en el campesino microfundista o en la tienda de la esquina. Eso no es el caso. La informalidad en Colombia se encuentra distribuida de abajo hasta arriba a lo largo de toda la cadena productiva. Hay tenderos informales y verdaderos millonarios informales. Y ninguno de ellos paga los impuestos que deben pagar, si es que pagan algo.

En Colombia existe una zona de despeje tributaria que cobija sectores y actividades enteras. El principal control de la evasión se da por la vía del IVA que establece una trazabilidad de las transacciones. Sin embargo, con decenas de bienes excluidos de su pago las oportunidades para esquivar los tributos son abundantes. Otro elemento que facilita la evasión es el uso de efectivo. La cifra de utilización de billetes y monedas en Colombia es altísima. El tamaño del efectivo dentro del total de dinero circulante de la economía nacional oscila alrededor del 12%, mientras que en los países miembros de la Alianza del Pacífico es casi la mitad y en los países de la OCDE una tercera parte.

El dinero en rama es el medio predilecto de pago de esa economía informal, para no hablar de la economía ilegal. Los dueños de las dragas que destruyen los ríos chocoanos para sacar oro no facturan. Los cocaleros tampoco. Ni lo hacen los políticos que reciben coimas que esconden en caletas. O los traquetos que compran fincas con un simple intercambio de maletines atiborrados de dólares. Y qué decir de los sanandresitos, cuya existencia es tan escandalosa que todos la ignoran.

Con la reforma tributaria propuesta el gobierno optó por cazar en el zoológico. Se fue por lo fácil: clavarles más impuestos a lo que ya los pagan, que es la mitad formal de la economía. Lo hace sin mucho riesgo político. Los banqueros no van a salir a quemar buses, ni los industriales saldrán a bloquear las vías. Su protesta se limita a renegar en los clubes sociales y en los cocteles mientras planifican la manera de sacar su dinero afuera del país.

La otra mitad, la que no paga, le tiene sin cuidado el texto de la reforma. Los incisos y las derogatorias, las esotéricas discusiones alrededor de los impuestos exentos y excluidos, las deducciones y las tarifas les importan un carajo. Si uno está por fuera del radar tributario le da lo mismo si la tarifa de renta es del 20%, del 30% o del 60% por que igual no la va a pagar. El rey midas de la papa, el compra ventero de chatarra, el zar de las tractomulas, el hacendado que mide sus propiedades no en hectáreas sino en horizontes, el esmeraldero y el comerciante de líchigo en Corabastos que compra edificios enteros con billetes de diez mil, esos no pagan y ahora con esta reforma tampoco van a pagar.

El verdadero cambio estaría en atacar esa parte de la economía que sigue en las sombras. Esto no solamente se ve difícil, sino que muchas de las iniciativas propuestas por el gobierno tienden a patrocinarla. El aumento de los costos laborales y la rigidez en los contratos es una combinación perfecta para promover el desempleo y la informalidad. Algo parecido ocurre con la moratoria minera. Esto ahuyenta a los operadores corporativos –que pueden ser regulados– y le despeja el cambio a los ilegales, que no tienen problema en destruir las cuencas hídricas o en llenar los ríos de mercurio.

Es fácil cebarse sobre las propiedades legítimamente adquiridas de la agroindustria, tolerando las invasiones, pero nada se hace para recuperar los millones de hectáreas en cabeza de narcos, guerrilleros y paras, quienes defienden sus propiedades a punta de fúsil y no con memoriales en los juzgados. Rebanarse los sesos buscando cerrar rendijas tributarias con normas cada vez más abrasivas no sirve para nada cuando la Dian, entidad encargada del recaudo, está –bajo cualquier comparación internacional– famélica de recursos y personal. Colombia debe ser el único país del mundo que gasta más controlando el uso de los recursos del Estado (como lo testifica el elefantiásico presupuesto de la Procuraduría y la Contraloría) que recaudándolos.

La idea de gravar el capital, patente en la reforma tributaria en trámite, para promover la igualdad es una obsesión en los círculos de la izquierda contemporánea. Piketty ha edificado toda una religión alrededor del tema, con fanáticos acólitos en América Latina. El problema es que nada se obtiene gravando el capital donde no lo hay. Aquí no tenemos Warren Buffetts, ni Jeff Bezos, ni Bernard Arnaults ni Amancios Ortega. Nuestros bancos no son Goldman Sachs ni JP Morgan. Nuestras empresas no son Facebook, Apple o Tesla. No se puede distribuir lo que no se tiene. Extraer para un Estado paquidérmico e ineficiente, controlado por políticos manilargos, el poco ahorro acumulado y, además, castigar la inversión sin tocar el consumo, definitivamente no es una buena fórmula para vivir sabroso.

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