OPINIÓN

Diez tesis sobre la violencia de la Economía Naranja (Primera parte)

alucas-ospina-ilustracion.png

1. Fiesta de disfraces


El día de las brujas, al comenzar la noche del 31 de octubre de 2019, Iván Duque llegó con su disfraz de presidente al barrio San Felipe en Bogotá. La comparsa de bohemia burocrática estaba ahí para lanzar el “Área de Desarrollo Naranja del Distrito” (“ADN”) y declarar la zona como primer “Proyecto de Interés Nacional y Estratégico” dentro de su programa consentido de gobierno: la Economía Naranja.

“¡Que aquí en San Felipe es realidad! ¡Esta área de desarrollo naranja no es carreta!”, arengó Duque con el pecho en alto dándose aires de conocedor. “Aquí van a estar las inversiones en infraestructura, en gastronomía, en galerías, en audiovisuales, en centros de grabación, en doblaje. Aquí van a estar miles de creativos disfrutando este espacio y enriqueciendo la ciudad embelleciéndola con su talento”. 

Mientras hablaba, las manos de Duque sostenían la reimpresión de un libro que fue descrito por él mismo como “maravilloso”:

“Aquí me entregaba Juan Diego una reimpresión de este maravilloso libro que se llama La Economía Naranja. Y digo maravilloso no porque sea coautor con Felipe Buitrago, y que no piensen que esto es simplemente una vanidoteca. ¡No! Estoy realmente emocionado porque esto es una construcción colectiva. Estoy realmente emocionado porque hace seis años estábamos en el Banco Interamericano…” 

Y Duque procedió a contar —con o sin carreta, con o sin vanidoteca— la historia de ese folleto, producto de su pasantía de doce años como Consejero Principal para Colombia, Perú y Ecuador en los directorios del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera de Inversiones IIC, el Fondo Multilateral de Inversiones FOMI y donde rumió la idea de decirle Economía Naranja a lo que por años se ha llamado industrias culturales.

En su discurso en el “ADN” de San Felipe, el presidente le acomodó unas cuantas cifras como avemarías al credo economicista de 15 minutos que improvisó ante una comunidad gregaria de creyentes: ministras y secretarias de Cultura, el viceministro de Cultura, Felipe Buitrago (el poder real en ese ministerio en ese momento), senadores, funcionarios y un inversionista destacado con el que compartía tarima (el mismo “Juan Diego” que le dio el libro reimpreso). El presidente cerró así su homilía: 

“Cuando escribimos este libro decíamos una de las primeras frases: ‘hay cosas que sabemos que conocemos, hay cosas que sabemos que desconocemos y hay cosas que no sabemos que desconocemos’. Una de ellas es la Economía Naranja. Una oportunidad infinita, una oportunidad que está en marcha y que va a ser parte de la transformación de Colombia…”

La frase de cierre disparada por Duque no es suya. “Hay cosas que no sabemos que desconocemos…”, es una frase de Donald Rumsfeld, el exsecretario de Defensa del gobierno Bush, y así aparece atribuida en el folleto naranja del “maravilloso libro”. Rumsfeld la fabricó en 2002 para una audiencia pública donde la soltó como cortina de humo para obviar la evidencia endeble con que el aparato militar de Estados Unidos justificaba un ataque inminente sobre Irak. La estrategia de vender miedo funcionó: una parte del mundo compró seguridad, el gobierno estadounidense la vendió y la invasión comenzó en 2003. Algunos críticos argumentaron que, para dotarla de una mayor honestidad intelectual, a la frase de Rumsfeld le faltó un último giro: el de lo “desconocido conocido”, todo eso que pretendemos no conocer. Así lo argumentó el filósofo Slavoj Zizec: “Si Rumsfeld piensa que los principales peligros en el enfrentamiento con Irak fueron las 'incógnitas desconocidas', es decir, las amenazas de Saddam cuya naturaleza ni siquiera podemos sospechar, entonces el escándalo de la torturas en Abu Ghraib muestra que los principales peligros residen en los “conocimientos desconocidos” —las creencias, suposiciones y prácticas obscenas y repudiadas que pretendemos no conocer, a pesar de que forman el trasfondo de nuestros valores públicos—”.

La frase gaseosa de Rumsfeld, usada para justificar la invasión a un territorio, es la misma frase que usa Duque para justificar su deseo personal de conquista sobre el único campo que le dejan accesible. Títere de tantos intereses, Duque tiene en el pequeño cuarto de juegos de la cultura un espacio propio donde no le toca consultar las decisiones —al caudillo Álvaro Uribe y a su partido de gobierno poco les inquieta el tablero cultural—. Pero así como la invasión estadounidense pretendió obviar lo “desconocido conocido” —por ejemplo, las torturas y la corrupción de la guerra—, vale la pena preguntarse por lo “desconocido conocido” que pretende obviar la Economía Naranja del gobierno Duque.

2. Cuando Duque llegó, el cerdo todavía estaba allí

“Recibimos demasiadas presiones para bajar el cerdo”, dijo en una entrevista Juan David Arenas, director de la revista Cartel Urbano, una empresa periodística y cultural ubicada en una casa dos pisos del barrio San Felipe. El mismo día de la fiesta de Halloween en que el presidente y su comitiva visitaron la zona, Arenas fue interpelado para que desmontara una intervención artística de su tejado.

“Dentro de los proyectos culturales que realizamos, se expuso una obra que hace parte de un proceso de reflexión hacia la Economía Naranja, realizado por un artista. Una obra que era una reinterpretación de un porki, con una bandeja de naranjas y una bolsa de dinero” —recuerda Arenas.

Las presiones vinieron primero por parte de una asistente de la comitiva de criollos ilustrados del gobierno que timbró en la tarde en la sede de Cartel Urbano para explicar que al edificio en diagonal cruzando el parque venía el presidente y que esa figura en el techo afectaba la vista de unas tomas previas en video que querían hacer del evento. Ante la negativa de Arenas, la misma asistente regresó más tarde acompañada de su superior. Más tarde llamó a Arenas por teléfono el dueño del terreno donde queda la sede de Cartel Urbano para convencerlo de quitar la pieza. Estos llamados querían evitar que el presidente Duque se llevara una mala imagen y se viera en el espejo de ese “conocido desconocido”, de esa gárgola porcina que satirizaba el desfile del mandatario por la zona. Más tarde, a la llegada de la caravana presidencial, a la entrada de Cartel Urbano, se ubicaron varias motos de agentes de policía y de los cuerpos de seguridad del presidente. Se oían los zumbidos de un helicóptero que sobrevolaba la zona y unos drones que, sin motivo aparente, volaban cercanos a las ventanas de las oficinas de Arenas y su equipo creativo.

“El día que inauguraron a San Felipe como Distrito Creativo, el presidente estuvo acá” —comenta Arenas—. “Ese día nosotros expusimos la obra en el techo de nuestra casa, y seguramente incomodó a muchos sectores, pues recibimos demasiadas presiones para bajar el cerdo. Nosotros nos rehusamos porque sentimos que no tiene coherencia que uno promueva un desarrollo basado en las restricciones a la libertad de expresión y la censura. Eso no puede ser. De esa manera se lo explicamos a la gente, entendiendo que esta obra es de un artista que además expone en los circuitos de galerías de San Felipe. No puede ser que Duque, al lado de nuestra casa, esté promoviendo la Economía Naranja y, cruzándonos, esté censurando una obra. Ese es el rasero, el discurso doble que se maneja en este gobierno”.

3. Ministerio de Coolture: del BAD al ADN

Al caer la noche, cuando Duque terminó su discurso, le cedió las palabras de cierre a su compañero de tarima, Juan Diego Ortiz, presentado como gerente de Coolture Investments. Ortiz se define, en otras tarimas, como “cofundador de La Ola Naranja”, una empresa que fundó en 2014 con el entonces viceministro de Cultura, exministro y poder real en esa cartera, Felipe Buitrago. 

The Ola Naranja was founded by Juan Diego Ortiz and Felipe Buitrago”, se leía en la pestaña de “History” de la página de Coolture Investments antes de que esa información desapareciera justo cuando Buitrago pasó a ser funcionario estatal. En redes, en Youtube, en el canal de la “La Ola Naranja”, queda un amplio rastro de videos donde Ortiz y Buitrago aparecen juntos en varios encuentros. Destaca uno de 2016, en el que ambos emprendedores visitan al expresidente Betancur en su casa, lo llaman “El Presidente Naranja”, y el anciano exmandatario, luego de decir que vive “soñando en naranja, pensando naranja, construyendo naranja, sonriendo naranja, padeciendo también naranja, pero corrigiéndome mis padecimientos también naranjamente”, les entrega una naranja todavía a medio madurar y, con ese aire lírico que lo hizo tan locuaz, cierra con un mandato solemne: “Les entrego a la nuevas generaciones: la nueva Colombia, la Colombia naranja”.

En el video del infomercial estatal que registró el lanzamiento del “Área de Desarrollo Naranja del Distrito” en 2019, Ortiz se da pantalla y pasea por el territorio de San Felipe con gran señorío y afirma algo parecido a lo que dijo en la tarima junto a Duque: “nosotros, como sector privado, vinimos a fortalecer este barrio, este distrito creativo a través de los instrumentos de política pública”. Y al final comenta que su empresa “contempla vivienda y entretenimiento […] sobre tres verticales: vivienda, entretenimiento y trabajo”.

El interés inmobiliario por San Felipe del gerente de Coolture Investments no es una novedad. Al comienzo de la década pasada otra empresa inmobiliaria, Prodigy Network, quiso hacer lo mismo y de forma voluntariosa pretendió rebautizar la zona como BAD: el “Bogota Art District”. Prodigy Network, fundada por el colombiano Rodrigo Niño y radicada en Estados Unidos, se declaró en bancarrota en 2021 en medio de escándalos y demandas de inversionistas defraudados ante el desinfle de la burbuja inmobiliaria de varios proyectos de inversión. El eco de este tipo de descalabros es visible desde casi toda Bogotá: el edificio más alto de la ciudad, la Torre BD Bacatá, en el que estuvo involucrada como inversionista y promotor Prodigy Network, es una ruina a medio construir, un monumento a la codicia inmobiliaria que tiene en jaque a más de 6.000 inversionistas, trabajadores y empleados que hoy reclaman por las promesas incumplidas de un obra faraónica que prometía ser la punta de lanza de la renovación urbanística del centro de la capital del país.

Gracias a la posición privilegiada de Buitrago, el exsocio de Ortiz ahora bien posicionado en la cartera estatal de Coolture —perdón, Cultura—, y al beneplácito del actual presidente de Colombia, por el cual Ortiz hizo campaña, Coolture Investments parece estar en una mejor posición para surfear el territorio y estar en la cresta de “La ola naranja”. 

En la campaña presidencial de Duque, en 2018, el gerente de Coolture Investments participó en varios “Encuentros de la economía naranja” con “Artistas y empresarios de la cultura” y en el movimiento de “Juventudes con Duque”. Una vez termine el gobierno Duque es de esperar que el actual presidente y el exministro de Cultura regresen a la sociedad de la “Coolture” y, como advenidizos de la cultura, hagan uso de esa puerta giratoria que, con altos cargos y dádivas, premia a los funcionarios que desde el Estado fueron funcionales al cabildeo del interés privado. Duque, Buitrago y compañía, entre emprendimientos propios y embajadas, surfearán aquí y allá buscando nuevas playas para pintar su versión de la Economía Naranja.

Este enroque público privado es un estudio de caso ideal para trabajos académicos sobre gentrificación (ver, por ejemplo, "De San Felipe al BAD: resignificaciones espaciales por medio del arte, 2010-2018", de Thais Daniela Escobar, y "Producción de sujeto y lugar alrededor del arte emergente: siguiendo las rutas del capital en el Barrio San Felipe, 2013-2018", de Marta Catalina Higuera). Una investigación de Pablo Morales muestra que la valorización del metro cuadrado en San Felipe suma cifras que apuntalan ese efecto de apreciación del sector: un estudio comparado muestra que en esa zona el precio del metro cuadrado ha aumentado en un 288 % en los últimos ocho años. La página de Coolture Investments le vende así a futuros inversionistas: “El ADN requiere una inversión de $ 2.5 mil millones del sector privado durante los próximos 10 años. A la fecha se han realizado inversiones de capital 100% privado por más de US$ 10 millones, con compromisos adquiridos por más de $ 100.000 millones […] Los emprendedores esperan que el ADN de San Felipe se convierta en un referente internacional como destino creativo, recreativo y turístico. Su objetivo es llegar a los 10.000 visitantes anuales para 2022”.

4. Gentrificación: luz y sombras

El presidente Duque cerró su performance del 31 de octubre con un acto simbólico: prendió lo que se llamó la “iluminación naranja” de tres escenarios que la Economía Naranja consideró icónicos en la zona.

El edificio Piura, de 11 pisos, un pastel vertical de fachada quebrada en losas rugosas café con leche que, bajo la figura de “co-living”, permite a los propietarios gozar de un inmueble muy rentable para arriendos flexibles a ocupantes temporales. Este habitáculo, con estética hotelera, se erige como precursor de una promesa de “renovación urbana”: una imagen del futuro del barrio cuando familias, pensionados, mecánicos, tenderos, microempresarios y colectivos de artistas tengan que mudarse de zona bajo la presión al alza de la burbuja inmobiliaria, el aumento de los servicios públicos y el impuesto predial. 

La otra edificación iluminada fue la caja de fusibles imaginaria de un lote por adquirir o ya adquirido por el capital privado que ha invertido “US$10 millones”, y donde el voluntarioso gerente de Coolture Investments prometió que se construirá el “primer Centro Cultural y Museo de Coleccionismo del país”. 

El último destello de histrionismo lumínico naranja fue para el parque La Araña, para el que los habitantes del sector ya habían pedido un alumbrado que ejecutó la alcaldía como parte del equipamiento normal de estos espacios, y que coincidió con la luminosidad de la agenda presidencial.

A los que sí dejaron a oscuras fue a los artistas plásticos y a la docena de galeristas de “arte contemporáneo” y gestores culturales de la zona que brillaron por su ausencia en el evento. Tal vez los protagonistas de la segunda temporada de esta serie inmobiliaria sean otros: los intermediarios del Coolture Investment que llegan a capitalizar el aura que el gremio creativo le trajo a la zona en los primeros capítulos de esta saga. La cultura es solo una carnada para la pesca territorial en San Felipe. Atrás quedaron los artistas que le dieron autenticidad al escenario y ahora pasamos a un nuevo lienzo: el “business canvas”, para usar la expresión de la neolengua que favorecía el ministro Buitrago cada vez que proclamaba una nueva “Área de Desarrollo Naranja” —de ventajosas ventajas de desarrollo inmobiliario— en sus travesías por Colombia (ver la columna "Fullhachede", de Tatiana Acevedo).

Así describe David Ley, autor del texto "Artistas, estetización y el campo de la gentrificación", el rol inicial —y un tanto inadvertido— que tienen los actores creativos de la base del reparto cultural en estos procesos de valoración y conquista de un territorio: “Como pacificador de nuevas fronteras por delante del asentamiento de los residentes más convencionales, el artista urbano es habitualmente la fuerza expedicionaria de los gentrificadores del centro urbano… como una casta sacerdotal secular, el aura artística tiene la capacidad de transformar el significado y el valor del espacio”.

5. Arte + cultura + protesta = vandalismo y terrorismo

“Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido”. Así comienza Franz Kafka su novela "El Proceso". Algo parecido le pasó a Juan David Arenas cuando 19 días después de la visita del presidente Duque a San Felipe, y 19 días después de negarse a desmontar del techo de Cartel Urbano una obra de arte que criticaba una política del gobierno Duque, y a dos días de la celebración del Paro Nacional de 2019, se despertó convertido en sospechoso de terrorismo y la sede de su lugar de trabajo fue allanada.

El martes 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, a la entrada de la sede de Cartel Urbano en San Felipe, Arenas fue interpelado por un comando de 12 agentes de policía que contaban con una “Orden de allanamiento y registro” emitida por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y avalada por un juez. Arenas interpeló a los policías y, con el seguro de vida que le daba la filmación en video de una mano amiga, pidió que le leyeran con detenimiento la orden. 

El policía que parecía dirigir el operativo, a regañadientes e incómodo por la filmación, leyó: 

“Orden de allanamiento y registro. Estado de la actuación, indagación, investigación, juicio. Delito: Terrorismo. Fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Objeto de la orden: De acuerdo al informe ejecutivo de policía judicial de fecha del 18 de noviembre suscrito por el patrullero Miguel Enrique [el apellido no se oye en la grabación], adscrito a la Policía Nacional Civil, donde se encuentran las verificaciones adelantadas a los inmuebles, procede diligencia de registro de allanamiento y contando los motivos antes imputados para inferir que al interior de estos inmuebles se puede encontrar MP evidencia física así como para efectuar el procedimiento de captura si se logra hallar el …”.

Una vez la policía entró, Arenas siguió cuestionando a los policías con la salvaguarda de varias cámaras amigas que grabaron todo el procedimiento, no fuera a ser que algo que no estaba ahí apareciera en el deambular de la docena de policías por las oficinas. En uno de los videos quedó registrado este diálogo:

Arenas: ¿Qué están buscando en particular a ver si les puedo ayudar?

Policía #1: ¿Tiene usted propaganda, impresos, alusiva al 21 de noviembre?

Arenas: No, señor […] ¿Alusiva al paro, dice usted? 

Policía: Sí, señor.

[…]

Arenas: ¿Por qué? ¿Eso sería ilegal? 

Policía #1: No, solamente necesitamos saber qué tiene usted pertinente a eso…

Arenas: ¿Cómo?

Policía #2: Si el indagativo tiene referente de propaganda alusiva a eso…

Arenas: Pero, digamos, ¿eso sería ilegal?, tener propaganda que diga…

Policía #1: ¿La tiene o no la tiene?

Arenas: No, no la tengo, amigo, pero ¿sería ilegal tener? Si yo digo “yo paro el 21”, digamos, ¿eso sería ilegal?

Policía #1: Eso depende de lo que tenga en el panfleto… 

Arenas: No, solamente dice, “yo paro el 21…”

Policía #1: Eso toca verlo. ¿Lo tiene o no lo tiene?

Arenas: No, no la tengo, si la tengo, tranquilo, hágale, pero lo que le estoy preguntando es que si yo tengo eso, ¿eso es ilegal? 

Policía #1: Si lo tiene toca mirar para establecer qué es lo que dice…

[…]

Policía #1: ¿Ustedes tienen información gráfica o en redes referente al paro? 

Arenas: No tenemos, pero nos encantaría compartirla, hacer un llamado a que la gente saliera a marchar pacíficamente, tenemos ganas de sacar algo en redes, ¿ustedes qué opinan?

En otro video Arenas va a la oficina donde está el área contable de Cartel Urbano y cuestiona a un policía que ha pedido revisar la contabilidad de los últimos 30 días:

Arenas: ¿Ustedes por qué hacen esto? ¿Va a encontrar panfletos en la contabilidad?

[…]

Policía #3: ¿A ustedes les hacen pedidos a sus productos desde internet?

6. La policía de la gramática

La noticia del allanamiento a Cartel Urbano ocupó una parte importante de la parrilla noticiosa en varios medios de comunicación y en redes sociales de esos días. Entre las personas que tienen algún aprecio por la libertad de expresión hubo consenso de que se trató de una acción desmedida. La Fundación para la libertad de prensa, FLIP, señaló que este es el primer allanamiento del que tiene conocimiento donde una fuerza policial, bajo una orden judicial, ignorando las garantías y protecciones constitucionales a la prensa y basada en débiles indicios por parte de un único y misterioso informante, ataca de esta forma a un medio de comunicación.

Ni el Gobierno, en cabeza de Iván Duque; ni el Ministerio de Cultura, en cabeza de Felipe Buitrago; ni la misma comunidad con intereses en San Felipe que 19 días antes mostraba tanto interés por lo que sucede en la zona y por los “miles de creativos disfrutando este espacio y enriqueciendo la ciudad embelleciéndola con su talento”, hicieron pronunciamiento alguno. Casi nadie, aparte de unos buenos amigos, tuvo un gesto privado de solidaridad con las personas de Cartel Urbano. La única declaración vino de la ministra de Interior, que avaló lo que pasó en la recién inaugurada “Área de Desarrollo Naranja del Distrito”: “Tengan la seguridad que las acciones que se han emprendido han sido con control de legalidad y todas originadas con informe de inteligencia que lleva a estos hechos preventivos”.

A partir de estos “hechos preventivos”, lo “desconocido conocido” de la Economía Naranja del gobierno Duque —el allanamiento a Cartel Urbano— se lee como una retaliación directa por el gesto de exhibir una obra de arte —el “porki” del artista Chirrete Golden— y por no ceder ante las presiones de desmontarlo durante la visita del presidente Duque. 

Pero hay más.

Un mes antes del allanamiento, en el “Open San Felipe”, el evento nocturno en que se abren varías exposiciones en la zona, Cartel Urbano había recibido algunos comentarios amargos de una que otra persona con intereses inmobiliarios en la zona por exponer la imagen del cerdo a ras de suelo y distribuir folletos irónicos sobre la Economía Naranja. En las ventanas de la sede de Cartel Urbano se leían frases que hacían un llamado a un arte “más crítico y menos cítrico”, y el medio ejecutó por esos días una serie de acciones públicas, las “Movidas culturales contra la economía cítrica”, donde distribuían impresos y afiches.

A comienzos de noviembre, Arenas había estado en contacto con Alejandro Gómez, editor del medio periodístico 070 de la Universidad de los Andes, y cruzaron mensajes sobre la posibilidad de publicar una versión impresa del "Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD": un “manual de autocuidado para aquellos que van a salir a las calles, para que se protejan y conozcan sus derechos”. El informe periodístico que acababa de ser publicado en el portal de internet de 070, tuvo bastante acogida y fue compartido por otros medios digitales. Un PDF con una versión imprimible fue enviada por Gómez a Arenas por correo.

El 15 de noviembre la universidad recibió una comunicación enviada desde la cuenta de “la Jefatura del Centro Cibernético Policial, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol”, encabezada por el titular “Policía Nacional Dios y Patria”, donde esa unidad solicitaba “estudiar la posibilidad de eliminar los contenidos” del manual de 070 bajo cuatro argumentos: 

“…incita el carácter violento al derecho de la manifestación”, “…cuenta con cifras no oficiales y que calumnian el nombre de la Policía Nacional de Colombia”, “…hace parte del subdominio del sitio oficial de la Universidad de los Andes y estaría representando la posición de la universidad [nos queda la duda]”, y porque “…presenta varios errores de ortografía y redacción”. 

La universidad y 070 hicieron caso omiso de la solicitud policial, escrita con varios errores de ortografía y redacción por parte de los agentes gramaticales, y dieron a conocer la intimidación como un intento de censura. Cuatro días después de esta acción, la sede de Cartel Urbano fue allanada. Las páginas de 070 y de Cartel Urbano fueron atacadas con un tipo de ataque DDos que automatiza un tráfico inusitado de visitas a un portal para hacerlo lento o tumbarlo para impedir que otros puedan acceder a la información. Todo indica que las comunicaciones de uno de los dos medios, 070 o Cartel Urbano, o de ambos, estaban siendo monitoreadas: cuando la policía allanó las oficinas indicó, una y otra vez, que estaban buscando “propaganda, impresos, alusiva al 21 de noviembre”, algo que Arenas y Gómez en sus conversaciones privadas habían contemplado hacer: imprimir ese "Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD" que ahora la Policía buscaba con insistencia en la sede de Cartel Urbano. La investigación sobre si se dieron o no estas chuzadas le correspondería a la misma unidad que envió la comunicación intimidante a 070: la Jefatura del Centro Cibernético Policial.

La mañana del martes 19 de noviembre también se hicieron 27 diligencias de registro y allanamiento en 15 localidades de Bogotá, entre ellas a dos integrantes del colectivo artístico Puro Veneno. Las dos únicas detenciones mostraron que el operativo de seguridad era más un espectáculo mediático que el resultado de una investigación con indicios de certeza: más brutalidad policiaca que inteligencia militar.

Astucia fue lo que sí tuvo el operativo: si se trataba de comunicar lo que le pasa a los que patean la lonchera del emprendimiento —con el ejemplo de Cartel Urbano, 070, Puro Veneno y otros— y usan la esfera pública —la calle y la protesta como espacio colectivo de exposición, análisis y crítica—, la estrategia fue efectiva. “El terror solo puede tener un comando absoluto sobre las personas cuando las separa a unas de las otras”, dice Hannah Arendt. El infundir miedo a una comunidad creativa que ocupa un territorio puede ser un principio disuasorio y desintegrador más efectivo que el intentar una prohibición legal en contravía de la libertad de expresión y las garantías constitucionales.

Un mes antes, el 19 de octubre, el colectivo Puro Veneno mostró en video en redes sociales como el mural callejero terminado por esa comunidad de artistas, en diagonal a una unidad militar, había ido destruido con pintura blanca por 30 soldados bajo una orden del Ejército Nacional de Colombia. El mural, conocido como “¿Quién dio la orden?”, concertado y comisionado a Puro Veneno por el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado y la Comisión Colombiana de Juristas, mostraba la imagen de cinco altos mandos militares con sus nombres y las cifras atribuidas a los asesinatos de civiles que ocurrieron durante su mando. La imagen es la infografía de una masacre cotidiana que se incentivó entre 2002 y 2010, fue certificada oficialmente, caso a caso, como bajas en combate a cambio de beneficios y ascensos a los militares de varios rangos que participaron de estos crímenes. Esta fue una política propiciada por el estado colombiano y las coordenadas ideológicas que marcó el discurso político del gobierno Uribe Vélez durante ese periodo de tiempo.

El mural de “¿Quién dio la orden?” fue creado por unos jóvenes artistas que representan a esos otros jóvenes que ya no pueden hablar: a 6402 personas víctimas de asesinatos estatales según la cifra que divulgó la Justicia Especial para la Paz. La censura de los militares llamó aún más la atención sobre la imagen, la hizo viral, se reimprimió, fue demandada ante la ley por exmilitares y estudiada por la Corte Constitucional, y se volvió a pintar, a censurar y a repintar en cientos de puntos del país. “¿Quién dio la orden?” es ahora un ícono cultural que se mantiene y se propaga aquí y allá, un antimonumento sin intermediarios ni jerarquías donde habita la memoria colectiva y sirve de base para un horizonte de justicia: ¿por qué sucedió este instante de violencia mil, mil, mil, mil, mil, y mil veces?

7. La pared y la muralla, papel del canalla

Una de las primeras acciones que ejecutó Iván Duque cuando llegó a la presidencia en octubre de 2018 fue firmar un decreto para decomisar la dosis mínima de drogas. El gobierno Duque, como todos los anteriores, se acogió a la misma doctrina política del discurso de la “Guerra contra las drogas” que inició el gobierno Nixon, en Estados Unidos, hace 50 años. Una política vigente que, por defecto, envalentona y embrutece a la fuerza policial y judicial al darle un exceso de poder que, bajo la disculpa de una requisa y acción preventiva, permite perseguir e incriminar a amplios sectores de población, usualmente jóvenes, que por sus características físicas, sociales e ideológicas clasifican como sospechosos o enemigos bajo un análisis repentino y simplista, clasista y racial.

Desde el asesinato de Dylan Cruz en el Paro Nacional en Colombia de 2019 hasta el de George Floyd en Estados Unidos en 2020 esta política —barbarie tras barbarie— sigue vigente. Lo que se originó bajo la disculpa de la “Guerra contra las drogas” se muestra como lo que es: un arma política de interferencia y persecución para la dominación de un territorio. La política de drogas del gobierno Duque empoderó a las fuerzas de seguridad estatales que, amparadas en las ambigüedades de un nuevo código de policía y las sentencias confusas de las altas cortes, han hecho que las autoridades de todos los rangos tengan más motivos y excusas para atacar de forma agresiva y maliciosa a un amplio margen de ciudadanos. Exhortados por las arengas de un discurso político terco y moral, replicado sin el menor cuestionamiento por los medios masivos de comunicación y en cadenas virales por redes sociales, la policía y el ejército se comportan como fuerzas de ataque: privilegian el “Policía Nacional Dios y Patria” sobre la Constitución de 1991.

La política fascista del uribismo es brutal por lo simple: traza unas coordenadas en el discurso (“inversiones”, “disfrute”, “riqueza”, “maravilloso”, “bello”, “talento”, “emprendimiento”, “vandalismo”, “terrorismo”, “preventivo”) y luego la inercia del “fascio” policial, militar y criminal hace el resto. No es “quién dio la orden”: es quién da el discurso…  El discurso de la Economía Naranja “no es carreta”.

Compartir