Duque, el “magistrado”

Duque quiso modificar unilateralmente los términos del acuerdo que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC y la Corte tuvo que recordarle, una y otra vez, que había un compromiso de Estado que se debía cumplir. Escogió el camino de objetar el proyecto de ley estatutaria que regula la organización y el funcionamiento de la JEP, aún después de que la Corte lo había revisado y sufrió un duro golpe político en el Congreso y un tirón de orejas de la Corte por tamaño desafuero.

Se opuso a la ampliación de la vigencia de la ley de víctimas y de la Comisión de la Verdad y la Corte tuvo que ordenarla para garantizar la eficacia de los derechos comprometidos. Su gobierno desplegó toda la batería jurídica para tratar de impedir que el proyecto que otorgaba a las víctimas 16 curules en la Cámara de representantes entrara en vigencia. Fue la Corte y el Consejo de Estado los que tuvieron, después de un largo debate, que declarar que sí se había conseguido la mayoría necesaria para su aprobación.

Esa corporación judicial tuvo que acudir a la figura extrema de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional para ordenarle al gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida de ex combatientes vinculados al proceso surgido del mencionado acuerdo.

Si el Presidente llegase a ser magistrado actuaría como los jueces postulados por Donald Trump en la Corte de los Estados Unidos, es decir con la intención de devolver los avances que se hayan conseguido en materia de derechos o de impedir que se consigan nuevos.

Duque no estuvo de acuerdo con la sentencia que amplió el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, la cual tuvo como principal motivación le necesidad de remover obstáculos que estaban haciendo nugatorio ese derecho en los casos que la Corte había reconocido en una sentencia de hace ya varios años. Deslegitimó la decisión diciendo que había sido tomada por “cinco personas”, es decir, cinco magistrados, uno de los cuales él quisiera ser.

El gobierno también se opuso a que la Corte reconociera el derecho a acudir a la eutanasia en casos de pacientes con enfermedades no terminales pero sometidos a grandes padecimientos.

El Presidente, aspirante a magistrado, ha defendido el supuesto derecho de las autoridades a utilizar los recursos públicos para promover una determinada confesión religiosa, la que profese el gobernante de turno, sin respetar la neutralidad que le impone la condición de estado laico que adopta nuestra Constitución. La Corte tuvo prevenir, a él y a la señora Vicepresidenta, para que se abstuvieran “de vincular sus manifestaciones de fe a la institución que representa y hacerle un llamado sobre su deber de proteger el principio de laicidad”.

Esta semana, por unanimidad, la Corte tuvo que reiterarle al Gobierno y a su mayoría congresional su llamado a dejar de abusar del procedimiento legislativo para adoptar decisiones sin cumplir los procedimientos especiales establecidos en la Constitución para ellos. Cosas tan básicas como que una norma reservada a la categoría de leyes estatutarias no se puede modificar por una ley ordinaria y menos en la que se adopta el presupuesto general de la nación.

El proyecto de nuevo Código Electoral no superó el examen de la Corte porque se había aprobado sin cumplir el trámite señalado en la Constitución para la aprobación de las leyes estatutarias. El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para su aprobación cuando la Constitución obliga a que ese trámite se haga en los períodos ordinarios.

En una decena de oportunidades se lo han tenido que decir en relación con normas contenidas en el Plan Nacional de desarrollo, el cual también resolvieron usar como una especie de “árbol de navidad” para colgarle todo y evitar el debate legislativo ordinario y los controles judiciales correspondientes.

La Corte le ha tenido que recordar permanentemente al Presidente y a su mayoría en el Congreso que la ley orgánica impone el deber de analizar el impacto fiscal de las decisiones legislativas y que la omisión de ese deber genera un vicio de inconstitucionalidad en las leyes. De esa manera la Corte ha evitado el decreto de gastos que el Gobierno ha avalado en el trámite en el Congreso sin identificar fuentes de financiación, todo como consecuencia de la debilidad oficial, tanto argumental como política. El Código electoral también se “cayó” porque Duque no se resistió a la pretensión del Registrador de ampliar inusitadamente la planta de personal.

La llamada ley de financiamiento, que fue el primer intento fallido de reforma tributaria del actual gobierno, fue declarado inexequible por el pequeño detalle de que, abusando de las mayorías, el gobierno promovió su aprobación sin siquiera publicar la ponencia que votaban los congresistas.

El abuso de la función legislativa promovido desde la Casa de Nariño se sintetizó bien en la famosa frase de la Presidenta de la Cámara: “Anatolio vote sí”.

Si el Presidente fuera magistrado hubiera salvado su voto en las decisiones de la Corte para precaver daños al medio ambiente por el uso del glifosato, para amparar los derechos de las personas mayores sometidos a restricciones no justificadas durante la peor parte de la pandemia, y hubiera procurado la revocatoria de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que amparó el derecho a la protesta y recordó los deberes de la Fuerza Pública en estos casos.

Estos tortuosos cuatro años no deberían dejar duda de la importancia de mantener a rajatabla, como la he hecho la Corte, la independencia judicial. Los cuatro años por venir, cualquiera sea el resultado electoral, la van a necesitar aún más.