OPINIÓN

Entre deudas: Francia Márquez y el debate de las reparaciones por la esclavitud

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Melquiceded Blandón Mena es politólogo, PhD. en ciencias humanas y sociales, y editor del portal digital de análisis político y opinión Diáspora.com.co

En su refinada capacidad de sacudir la intranquila calma del establecimiento, la Vicepresidenta Francia Márquez Mina, quien en su intervención en el Foro Permanente de Afrodescendientes ante la ONU, propuso a las potencias mundiales condonar la deuda externa como reparación histórica a los pueblos que han sufrido colonialismo, trata esclavista transatlántica. Según la mandataria colombiana, estas medidas deberían ayudar a que estos pueblos "recuperen la dignidad que les fue expropiada".
 
La propuesta se separa del conjunto de lugares comunes y discursos insulsos que se pronuncian en el Palacio de las Naciones de Ginebra, la Vicepresidenta envió un mensaje sobre la exclusión social, política y económica que el genocidio de la esclavización de africanos en las Américas ha causado en todas las generaciones  de sus renacientes. Es un discurso, que traza una línea ininterrumpida entre la esclavitud, el colonialismo, los conflictos armados, la exclusión racista y racismo estructural que ha atravesado nuestra historia republicana. 
 
Para el caso propio, la historia de los conflictos armados en Colombia, se cimenta sobre la exclusión política y la concentración de la propiedad sobre la tierra. Sin embargo, desde hace varias décadas los movimientos afrodescendientes vienen proponiendo debates alternativos para reelaborar los relatos consolidados sobre la historia y trayectoria política de los pueblos étnicos. 
 
En tal sentido, la segunda parte del siglo XX, y con mayor acento en los últimos veinte años después de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, llevada a cabo en el año 2001 en Durban (Sudáfrica), han sido testigos de la emergencia del racismo estructural como otra de las condiciones que hacen posible el eterno retorno, reciclaje y permanencia de conflictos armados en Colombia.
 
La tipificación del racismo es muy amplia y compleja. En toda sociedad coexisten múltiples expresiones racistas que se evidencian en la burla a las prácticas estéticas, culturales, lingüísticas y fenotípicas de los pueblos étnicos. También se evidencia en la forma como las políticas estatales benefician algunos sectores económicos y territorios donde habitan las elites que administran el Estado. Es decir, un racismo estatal que se construye como una serie de privilegios para algunas familias y territorios sobre la base de la exclusión política, social y económica de la mayoría de la población, y especialmente de los territorios donde habitan pueblos étnicos, campesinos y trabajadores empobrecidos. 
 
En tal sentido y como ejemplo, se entiende que los cinco departamentos más pobres del país son los de mayor concentración de población afrodescendiente (Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño). O algo todavía más preocupante es que desde el año 2011 las Naciones Unidas vienen señalando que la tasa de mortalidad infantil en Chocó es de 54 por cada mil, mientras que en Medellín es de 8 por cada mil. El promedio nacional de mortalidad materna es de 74,9 muertes por cada cien mil nacimientos, y el de Chocó es de 227,4; todo un escenario que denota asimetrías epidemiológicas cimentadas en décadas de exclusión política y social.
 
Ahora bien, en Colombia avanzan los procesos de verdad, justicia y reparación frente al  conflicto armado. Pero esto no ha llevado a que el país discuta seriamente lo que la vicepresidenta Márquez plantea en la ONU. ¿Cómo reparar históricamente a la población afrodescendiente que considera que su trayectoria histórica está marcada por diversos conflictos que se conectan y reproducen la exclusión racista? 

Solicitar la condonación de la deuda por reparaciones históricas es una propuesta audaz, pero también puede leerse como una ingenuidad, si no buscamos dar otras respuestas simultáneas a preguntas aún más incómodas:

1. ¿Por qué condonar la deuda al Estado, donde está precisamente el establecimiento que construyó y sostiene ese órden racista?
2. ¿Cómo garantizar que el Estado destine esos recursos a políticas de reparación?
3. ¿Es justo trasladar el costo de las reparaciones a los Estados Nacionales, cuando se sabe que la esclavización fue agenciada por familias, empresas y capitales privados que aún mantienen sus riquezas?

Bienvenido el debate, y la invitación que con audacia expone nuestra Vicepresidenta. Es una tarea que demanda la voluntad política del Gobierno, la apertura de las fuerzas políticas, sociales, económicas y académicas comprometidas con el cambio. Necesitará del trabajo continuo del movimiento afrocolombiano para develar las familias, empresas, personas, y sectores políticos que se beneficiaron y construyeron sus capitales con la institución esclavista. Y también, implicará la tarea dolorosa de dilucidar la responsabilidad del Estado colombiano en la reproducción social del orden colonial; investigar los efectos psicológicos, sociales, económicos, políticos, epidemiológicos y culturales de la esclavitud, además de sus conexiones con los racismos republicanos y contemporáneos. 

Nadie duda que esclarecer la relación y líneas de sucesión en las afectaciones raciales como pueblo étnico en los diversos conflictos armados, y calcular el trabajo esclavizado de afrodescendientes en Colombia tocará intereses poderosos. Implica, por ejemplo, cuantificar posibles compensaciones económicas de salarios por pagar; entre otros miles de aspectos que se expropian cuando se alienan vidas humanas, pueblos históricos. 

Queda de nuestra parte construir una propuesta que permita ponerle la tercera pata a la mesa que nos llevará a desactivar las violencias y exclusiones en Colombia.

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