El Congreso está próximo a modificar, con un artículo transitorio incluido en la ley aprobatoria del Presupuesto General de la Nación, una regla, incorporada en una ley estatutaria, conocida como de garantías electorales, que forma parte de un conjunto de medidas adoptadas para evitar que el uso del poder otorgue una ventaja en la competencia electoral a quien lo mantiene.
La forma jurídica no da margen de discusión: si se trata de una ley que adopta reglas para equilibrar la disputa electoral, debía ser, como fue, aprobada como una ley estatutaria y por tanto derogada de la misma manera, sin embargo, el gobierno construyó unos argumentos que son un atajo que difícilmente aguantaría una revisión constitucional.
No es tan fácil entender por qué tanta displicencia por el control constitucional cuando en Colombia hay una larga tradición de su eficacia.
Pero más allá de las consideraciones jurídicas, la discusión sobre las “garantías electorales” es siempre relevante y esencial para el sistema democrático.
En Colombia, a pesar de la percepción contraria, hay unos robustos mecanismos dirigidos a evitar el abuso del ejercicio del poder para obtener ventajas electorales: para empezar hay una prohibición a los funcionarios públicos de participar en política, casi inédita en el derecho comparado. Prácticamente no hay país en el que el equivalente al Presidente de la República no se convierta, en épocas electorales, en el jefe de debate de su partido y no use el poder del Estado para incidir en el resultado de las elecciones.
Que esa sea la práctica generalizada en el mundo no quiere decir que sea lo conveniente. Solo en México se adoptaron medidas parecidas para salir del régimen de partido único del PRI. En nuestro país, herencia tomada del Frente Nacional, a los funcionarios del Gobierno se les impone una especie de “neutralidad”, que a pesar de ser violada permanentemente por ser casi que anti natural resulta a todas luces conveniente.
Esa regla fue esencial para garantizar una especie de transición pacífica a la competencia abierta después de que el Frente Nacional la prohibiera durante dieciséis años. Los presidentes al menos aparentaron cumplirla hasta el año 2010 cuando el expresidente Álvaro Uribe decidió romperla para promover la candidatura de Juan Manuel Santos contra la de Antanas Mockus.
Esta no es una conjetura sino un hecho histórico confesado decenas de veces por el propio Uribe que entre los reclamos que le hace a Santos está el de haberle ayudado a ser elegido para después desarrollar una agenda con la que el mentor no estaba de acuerdo.
Ahora el presidente Duque tiene como tema favorito en sus intervenciones públicas indicar como cree él que debería ser el voto de los ciudadanos el próximo año. Se concentra y explaya en señalar lo que cree que le conviene al país en el futuro con alusiones que están directamente dirigidas a promover a unos, o un candidato de su preferencia, y desprestigiar a otros.
La conducta presidencial rompe el principio de neutralidad que nuestro sistema constitucional le impone, pero ese incumplimiento resulta inane porque no tiene consecuencias jurídicas e incluso a los opositores les gusta que incurra en él porque suponen que, con el grado de impopularidad del Presidente, sus recomendaciones producen el efecto contrario.
Otro elemento de las garantías es el de la regla del no uso de los recursos públicos para favorecer a un determinado candidato que fue a donde apuntó la ley 906 de 2005, uno de cuyos apartes ahora se pretende “suspender” por debajo de la puerta en la ley aprobatoria del presupuesto.
Sobre esto, en cambio, en el mundo, si hay una larga serie de restricciones dirigidas a evitar el abuso de poder. Por ejemplo, hay reglas para la asignación transparente de subsidios en forma tal que no sea posible beneficiar a los amigos políticos y castigar a los opositores.
El crecimiento de los denominados subsidios condicionados les dio una ventaja a los gobiernos para lograr reelecciones o conseguir que sus partidos se mantuvieran en el poder. El mejor ejemplo fue el Partido de los Trabajadores, que consiguió que Lula se reeligiera montado en el éxito del programa equivalente a nuestras Familias en Acción, que fue precisamente el usado con más énfasis por Uribe para conseguir la primera elección de Santos, cuando ya estaba vigente la ley de garantías electorales.
El debate se ha centrado en los denominados convenios interadministrativos que tiene diversas aristas y, como casi siempre nos ocurre, cada cual muestra solo aquella que le conviene.
Esos convenios que se firman entre entidades públicas sirven para cosas buenas y para cosas malas. Son el mecanismo de transferencia de recursos de la Nación a entidades territoriales y son el camino para saltarse la ley contratación, por eso el Ministro de Hacienda se refiere a lo primero y los opositores a los segundo, con lo que cada uno termina teniendo razón: no se justifica parar la transferencia de los recursos nacionales para suplir el déficit de los sistemas de transporte masivo y resulta grotesco que en época preelectoral se facilite la omisión de las reglas objetivas de selección de contratistas con el Estado o que se favorezca a los actores políticos afectos al gobierno en desmedro de los opositores.
Si alguien hiciera juiciosamente la tarea podría diseñar una regla que permita lo uno e impida lo otro, pero como todo se hace ramplonamente un objetivo loable produce resultados lamentables.
A los debates jurídicos y de conveniencia institucional el gobierno y su mayoría congresional deberían sumarle un poco de pudor político. Con un ambiente de opinión tan cargado en contra de las instituciones y de todo lo que huela a política tradicional, cualquier estratega les recomendaría no hacer lo que están haciendo porque las posibles ventajas que obtienen al atreverse a romper la regla de una manera tan burda, las pierden con el desprestigio adicional que le suman al sistema.
Si la advertencia del control constitucional no los disuade debería hacerlo la evidencia de que “el palo no está para cucharas”.
