OPINIÓN

Hay que meterle política a la paz total

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Esta semana el gobierno tuvo todos los ejemplos de las dificultades que va a enfrentar su propósito de conseguir la “paz total”, los cuales deberían ser suficientes para que no repita el error que se cometió en el acuerdo con las Farc: no construir un acuerdo político sólido.

La decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de quienes serían voceros de grupos paramilitares, la arrogancia con la que el ELN le cobra al presidente el error de anunciar un cese al fuego no acordado, los combates entre grupos que participan de las conversaciones y afectan a la población, las dudas al interior de las fuerzas militares y de policía sobre las instrucciones en el marco de la paz total.

Y, claro, el afán de la oposición de maximizar los errores para cobrarle al gobierno y el de los escépticos de cobrar las advertencias que han hecho, son todos hechos que se van a repetir semana tras semana y que si son tomados como golpes al gobierno, éste llegara sin aire en las horas de las definiciones.

Petro debería recordar que el proceso de paz más exitoso que hemos hecho fue el de la desmovilización del M 19 y que en buena parte ello se debió a que estaba mediado por un muy amplio acuerdo, de facciones políticas muy diversas, lo que le aseguraba un amplísimo respaldo ciudadano que servía de colchón para soportar las vicisitudes, que no fueron pocas.

El EME había tomado la decisión de reincorporarse a la vida civil, pero fue, sin duda, el apoyo ciudadano el incentivo determinante para resistir atentados a sus líderes y el asesinato de Carlos Pizarro. Si el clima de opinión hubiese sido adverso al acuerdo y a sus integrantes, los sobrevivientes se hubieran devuelto al monte. Tenían la seguridad de que había una ciudadanía que defendía el acuerdo.

Cuando los jueces tomaron decisiones que ponían en riesgo lo acordado se activaron rápidamente los correctivos políticos y jurídicos para cumplir lo pactado. Álvaro Uribe, como senador, promovió en el Congreso el proyecto de “reindulto” que presentó el gobierno cuando un juez ordenó la detención de líderes del grupo y el gobierno dictó en dos días un indulto para el ex constituyente Marcos Chalita, respecto de quien un juez había ordenado su captura por un delito viejo.

Cuando el EME se quedó sin candidato presidencial por la muerte de Pizarro, el Gobierno dictó un decreto de estado de excepción que autorizó la inscripción de un nuevo candidato a pesar de que el plazo estaba vencido.

No había resistencia, sino, al contrario, un propósito casi unánime de aportar para que el proceso resultara exitoso y se superaran todos los obstáculos. Nada de eso se hubiese podido hacer como se hizo si no hubiera un pacto multipartidista y heterogéneo que después hizo viable el proceso constituyente que terminó con la expedición de la Constitución de 1991.

Para eso hay que hablar con los opositores, explicarles a los voceros de los empresarios, discutir con profesores de derecho, contestar las preguntas que tengan directores de medios y periodistas que cubran la fuente, reunirse con los directores de los partidos políticos y los voceros de las bancadas congresionales, pedir el apoyo de alcaldes y gobernadores, convocar al consejo de política criminal -al que asisten Fiscal, Procurador, Presidente de la Corte-, contarles a los directores de ongs internacionales, invitar a los embajadores, someterse a la impertinencia de influenciadores digitales, preguntarle a quienes han hecho intentos en el pasado. Hay que meterle política.

Con quienes tienen posiciones de poder no bastan las explicaciones que se den en entrevistas o anuncios públicos, hay que “chocholiarlos”, hay que oírlos, hay que dejarlos tranquilos, hay que ganárselos como aliados. Ah y hay que aguantarles las críticas y no asumirlas como oposición. Al que levanta la mano públicamente hay que llamarlo antes que lo hagan los medios que quieran titular: “explosivas declaraciones”.

Las reuniones no tienen que tener ninguna pretensión mediática, tienen que ser asumidas genuinamente como sesiones de consulta e información. No basta con una, hay que hacerlas permanentemente.

Ahora, en muchos de esos casos no se trata de un acto de “diplomacia” sino también de un acto de negociación respecto de las condiciones en que les resultan aceptables para convenir con quienes están al margen de la ley para conseguir su reintegración a la vida civil o su sometimiento a la justicia. Hay que aceptar que el presidente tiene unos poderes, grandes, pero limitados y que habrá que adoptar decisiones en el Congreso, en los estrados judiciales o en las urnas y que hay que trabajar para que esos escenarios sean favorables.

El presidente Santos intentó algo así cuando incluyó en el equipo negociador a dos ex comandantes, pero además símbolos del ejército y de la policía, y a un respetado empresario. Asumió que ahí quedaban cubiertos los flancos donde mayor resistencia debería haber en la desmovilización de las Farc. Le faltó el sector político. Dicen que buscó varias veces al ex presidente Uribe y que éste se negó a hablar. Sea de ello lo que fuere, el hecho cierto es que el resultado del plebiscito demostró que este era un requisito imprescindible.

El gobierno tiene que saber que en esta materia no tiene que negociar solo con los voceros de las organizaciones armadas y que toca tomar mucho café. No los veo en esas.

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