El gobierno del cambio acabó siendo más de lo mismo, pero peor. El escándalo que involucra a la exsecretaria general de la Presidencia y a su antiguo jefe, el exembajador en Venezuela –en otrora dos de los funcionarios más cercanos al primer mandatario– de seguro que traerá nuevas y más increíbles revelaciones en los próximos capítulos.
Como pus que brota de un cuerpo henchido de putrefacción nos hemos enterado de la existencia de bolsas con sumas millonarias en efectivo, chuzadas ilegales, seguimientos, interrogatorios en los sótanos de la casa de gobierno, acusaciones mutuas, amenazas, testigos amedrentados y ahora, según lo ha señalado este medio, hasta un posible dossier donde habría videos comprometedores y otros pecadillos no menores de la campaña presidencial que serían utilizados para chantajear al jefe de Estado.
No era difícil predecir que el gobierno de Gustavo Petro sería un fracaso, pero sorprende la velocidad y profundidad de la caída. Como van las cosas este gobierno amorcillado a duras penas llegará a agosto de 2026.
Lo cual no es un motivo para celebrar. Es predecible que las llamadas “reformas” –que no son más que retrocesos estatizantes– corran un altísimo riesgo de naufragar. Aunque las iniciativas, como se ha dicho hasta la saciedad, son inconvenientes e impopulares, el gobierno de manera obtusa insistirá en aprobarlas. La debacle la vivirá en la plenaria del senado donde difícilmente encontrará los votos para materializarlas, así reparta prebendas y puestos a dos manos.
Con buena parte de la agenda legislativa hundida y con un congreso hostil o por lo menos indiferente, la gobernanza se tornará muy complicada. Un gobierno débil e impopular, sin un timonel avezado que dirija el barco, corre el riesgo de encallarse en cualquier peñasco. No falta mucho para que se estrene la moción de censura en contra de los altos funcionarios del gobierno, lo que introducirá un elemento adicional de inestabilidad a la ecuación. A este panorama se le suma la molestia de las cortes –muy maltratadas por el Twitter presidencial– las cuales no tendrán ningún empacho en eviscerar aquellas leyes que logren ser aprobadas, junto con cualquier otro acto administrativo que contenga el más mínimo vicio jurídico.
Pero como los problemas no vienen solos, esto será solo el inicio del calvario. La situación de orden público está en franco deterioro. Las bandas criminales se enseñorean por los territorios sin que nadie haga nada. La paz total es una grotesca caricatura de negociación que resultará en nuevas frustraciones. Asimismo, las relativamente buenas noticias que se han verificado en el frente económico no deben nublar el hecho de que la máquina productiva está parada por falta de confianza inversionista y que el ataque irracional al sector minero-energético –de donde proviene la mayoría de la financiación del Estado– tarde o temprano pasará la factura.
Dicen los taurinos que un toro amorcillado puede ser realmente peligroso. Estocado, pero sin estar propiamente muerto, el animal busca su querencia, arremetiendo visceralmente contra cualquier cosa. Con las astas golpea lateralmente lo que encuentra y hasta puede envestir con desesperación. Un toro así fue el que mató a Manolete.
Lo lógico en el caso de un presidente en estas circunstancias es que recoja las velas y busque recomponer de alguna manera la gobernabilidad perdida. Fue lo que hizo Pastrana en el año 2000 después del fracaso de su referendo revocatorio del congreso y Duque después de las protestas de 2021. Esto requiere una cierta humildad y el reconocimiento de que mandato presidencial queda restringido por las realidades políticas.
Esto no ocurrirá con Petro. La autodestrucción de su coalición de gobierno y la purga de sus ministros más moderados lo confirma. Amorcillado como está, lo más probable es que el presidente empiece a repartir hachazos con sus astas. Esperar moderación y consensos es una ingenuidad. Su instinto lo llevará a la confrontación, a profundizar la calle, a radicalizar su discurso. Sobre todo, cuando quede claro que su agenda de contra-reformas será, en el mejor de los casos, un salpicón aguado.
No es un delirio paranoico pensar que las circunstancias lo puedan llevar a aventurar soluciones para-constitucionales. Ya lo dijimos en esta columna: el supuesto “Acuerdo Nacional” propuesto por Iván Cepeda –que es la misma Convención Nacional soñada por el ELN desde hace décadas– podría ser activado para hacer un remedo de asamblea constituyente soberana que con el pretexto de la “paz total” empiece a dictar normas imperativas. Otra alternativa, ésta promovida por el canciller Leyva, sería la de peticionar a la CIDH sobre lo divino y humano para que este cuerpo, que se abroga funciones cuasi-judiciales, empiece a presentar “recomendaciones vinculantes”, acomodadas a dichas peticiones, que le permitan al ejecutivo sobreponerse a la legislación interna.
Sin duda habrá otras ideas similares que por descabelladas ni siquiera se pueden imaginar, pero que en las actuales circunstancias distan de ser imposibles.
El peligro de acciones presidenciales de esta naturaleza es que forzarían necesariamente a una reacción institucional. Si el presidente anuncia lo que efectivamente es una asamblea constituyente de facto, por ejemplo, no quedará alternativa diferente a que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes inicie un proceso de destitución del primer mandatario. Esto, quizás, sería la intención de quien lo provoca: nada mejor que probar con hechos que el denunciado “golpe blando” –ese que supuestamente ocurre con sentencias y no con cañonazos– no es más que una maniobra de la derecha recalcitrante encaminada a destruir el gobierno de las “nadies y los nadies”.
Arriba decía que el amorcillamiento presidencial no era para lanzar voladores. La debilidad del gobierno lo hace impredecible e irracional. La mera posibilidad de una crisis constitucional de grandes dimensiones, si ocurren escenarios como los descritos con anterioridad, es aleccionador. Razón tenía Hernando Santos cuando decía que los presidentes no se debían tumbar porque se le caían a uno encima.
A estas alturas lo mejor que podría pasar es que Petro nos desgobierne por tres años más, evitando que se implemente lo más dañino de sus llamadas reformas y que, después de este experimento fallido, el país retome el camino de progreso lento pero seguro que ha transitado durante los últimos treinta años.
