OPINIÓN

La crucifixión de la ministra Abudinen

Ilustración: Los Naked.

Llegó un punto en que el desmembramiento público de la ministra Karen Abudinen empezaba a causar náuseas. No solo por la extensión de la tortura medieval a la cual la sometieron sino por su masoquista persistencia en resistir el ritual. Porque, hay que decirlo con claridad, pocas veces hemos visto algo similar. Hasta la RAE participó en el escarnio, documentando como “verbos de reciente creación” las formas “abudinar” y “abudinear” usadas, según la ilustre institución, en el habla popular de Colombia con el sentido de “robar” o “estafar”. 

La ministra se había convertido en un cadáver político que se resistía a morir. Era como los fantasmas de una película de Alejandro Amenábar titulada Los Otros, que se asustaban de los vivos porque todavía no sabían que estaban muertos y solo cuando les notificaron que su tiempo en esta tierra había pasado decidieron bajar con tranquilidad a la tumba.

Pobre señora Abudinen, quizás que no tuvo la culpa de lo que pasó con el contrato de los Centros Poblados. Las kafkianas normas de contratación pública colombianas parecen diseñadas no para que se hagan las obras o se ejecuten los servicios sino para que los abogados logren la alquimia mercantil: recibir el pago a cambio de nada. Que fue exactamente lo que ocurrió. Por arte de magia y de unas pólizas de cumplimiento falsas se hizo un desembolso de casi veinte millones de dólares que se trasmutaron en cuatro fierros inservibles. Desde los Nule –y no por casualidad o coincidencia– no se veía un acto de prestidigitación de este calibre. Chercher l'avocat.

Lo cierto es que ante la mala fe poco valen las protecciones legales, aunque algo de malicia hubiera ayudado a evitar el desfalco. No es lo mismo, digamos, una compañía de amplio reconocimiento en telecomunicaciones, como por ejemplo la ETB, que una unión temporal de empresas de garaje que modificaron su objeto social cinco días antes de la convocatoria, pasando de experticia en “fontanería y fabricación de muebles” a dominar la conectividad rural. Esto ha debido prender todas las alarmas y, con las sirenas sonando, la entidad debió abstenerse de firmar el contrato. Más aún, tampoco se entiende porque se ofreció el pago de un anticipo. Proporcionar el capital de trabajo al contratista es una de las prácticas contractuales más perniciosas que se puedan imaginar. Con la plata del míster, es decir del Estado, cualquiera puede convertirse en proponente, como en efecto acabó ocurriendo.

De todas formas, insisto, el problema de la señora Abudinen fue de soberbia y, tal vez, de descuido, pero no de complicidad. Es decir, se trató de un problema de responsabilidad política y no de un tema penal. El gabinete ministerial puede que tenga su dosis de inexpertos e incompetentes, pero ninguno luce ser un bandido.

En el congreso la ministra casi sale triunfadora gracias a la recién consolidada mayoría parlamentaria del gobierno. Esta coalición –sólida pero vulnerable a sufrir un shock diabético por exceso de glucosa– en un principio le dio la mano con generosidad a pesar de que la intervención de la señora Abudinen no fue particularmente lúcida. La amenaza de judicializar a los congresistas que la cuestionaban develó su ignorancia sobre la inviolabilidad de los votos y opiniones de estos, uno de los mas básicos principios de la actividad parlamentaria. No obstante, lo que realmente definió su suerte fue la aprobación exprés de la reforma tributaria. Los parlamentarios de la coalición estaban dispuestos a darse una pela con la ley de impuestos, pero no dos, con la absolución de responsabilidad política de la funcionaria. 

La opinión pública, por otra parte, no come cuento. La persistencia del gobierno en respaldar a la señora Abudinen desangró la popularidad presidencial. Lo dicen con toda claridad las encuestas, donde la favorabilidad del primer mandatario no supera el veinte por ciento, el registro mas bajo que se tenga memoria. Faltando un año para que concluya este gobierno son más bien pocos los logros para mostrar y uno de ellos, la esencial e indiscutida probidad del presidente, se puso en riesgo por la terquedad de conservar a una ministra que perdió la confianza ciudadana. 

Los ministros deben ser fusibles que se quemen para proteger al presidente y no lo contrario, fusibles que se protegen quemando al presidente. La renuncia a un cargo no implica la confesión de culpas o la aceptación de incompetencia. Al revés, la asunción de la responsabilidad política ratifica la dignidad de quien la presenta. Para su propio bien, para el bien de su familia, del gobierno y del país, la ministra Abudinen hace lo correcto dejando su cartera. 

 

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