La ministra comunista

Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo, es sin duda la ministra estrella del gabinete del actual gobierno. Ya había logrado un consenso para aumentar el salario mínimo, acuerdo casi inédito, porque si bien se había conseguido en anteriores oportunidades, esta vez se alcanzó alrededor de un alto porcentaje, el 16%, que, aun cuando está condicionado por la alta inflación, pega duro a las cuentas de los empresarios.

Ramírez ha estado en el activismo sindical, fue presidente de Fecode y miembro de las directivas de la Central Unitaria de Trabajadores y tuvo un paso destacado por el Congreso de Colombia. Ha estado en espacios tradicionalmente ocupados por hombres y siempre ha hecho bien la tarea que le corresponde.

La ministra ha privilegiado el deber de concertación que tantas veces se quedó escrito al momento de definir sobre los asuntos laborales. En Colombia, los sindicatos habían logrado que se creara un diseño institucional en el que es obligatorio sentar a trabajadores y empresarios, a “concertar” las políticas laborales. Esa era una conquista sindical porque se suponía que el Gobierno siempre estaba del lado de los empresarios y ahora resultó que toda la cúpula oficial está integrada por líderes sindicales, a pesar de lo cual, la ministra ha mostrado que eso, la concertación, no era retórica defensiva en contextos adversos sino convicción sobre las bondades del método.

La reforma laboral puede ser objeto de críticas. Es cierto que impone cargas que probablemente puedan absorber las grandes empresas, pero no las medianas y pequeñas. Parece estar inspirada en una concepción de las relaciones de trabajo del siglo XX. Distorsiona el concepto de subordinación laboral para meter, en forma inconveniente, el trabajo basado en TICs en contratos de trabajo anticuados. Y varias otras incluida la, no menor, de que se le pretende dar trámite de ley ordinaria a una que probablemente deba ser tramitada como ley estatutaria. Todos esos temas son subsanables y seguramente se corregirán durante su paso por el Congreso.

Las restricciones a la terminación de los contratos de trabajo que propone el proyecto son irrealizables e incluso imponen cargas a los patrones que pueden resultar inconstitucionales y la tipificación como relación laboral subordinada que hace de la que se genera entre las empresas que prestan el servicio de contacto entre un comerciante y un comprador con los repartidores es irreal.

Ni las críticas, ni los temas de debate le quitan el valor al proyecto que presentó la ministra. Tener un proyecto que los sindicatos celebran y los empresarios reciben con relativa tranquilidad es un logro de gran dimensión.

El proyecto de reforma pensional tiene también esa virtud, la de que todos creen que al final saldrá un texto que dejará tranquilos a la mayoría. Ya quisiera el presidente de Francia Enmanuel Macron haber conseguido algo parecido cuando decidió tramitar una propuesta de reforma al sistema de pensiones que tiene en riesgo a todo su gobierno.

La discusión se centrará en el umbral en el que se fijará la obligación a aportar en el sistema público. Casi todos saben que los tres salarios mínimos que se fijaron son solo una referencia para negociar si serán dos o dos y medio. El otro punto central del debate será si el régimen de transición se aplica para quienes tienen 1.000 semanas cotizadas o 750. Será una discusión de cálculos aritméticos y no una discusión ideológica y eso es llamativo viniendo el proyecto de un ministerio que está a cargo de una ministra que es militante del Partido Comunista.

Donde se esperaba que hubiera más diferencia conceptual, porque finalmente buena parte de la diferencia entre izquierda y derecha ha estado concentrada en el rol que se le reconoce a la tarea de los trabajadores en el sistema económico. Ayer Petro dijo una y otra vez, fiel a la clásica doctrina marxista, que lo que produce la riqueza es el trabajo, a pesar de lo cual su reforma laboral, aquella con la que se pretende cumplir la promesa constitucional de que haya un “estatuto del trabajo” parece moderada.

No hay propuesta de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ni pretensiones de participación de los trabajadores en los órganos de dirección de las empresas, ni ampliación de las prestaciones sociales, ni traspaso de los bienes de empresas en liquidación a sus trabajadores para su rescate. Nada. El proyecto contiene sólo dos o tres cositas absolutamente menores. La discusión un poco surrealista de definir si la noche comienza a las 6 de la tarde o a las diez de la noche, el regreso a un reconocimiento completo de un valor adicional por trabajar los domingos, culturalmente reservados para el descanso y pare de contar.

El resto del contenido del proyecto, lo saben los empresarios, se limita a convertir en ley formal reglas que ya están hoy vigentes y que son reconocidas todos los días por los jueces laborales. Que los contratos de prestación de servicios no son válidos para ocultar relaciones laborales, que los contratos a término definido se vuelven indefinidos si son permanentes, que a trabajo igual salario igual, que unas poblaciones tienen protecciones reforzadas y etc., todo eso ya existe.

Sería interesante que el debate de estos dos proyectos se haga en términos propositivos y no acudiendo a la amenaza permanente que ha perdido credibilidad en la deliberación pública. Cuando Fenalco anuncia que se cerrarán 500 mil tiendas por la reforma tributaria lo que hace es perder credibilidad. Ese gremio ya está alistando cifras sin ningún sustento de los empleos que se perderán si a los trabajadores hay que pagarles algo más por trabajar de noche o no poder descansar los domingos. Eso no es serio, ni hace justicia con la postura de la ministra, quien seguramente ha dejado a un lado viejas posturas para tratar de encontrar un punto medio.