La profilaxis

Esta semana, 37 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, responsabilizó al Estado por acción y omisión en el exterminio político de la UP. La sentencia puede verse como un umbral que nos impele a dejar atrás, ojalá para siempre, el capítulo del negacionismo del Estado y su histórico minimalismo al momento de asumir la verdad. Aún hoy se escucha a expresidentes y exministros de aquellos nefastos años decir respecto al exterminio de la UP que “eso fue Gacha” (Gonzalo Rodríguez Gacha “El mexicano”). 

Si bien en 2016 el presidente Juan Manuel Santos reconoció en nombre del Estado que hubo omisión en su deber de proteger a los militantes de la UP, la CorteIDH abre el camino a una revisión más amplia de esta responsabilidad cuando habla de que hubo una “decisión sistemática o plan” con clara orientación política. No titubea al llamar lo ocurrido como un crimen de lesa humanidad. El tribunal internacional recalca que hubo declaraciones de miembros del Estado que legitimaron, contribuyeron y fomentaron la violencia contra la UP, incluso la que cometieron terceros (paramilitares y narcotraficantes). Resonancias de aquellas viejas consignas lanzadas desde los púlpitos de que “matar comunistas no era pecado”. 

El quid del asunto es que un crimen de sistema implica el involucramiento profundo del sector político y económico, de funcionarios que actúan como cómplices, artífices y/o beneficiarios. Hasta ahora solo un político liberal ha sido condenado por participar en la masacre de Segovia, donde la UP le ganó la alcaldía. Algo más habrá que hurgar en el Magdalena Medio, el Urabá y la región del Ariari, donde según la sentencia, se cometieron el grueso de los crímenes contra la UP. 

Lo que ha quedado claro en todos estos años de litigio y memoria, y así lo reconoce la CorteIDH, es que hay una correlación directa entre los logros de la UP en la actividad electoral, con la violencia que se desató contra sus militantes a todo lo ancho de nuestra geografía y a lo largo de dos décadas. No basta la explicación de que la lógica del enemigo interno está, como ciertamente está, en la base de esta matazón por parte de las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Hay un entramado político por descifrar, por nombrar, por reconocer, y también por juzgar. Pero en este campo la justicia colombiana ha fracasado también de manera sistemática. Hasta ahora. La CorteIDH ordena que en un tiempo prudencial se establezca una verdad completa sobre estos hechos.  

El caso 06 sobre la UP de la JEP no dictará sentencia contra un Estado en abstracto. Tendrá que ponerle nombres a esta ignominia. Revelar cómo operaba el sistema y sus responsables. Abordar este exterminio implica entender qué papel jugaron cada uno de estos sectores en la producción y legitimación de la violencia. También una revisión profunda de la cultura del “algo habrá hecho”, de un régimen político que incorporó la violencia como arma electoral; de los modelos mentales e institucionales que permitieron que esto pasara sin que se estremeciera la sociedad. 

Es hora entonces de que los partidos políticos hagan una revisión de su actuación durante el conflicto armado. Hablar de lo que vieron y de lo que se negaron a ver, de lo que hicieron y de lo que toleraron. Romper el silencio. Asumir, por fin, su responsabilidad política sobre lo que hemos vivido.  Es una deuda con las víctimas de la UP y con la democracia misma.