Por: Hector Riveros.
Las autoridades afirman que hay un deterioro de la seguridad ciudadana en las principales ciudades colombianas como consecuencia de los efectos sociales de la pandemia -pobreza, desempleo e incluso problemas emocionales por el encierro- y lo que proponen es aumentar las penas e incrementar el pie de fuerza de la policía.
Insisten también en atribuir los hechos al fenómeno migratorio venezolano, otra vez, derivado de que esa población tiene problemas de desempleo y pobreza y otra vez proponen medidas para castigar el crimen y no para evitarlo. Suena extraño, por decir lo menos.
No está suficientemente documentado cómo incide una cosa o la otra en las tasas de delincuencia pero seguramente tienen un efecto. La criminalidad es un fenómeno multicausal en el que situaciones sociales como las mencionadas explican una parte de los delitos, aunque múltiples estudios han evidenciado que la relación es menor de lo que se suele creer.
Pero asumamos, en gracia de discusión, que hay centenares o algunos miles de personas en situación de pobreza que no encuentran otra manera de enfrentarla que saliendo a robar y que eso ocurre con mayor prevalencia entre la población migrante venezolana. ¿A quién se le ocurre que los problemas de pobreza se enfrentan con el código penal?
El Gobierno Nacional disfraza al Presidente de policía y anuncia, como no, un proyecto de ley para endurecer las penas e insistir en castigar severamente la reincidencia.
Los gobiernos locales, responsables en buena medida de las políticas de prevención de esa pequeña criminalidad, también reclaman instrumentos para castigar. Curioso. O el diagnóstico está equivocado o el remedio no es el recomendado, pero algo no cuadra.
En Colombia se había construido una amplia literatura relacionada con políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana, admirada en toda América Latina, que recomendaba adoptar un amplio catálogo de herramientas que iban desde la cultura ciudadana hasta el fortalecimiento de la política criminal y carcelaria, pasando por intervención en poblaciones en situación de riesgo, mejora de los entornos urbanos, promoción de mecanismos de solución pacífica de conflictos, restricción de conductas asociadas a factores de riesgo como armas y alcohol y un largo etc. Todo eso se abandonó como política sistemática. Se sigue gastando plata y haciendo cosas, por inercia, pero sin ninguna sistematicidad, ni correlación con los otros programas.
El mayor avance de las políticas de seguridad ciudadana en Colombia consistía en ser serios, es decir, en tener datos, estudiar el fenómeno y diseñar políticas para enfrentarlo pero sobre todo para tratar de evitarlo. La mejor política de seguridad es la preventiva. Cuando ya alguien mató a otra persona es porque ya algo falló.
Los observatorios de violencia y delincuencia, que se desarrollaron desde hace más de treinta años en la Universidad del Valle con el estímulo del ex alcalde de Cali Rodrigo Guerrero, proveen todo tipo de información que les permitiría a las autoridades ser serias al momento de enfrentar la criminalidad.
La Fiscalía en algún momento intentó cumplir su tarea investigativa analizando pautas, identificando estructuras. El robo de un celular no era el robo de un celular sino una conducta enmarcada dentro de un entramado criminal de una organización delictiva dedicada al robo de celulares y su exportación.
Todo eso parece haberse perdido en medio de la confusión y del afán de responder a las denuncias diarias del atraco aquí, el fleteo allá, el homicidio acá, todos documentados en videos que se exhiben y comentan en los medios desde tempranas horas.
La apertura de la campaña presidencial provee un buen escenario para discutir estos temas. No será de la manera seria en que se debería hacer el debate pero habrá opción de ver si a alguno de las decenas de candidatos se le ocurre algo distinto al aumento de penas o al fracasado “el que la hace la paga”.
El actual gobierno puso todas sus apuestas en este tema y en otros varios en el código penal. La cadena perpetua que se acabó de caer en la Corte, a pesar de lo probadamente ineficaz, fue propuesta de campaña del Presidente y probablemente lo sea de muchos en ésta, lo cual prueba la pobreza del debate.
Si la información prueba, como lo sostienen las autoridades, que estamos frente a un fenómeno con causas sociales, más una violencia incidental que instrumental, pues parece obvio que el remedio no está en la justicia penal, sino en las políticas de intervención social enfocadas en jóvenes. ¿Cuántos ni nis nuevos se graduarán el próximo diciembre cuando termine el presente año escolar?¿Qué gobernante está proponiendo hacer un seguimiento para mantener a esas decenas de miles de jóvenes en el sistema escolar o insertarlos al trabajo o en procesos de transición de educación media a superior con refuerzos o formación para el trabajo?
Por las movilizaciones juveniles de los últimos cinco años, hay una oferta desordenada de programas dirigidos a jóvenes que no terminarán impactando ni las tasas de desempleo de esa población, ni evitando que un porcentaje seguramente pequeño, pero porcentaje, termine vinculado con actividades criminales.
Además de que la campaña electoral permita un debate sobre estos temas puede ser también que la evidente competencia que hay entre el gobierno nacional y los gobiernos locales por reaccionar frente a las noticias del “ojo de la noche” deje algún pequeño espacio para la seriedad.
