Petro ha convocado manifestaciones públicas para apoyar sus reformas y programa de gobierno. Algunos han visto en esta convocatoria un gesto autoritario cercano a la ‘democracia plebiscitaria’, cuyo objetivo es ejercer una indebida presión al legislativo y contaminar la deliberación democrática con el ‘ruido’ de la calle.
Las marchas de Petro

Pienso que tales impresiones son equivocadas. Es válido criticar la convocatoria del presidente, pero no tacharlo de autoritario por ello. Las marchas a favor de Petro aparecen como autoritarias únicamente bajo una concepción reducida y simplista de la democracia que ignora las tensiones internas del concepto y la conflictividad social que le es inherente.
Quienes acusan a Petro de autoritario por buscar apoyo en la calle y en los movimientos sociales tienen algunos argumentos. Quiero señalar y responder a tres.
El primero de ellos es que los gobernantes y regímenes autoritarios suelen legitimarse con tales manifestaciones de apoyo en las plazas. El argumento no es del todo convincente. Lo que hace autoritario a un régimen o gobernante es querer reemplazar los mecanismos democráticos de la toma de decisiones por el apoyo en la calle y la celebración carismática de los caudillos. Pero con las manifestaciones, por más celebración carismática que contengan, Petro no busca cerrar el congreso y aprobar las reformas por decreto o plebiscito.
Podría pensarse –y este es el segundo argumento de quienes acusan de autoritario a Petro– que el golpe de opinión que busca el presidente con las manifestaciones constituye una presión ilegítima al congreso. Sería ilegítima en la medida en que busca influenciar el debate parlamentario con medios extraparlamentarios. El argumento se cae por su propio peso: el lobby y las posiciones editoriales de los grandes medios de comunicación que muchas veces se alinean con los intereses de sus dueños son también formas de influenciar el debate parlamentario y no se ven con el mismo desdén y sospecha que las manifestaciones públicas.
La idea de presionar al congreso con golpes de opinión puede sonarnos muy desagradable, pero es parte constitutiva de la política real en las democracias vigentes. Y dado que no podemos acabar con el lobby ni con la presión mediática –el remedio puede ser peor que la enfermedad–, condenar la presión al congreso únicamente cuando proviene de la izquierda y de los movimientos sociales es solo indignación selectiva.
Un tercer argumento, este quizá más interesante, es que una marcha en apoyo al gobierno desnaturaliza la función de la manifestación callejera en las democracias: ser la voz de la oposición. Es verdad que una de las características esenciales de la democracia es que permite la existencia de la oposición y que el derecho no solo a manifestarse sino a interrumpir el desarrollo de la vida cotidiana es esencial en este sentido. La democracia es conflicto antes que consenso. Una marcha pro-gobierno podría significar que el ejecutivo quiere identificarse con el pueblo y eso sería peligroso.
Lo cierto es que toda ideología política –y todo gobierno– quiere identificarse con el pueblo. Ese es, de hecho, el sentido de la democracia: la idea del gobierno ‘del’ pueblo aspira a identificar a ambas instancias. También es cierto que esa identificación puede ser peligrosa porque, de darse de forma plena y completa, el opositor al gobierno se convierte en un enemigo del pueblo. Esta es una tensión interna de la democracia y la razón por la que su propia disolución habita en su corazón. Frente al problema no hay ninguna solución totalmente satisfactoria y lo único que nos queda es afirmar el carácter temporal de todo gobierno.
En consecuencia, un gobierno o una ideología política puede aspirar legítimamente a identificarse con el pueblo, siempre y cuando lo que haga para afirmar esa identificación no contradiga el carácter temporal del gobierno. No me parece tan claro que la convocatoria del gobierno transgreda esta restricción temporal: la idea de un gobierno indefinido de Petro no suena por ningún lado.
Igualmente, la sensación de que una marcha pro-gobierno desnaturaliza el rol opositor y conflictivo de la manifestación pública proviene de una concepción estrictamente formal del poder en la sociedad. El poder del ejecutivo y la jefatura del Estado no son, por supuesto, despreciables, pero existen poderes reales y fácticos en la sociedad –como el del dinero, definido por Marx como poder social en los bolsillos– que tienen más influencia y capacidad de presión en la vida de los individuos que el mismo Estado. Por lo general, los gobiernos de izquierda pretenden limitar esos poderes reales y fácticos, por lo que las manifestaciones públicas, así sean pro-gobierno, no son totalmente en favor del poder, al menos no de esos poderes reales que debemos meter en la ecuación cuando hablamos de la democracia en una sociedad.
Por supuesto, hay aspectos problemáticos en la convocatoria de Petro. La marcha se muestra como una discusión de las reformas, pero solo cabe esperar una tarima con discursos del presidente y líderes de sindicatos y movimientos sociales que lo apoyan. Tampoco es claro el contenido de todas las reformas, por lo que uno no sabría bien qué es lo que se va a discutir. El llamado a la discusión es retórico y solo sabremos después de que pase el año si fue exitoso y si logró el efecto político esperado, o si, por el contrario, todo fue un tiro por la culata: posibilidad que no puede descartarse. Pero nada de eso convierte a la convocatoria en un ejercicio autoritario o contra la democracia.