Lecciones de derecho constitucional y de dignidad para principiantes

El absurdo silogismo usado por el Presidente Gustavo Petro, que lo llevó a concluir que era el jefe del Fiscal General de la Nación y la desmesurada reacción de éste refuerzan la importancia de profundizar el estudio de derecho constitucional entre los economistas, más entre los que quieran ser Presidentes y de hacer examen sobre la dignidad de los aspirantes a altos cargos en el Estado.

Lo de Petro, corregido y matizado afortunadamente, aunque no rectificado del todo, devela un desconocimiento básico de los valores del sistema democrático, especialmente grave por la dignidad que ostenta, que es precisamente la que invoca. La manera como lo dijo parecía la respuesta de un joven que no hubiese recibido una sola lección de organización del estado: “si soy jefe de estado, el fiscal es un funcionario del estado, yo soy su jefe”. ¡Plop!

Después trató de improvisar una explicación y fue peor, dijo que el Fiscal era independiente, pero que como él era suprema autoridad administrativa era su jefe administrativo y últimamente, en el comunicado recientemente publicado, finalmente abandona la pretensión de jefatura y ahora, sin decirlo, quizás sin saberlo, invoca funciones, que son propias de jefe del gobierno y no de jefe de estado, para invocar, ahora sí, el derecho que tiene de pedir y la consecuente obligación del fiscal de proveer información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesario para la preservación del orden público.

La Corte Suprema de Justicia publicó un comunicado impecable reclamando al Presidente no incurrir en afirmaciones o pretensiones semejantes como la de asumir que es jefe del Fiscal, llamado que por fortuna Petro aceptó respetuosamente.

La declaración del Presidente desató una reacción del Fiscal que demuestra, una vez más, que no era digno, en una cualquiera de las seis acepciones de la RAE, para tener ese cargo. La segunda acepción la define como “correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo”. El uso, casi interminable, de adjetivos descalificativos en contra -ahora sí- del Jefe de Estado, que “simboliza la unidad nacional” (art. 188 CP) y las casi caricaturescas consecuencias que le atribuía a la declaración, no corresponden a la condición que, sin mérito, ostenta.

Usar a la familia, como lo ha hecho recurrentemente, para evadir respuestas o intentar acallar críticas de su gestión y declarar que tendrá que “sacarla del país” porque está en riesgo su seguridad es una afirmación, que -esa sí- produce un daño real en la legitimidad de las instituciones, respecto de las cuales será imposible reclamar a la ciudadanía algo de confianza, si el propio Fiscal General de la Nación siente que sobre él y su familia existen amenazas imposibles de resistir.

Ha insistido en que él y una delegación de funcionarios de la Fiscalía viajarán a Washington a solicitar medidas cautelares al Sistema interamericano de derechos humanos y ha proclamado a los cuatro vientos que en Colombia hay una dictadura, todo lo cual es de una desmesura que solo se explica por problemas graves de personalidad o por ambiciones políticas absolutamente desproporcionadas.

El Fiscal, como lo han hecho otros fiscales, durante el ejercicio de su cargo ha abusado de su poder, ha invadido la órbita de los otros poderes públicos, que ahora reclama a gritos que se respete, a todo lo cual parece que nos hemos acostumbrado e incluso resignado por un diseño institucional peligroso que concentra en una persona muchos poderes con casi nulos controles.

En las últimas horas, la Fiscalía, finalmente, ha expedido un comunicado en el que se refiere a la información que ha reclamado el Presidente Petro y lo que dice es que no hay información, que los avances en la investigación son nulos y que el caso es viejo.

El Presidente debe solicitar formalmente la información, no hacerlo por twitter, ni sindicando a funcionarios de haber incurrido en omisiones sin tener el soporte para decirlo. Debe convocar un consejo de seguridad o cualquier otra instancia institucional, de las varias existentes, para evaluar la información que provea la Fiscalía, ofrecer el apoyo institucional que se requiera para que el caso se resuelva pronto y sobre todo para que haya respuestas sobre la vida y la integridad de las personas que podrían estar amenazadas o haber sido objeto de ataques por parte de organizaciones criminales y, claro, que se sepa si había funcionarios públicos eventualmente involucrados en esos delitos. Mientras tanto quizás la prensa pueda investigar si en realidad había o no una lista de 200 personas que habrían sido asesinadas y que las autoridades hubiesen sido coparticipes de esos crímenes.

Eso sí, habrá que tener en cuenta que el recurso del Presidente de pedir información es un recurso excepcional, tanto que tiene expresa autorización constitucional, está pensado para casos graves y no para abrir una puerta de intromisión del ejecutivo en las investigaciones judiciales.

En el entre tanto, el Fiscal Barbosa podría, como lo recomienda insistentemente, por lo que uno asume que sabe que quiere decir el significado de esas palabras, serenarse y usar la cordura, lo de la dignidad y el mérito para ocupar semejante cargo sí ya parece ser una asignatura perdida, en realidad debería haber estado aprobada al momento de elegirlo.