OPINIÓN

Nariño

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Las elecciones del domingo pasado se definieron en el Pacífico colombiano. Nariño aportó a Gustavo Petro 592 mil votos, más del 80% del total registrado el departamento. En este artículo quiero poner de presente la situación de ese litoral Pacífico que está pidiendo a gritos que le pongamos atención. El texto que sigue es el capítulo “No vengan, no necesitamos nada”, de mi libro Un año de soledad, publicado por Editorial Planeta. Es uno de tres capítulos que dediqué al departamento de Nariño.

Dígase lo que se diga sobre lo que está pasando en Colombia, y sobre lo dura que ha sido la vida en muchas regiones durante la pandemia, Nariño y Cauca —y en particular, el litoral del Pacífico de esos dos departamentos— son los sitios más difíciles, con experiencias solo comparables con las del Catatumbo y Arauca. 

De las visitas a Nariño he decidido recoger, primero, una conversación con un oficial de las Fuerzas Armadas, bien enterado de la situación en el terreno. Luego, contaré una charla con victimas del conflicto armado en Tumaco; una visita a los chaceros de Ipiales, una reunión con un empresario hotelero, y otra, con un agricultor de Túquerres. Estas conversaciones nos dejarán, espero, un sabor sobre lo que está sucediendo, de malo y de bueno, en ese departamento entrañable que es Nariño. 

Primero, por supuesto, el centro de gravedad del litoral nariñense son los cultivos ilícitos, y eso tiene mucho que ver con los precursores de la coca, los cristalizadores, el transporte, la logística en los puertos y, además, con lo que pasa en el Oleoducto Transandino (OTA), de propiedad de Ecopetrol, y que atraviesa la cordillera de los Andes, desde Orito, en Putumayo, hasta Tumaco. Irónicamente, el OTA se ha convertido en fuente de precursores para el procesamiento de hoja de coca. 

En términos de municipios involucrados, de una u otra manera, en los temas de narcotráfico, minería ilegal, transporte de precursores, cristalizaderos, rutas de armas y droga, hay 27 en Nariño, Cauca y Valle; en Chocó, cuatro; en Caquetá́ y Putumayo, siete, y en Urabá́, el sur de Córdoba y el norte de Antioquia, cinco. 

No hay un solo conflicto en Colombia, sino muchos conflictos adyacentes. Conforman una “herradura”, que empieza en Caquetá́ y Putumayo, se extiende hacia el occidente hasta la costa de Nariño, sube por todo el litoral de Cauca, Valle y Chocó, entra por Antioquia y por el sur de la costa del Caribe hasta el Cesar y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y baja por el extremo oriental de Boyacá́, hasta Arauca. 

No es un conflicto, sino que son seis o siete. Esa es la forma como las Fuerzas Armadas entienden el problema en Colombia. Con ramificaciones y una capilaridad que se extiende por esos departamentos. En el centro de dicha herradura está una zona que, creemos, se pacificó en algún momento o que recientemente se ha mantenido lejana del fuego y la sangre, compuesta por el Eje Cafetero, Cali, Medellín, Bogotá́, Bucaramanga, Boyacá́ y Meta; y externa a ella, partes tranquilas, relativamente, de la costa del Caribe. 

En esa zona central se produce el mayor “valor agregado” y la producción legal del país. Pero, como es evidente, está por completo rodeada de una ilegalidad tremendamente próspera y eficaz en ejercer poder. Al día de hoy, tan solo en drogas ilegales, puede estar produciendo entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en exportaciones anuales. Esto no está muy lejos de las exportaciones de petróleo. Si se suman a eso los negocios de minería ilegal —que, según analistas serios, pueden ser tan cuantiosos como la cocaína—, y se adicionan la extorsión, el blanqueo de dinero, las vacunas, las armas, el contrabando y otro tipo de actividades criminales, es fácil concluir que la economía ilegal es la industria más grande de Colombia. 

Es difícil entender en ese contexto qué quiere decir que la economía colombiana “va bien”, como se afirma en los análisis gubernamentales, gremiales y de economistas especializados. Una parte importante de esa economía que “va bien” es ilegal y conspira y convive con la legal. Ese no puede ser un síntoma tranquilizador para nadie en Colombia. 

Miremos quiénes son los grupos ilegales que operan en Nariño, y en buena parte de la herradura descrita líneas antes. Enumeraré los que cubrí́ en la conversación con este militar. Está el ELN de Elver Santos y Jaime Toño Obando; también, la Segunda Marquetalia, de los alias Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa —si algunos de estos cabecillas han sido dados de baja, aclaro que esto sale de una conversación de principios de 2021—. Están también otros grupos, como las Disidencias de las Farc de alias Gentil Duarte, que tienen nexos con Venezuela, y también, el Bloque Alfonso Cano (Boac); el Frente Oliver Sinisterra, que fue anteriormente Los Guachos, y a los que, supuestamente, “se les había acabado la guachafita”, pero siguen actuando como antes; el Comando Coordinador de Occidente (CCO), y el Frente 48. De los maleantes que vienen de otros países, se debe mencionar el Clan del Golfo, de México; pero no solo hay presencia de mexicanos: recientemente han llegado brasileños por Ecuador, y que están en Nariño. 

Si se los enumera, se pueden contar diez grupos armados ilegales. Téngase en cuenta que la lista no es exhaustiva. Todos ellos están actuando en Nariño y en Cauca, y siguen extendiendo sus actividades; lógicamente, muchos de ellos tienen relación estrecha con lo que está pasando en la frontera con Venezuela. 

Los negocios en los que están involucrados son: narcotráfico, minería ilegal y extorsión, además de recursos que llegan a los municipios como transferencias para fines sociales. Los municipios más afectados son Tumaco, Barbacoas y Llorente, en Nariño, donde hay fuerte plantación de hoja coca, laboratorios y cristalizaderos. En Tumaco y Barbacoas están las disidencias de alias Gentil Duarte, con una fuerza muy grande, y en Llorente, Nariño, alias 41 o Contador, que coordina desde la cárcel las disidencias del ELN. 

Los cristalizaderos, nos dice este oficial, son muy baratos de producir y se mueven con bastante frecuencia, lo cual presenta un desafío para las autoridades. El embarque, el transporte y el desembarque a mar abierto ocupan una parte de la economía de Tumaco, y se extienden hacia el norte a lo largo de todo el litoral. Hasta 20 toneladas de cocaína al año se transportan en lanchas rápidas que necesitan lancheros, ayudantes, mantenimiento, repuestos y una organización sofisticada de puertos. Esas actividades se han extendido a Ecuador. Se debe recordar que en Barbacoas hay extracción de oro y coltán por medio de dragas. 

Al respecto, se escucha la broma macabra de un campesino ecuatoriano que está cultivando coca en Nariño. Le preguntan: “¿Por qué no la cultiva en Ecuador?”. Y responde: “Porque allá es ilegal”. En efecto, el cultivo de la coca no es ilegal en Colombia. 

¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas? ¿Cómo enfrentan estos problemas? ¿Puede el Estado actualmente contrarrestar la situación? La respuesta inmediata es que es un territorio muy extenso. La presencia unificada del Estado es muy débil. La salud y la educación son muy deficientes; las vías son muy malas, y no se las mejora; no hay acueductos, no hay alcantarillado; la presencia estatal es precaria. 

Sobre el tema de la aspersión, menciona este oficial que cada vez que se hacía bloqueaban a Nariño y al OTA. Los bloqueos se extendían a Cauca, a la carretera entre Popayán y Cali. En la actualidad, esa capacidad de bloqueo va más lejos, pues llega a Cali y a la salida del puerto de Buenaventura, como se vio durante las manifestaciones y las protestas de marzo a mayo de 2021. 

Los efectivos de las Fuerzas Armadas no alcanzan para las dos actividades simultáneas de cuidar la población civil y bus- car y destruir los cristalizaderos. En la cabecera de los municipios hay cinco o seis policías por cada estación: un número insuficiente. 

El narcotráfico tiene laboratorios prácticamente por to- dos lados. Para enfrentar los diez grupos armados mencionados sería necesario un batallón por cada municipio. Así pues, la capacidad del Estado para contrarrestarlos es insuficiente, y la estrategia, deficiente. Todo ello se ha sabido desde hace 20 o 30 años, y lo han expresado repetidamente los militares. 

La tropa tiene que poder moverse de un lado para otro, en función de las necesidades de la población. Muchas veces, lo que dice la población, o lo que le hacen decir, es: “No vengan, que no necesitamos nada”. Cada vez que llega la tropa se despliega una actividad civil para complicar muchísimo su accionar. La actividad de los pobladores en estas regiones dominadas por el crimen es ayudar a hacer un chantaje para neutralizar a las Fuerzas Armadas. 

Hay grupos de abogados dedicados a neutralizar la actividad de la tropa y, es duro decirlo, una cultura del narcotráfico dentro de la población que vive de esta actividad. Para evitar que más gente se meta en dichos grupos y crear una economía alternativa, “tendría que entrar el Estado con todo y, obviamente parar esta lucha ahora de la tropa, que es como la pelea del gato y el ratón, buscando estas actividades ilegales de un lado para otro”, dice el oficial. 

Estas actividades ilegales tienen control social del territorio, manejo de la política local y provisión de bienes a la sociedad. En estas zonas no hubo bloqueos durante los disturbios de abril a junio de 2021. No se permiten celulares con cámaras. Hay control de lo que sale y lo que entra. Hubo un caso en el que las comunidades rodearon a 36 soldados, los denunciaron por violaciones de derechos humanos, inexistentes, según el oficial, y obligaron a sacarlos helitransportados, para evitar que llegaran camiones del Ejército Nacional. 

Hay un plan de campaña que se llama Plan Bicentenario, con las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules y Pegaso, para ejecutar una política de consolidación de la Presidencia. Es, al parecer, de bajo calibre frente al problema que se enfrenta. 
Las ramificaciones de esos diez grupos ilegales hacia otros departamentos abarcan a Caquetá: los municipios de Florencia, Paujil, Doncello, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, y el complejo de Larandia. Putumayo es considerado una retaguardia estratégica de las Farc razón por la cual es, aparentemente, más pacífico. 

Acabamos de describir la situación de un país con regiones inmensas, que abarcan una tercera parte de su territorio, parcialmente tomadas por las fuerzas del mal. 

El Estado podría recuperar el control del territorio en el litoral del Pacífico solo si esa fuera la prioridad inicial y crítica. Nada menos que eso puede llegar a tener éxito. Tendría que haber una “campaña libertadora” de Nariño y Cauca. Por supuesto, nada siquiera cercano se oye por ningún lado, menos aún en las campañas a la Presidencia. Lo que pasa allá no se menciona, no llega a los medios de comunicación con la periodicidad, la alarma ni la atención con las que debería aparecer. Se menciona el asesinato de líderes sociales, pero no la situación general abyecta, inadmisible, a la que están sometidas allí las familias. Ambas cosas son inaceptables. 

Según las cifras más confiables, hay 140.000 familias colombianas dedicadas al cultivo de coca. Adicionemos a ello las que están dedicadas a las otras actividades relacionadas. Si no es prioridad en Colombia liberar a 140.000 familias del yugo de los maleantes, y la obligación a vivir de la coca por falta de alternativas, y así tener control sobre el territorio donde viven, ¿cuál es, entonces, la prioridad? Al parecer, se ha llegado a un equilibrio cruel, en el que se dejan funcionar las actividades ilegales, y solo cuando la violencia se vuelve insoportable, como es el caso de Bogotá, la sociedad colombiana dice: “Hay que hacer algo”. 

 

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