OPINIÓN

Se abre la discusión

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La publicación del Informe de la Comisión de la Verdad será una prueba ácida a los vientos de acuerdo que corren por estos días promovidos por el Presidente Gustavo Petro. En un solo día se develarán múltiples y agrios desacuerdos de la interpretación de las causas y dinámicas del conflicto armado y sobre las decisiones que se deberían tomar para garantizar que hechos de esa naturaleza no se repitan.

El informe quizás no revele nada nuevo sobre quienes participaron en el conflicto, la crueldad de sus actos y las razones por las que surgió, creció, se degradó y aquellas por las que se resiste a morir, pero seguramente será fuertemente cuestionado por un sector de la población con lo que se verá frustrado el cumplimiento de su primer mandato que era justamente la promoción de un entendimiento compartido en la sociedad sobre esa época histórica compleja.

Dará explicaciones sobre porqué centenares de miles de personas se sumaron a las filas de una guerrilla que nunca tuvo verdadera vocación de poder y entre ellas mencionara las de origen social asociadas a la pobreza y la marginalidad, lo que desatará la primera discordia, que algunos simplificarán diciendo: “ahora, son los pobrecitos víctimas”. Quizás haya alguna alusión a la convicción heroica de algunos combatientes y ahí ya la discusión de termina.

Para algunos la existencia de la guerrilla solo se explica por la decisión libre de un grupo de criminales interesados en amasar enormes fortunas con negocios ilícitos y su crecimiento solo se entiende a partir de esos recursos y el uso de la fuerza que reclutó forzadamente a decenas de miles de personas.

La comisión de delitos y sistemáticas violaciones en el marco del conflicto por parte de agentes del Estado será, claro, el asunto que mayor controversia suscite. Hay sectores que se niegan a aceptar y no lo harán porque ahora lo diga la Comisión de la Verdad que miembros de la Fuerza Pública, en algunos casos por instrucciones impartidas desde las más altas jerarquías cometieron crímenes inenarrables como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, de muchos de los cuales hay desde hace años casos profusamente documentados en las instancias judiciales,  muchos de los responsables han pagado condenas penales y el Estado ha pagado millonarias indemnizaciones, pero institucionalmente no ha habido reconocimiento.

Esto último será un tema de enorme controversia, en función de la posición que adopte el nuevo gobierno que quizás quiera que se haga ese reconocimiento que ha faltado, con lo que algunos considerarán que se llevará a un grado de humillación de la Fuerza Pública inaceptable. Será la primera y difícil tensión entre militares y policías y el presidente electo.

Las reformas a la doctrina militar y al diseño de la fuerza pública será un tema para que Petro lleve a la mesa de conversación con el ex presidente Álvaro Uribe si el pretendido acuerdo nacional se quiere que tenga contenido y no un asunto de cortesía.

Seguramente, el informe de la Comisión de la Verdad atribuirá a la doctrina del “enemigo interno” que ha predominado en la formación y la acción de la Fuerza Pública en Colombia muchos de los abusos cometidos por sus miembros en el contexto del conflicto, e incluso en actuaciones desarrolladas por fuera de él como en la manera de enfrentar conductas violentas cometidas en el marco de la protesta. Varias de las decenas de muertes atribuidas a la Policía en los últimos años en enfrentamientos callejeros se pueden explicar desde ahí.

Cambio de doctrina militar, rediseño institucional de la Policía incluida la decisión de crear un ministerio de seguridad ciudadana al que se adscriba y deje de estar en el sector Defensa, eliminación del ESMAD y creación de una fuerza especial serán solo algunos de los ingredientes de un debate sobre el cual seguramente no habrá acuerdo.

La simplificación llevará a cuestionar si los militares y policías que actuaron durante estas décadas en operaciones en el marco del conflicto son héroes o villanos.
Quizás el capítulo menos documentado del conflicto colombiano ha sido la participación de terceros no combatientes, especialmente con el propósito de alentar la organización y financiación de organizaciones armadas ilegales. Ese capítulo del informe de la Comisión de la Verdad también levantará ampolla.

Que hubo miles de propietarios de tierras rurales en zonas de conflicto que promovieron y financiaron grupos paramilitares no hay duda y que empresas formales también lo hicieron e incluso usaron a esas organizaciones criminales para cometer delitos en contra, por ejemplo, de líderes sociales y dirigentes sindicales tampoco, sin embargo, sobre esos asuntos la justicia ha avanzado poco y las revelaciones que haga la Comisión abrirán la necesidad de que esos hechos se esclarezcan y que eventualmente deban abordarse por la Jurisdicción Especial de Paz a la cual solo llegan quienes voluntariamente quieran hacerlo.

La relación entre la política y las organizaciones criminales también generará controversia. La financiación por parte de grupos del narcotráfico con grupos paramilitares a centenares de miembros de corporaciones públicas y la toma completa de administraciones locales por parte tanto de la guerrilla como de los paramilitares también generará controversia y habrá interés de mostrar un empate entre la farcpolítica y la parapolítica.

El martes, cuando se haga público el informe de la Comisión se acabará el ambiente de acuerdo que se creó la semana que termina por la invitación hecha por el Presidente electo a sus opositores a sumarse a un acuerdo nacional, hasta ahora no había temas concretos sobre los cuales conversar sino enunciados generales, pues el informe le pondrá carne a las conversaciones.

Se abre, ahora sí el debate en serio y sobre asuntos concretos.

 

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