Y empezó la tormenta, con los rayos y centellas cayendo desde los bucólicos paisajes del altiplano cundiboyacense.
Durante los últimos dos meses, después de la aprobación de la reforma tributaria, las cosas parecían estar regresando a su cauce. El gobierno había moderado su retórica, el dólar se había estabilizado y la gente, inmersa en el optimismo del nuevo año, tenía la esperanza de alguna semblanza de estabilidad.
Pero todo resultó ser un falso positivo. Una flor que no hizo primavera. Una luz que no señalaba el final del túnel sino la locomotora que se nos venía encima.
El desengaño empezó en Davos, de todos los lugares posibles. La meca del capitalismo global. Petro asistió con buena parte de su gabinete no para congraciarse con la plutocracia globalista sino para desairarla. Responsabilizó a la economía de mercado del asesinato de la humanidad, lo cual, como era de esperarse, no cayó muy bien entre los anfitriones. Luego incumplió varias citas con presidentes de multinacionales. Y, para cerrar, dejó que su ministra de minas le anunciara al mundo que, así como decía una cosa, decía la otra, y que, después de pensarlo mucho, no habría nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en el país.
La razón, lo supimos después, es que los filósofos del ministerio de minas concluyeron, en un estudio que nadie se atrevió a firmar, que Colombia cuenta con reservas que nos van a durar hasta que se acabe el universo y más allá. Por eso, en esta prosperidad, lo que procedía era pedirle la renuncia al presidente de Ecopetrol, un extraordinario funcionario que ha convertido a la empresa en la gallina de los huevos de oro del Estado.
Vámonos de la fiesta que la estamos pasando muy bueno siempre ha sido un modus operandi colombiano, pero ahora, que está en riesgo la estabilidad fiscal del país, no parece muy conveniente cambiar barriles de petróleo por celdas fotovoltaicas o energía térmica extraída de los volcanes.
Si ya de por sí los anuncios energéticos habían crispado a los inversionistas, lo que vendría después los pondría con un pie en la puerta. Y no solo a ellos, sino a la mitad de los miembros de la coalición de gobierno.
El siguiente capítulo se inicia con el anuncio de una marcha de protesta el próximo 14 de febrero, algo absolutamente normal en una democracia. La respuesta del gobierno, sin embargo, resultó bastante inusual. En vez de dejar que los opositores marcharan tranquilamente, como lo habían hecho el año pasado, el presidente decidió convocar una contramarcha para el mismo día. Todo en el mejor estilo chavista: tu sacas tu gente a la calle y yo saco la mía.
El pretexto era el apoyo a las reformas –por ahora anunciadas pero desconocidas– que el gobierno pretende tramitar en el congreso. Lo paradójico en este caso es que el gobierno tiene una coalición mayoritaria en el parlamento. La oposición, en cambio, es notablemente minoritaria y no tiene la capacidad para aprobar o improbar ninguna ley. Es decir, el gobierno llama al pueblo a la calle para presionarse a sí mismo.
Esta incongruencia no la pasó por alto el agudo presidente del Congreso, Roy Barreras, quien no lucía muy contento en las entrevistas radiales que le hicieron para conocer su opinión sobre la automarcha. A nadie le gusta que le echen la gente encima y menos cuando lo hacen aliados a los cuales se ha defendido a capa y espada.
Ya veremos cuánto aguantan los parlamentarios lo que parece ser una disciplina para perros. Inclusive para cuerpos acostumbrados a recibir niveles exorbitantes de mermelada, no ve uno cómo vayan a aceptar el desmonte de exitosos programas sociales, como el sistema de salud, o de pilares estructurales de la economía, como el régimen privado de pensiones, sin musitar palabra.
La fractura de la coalición de gobierno y, probablemente, del gabinete presidencial parece inevitable.
Petro lo intuye. Su llamado a la calle tiene como objetivo sustituir una fuente de apoyo político como el congreso –inestable y exigente– por otra más dócil e incondicional. Igual seguirá con una fuerza parlamentaria respetable y, tal vez, aún mayoritaria.
No obstante, el viraje hacía la calle implica transitar por un camino nunca recorrido por un mandatario colombiano elegido popularmente. El marco constitucional de 1991, cargado de pesos y contra pesos, entes de control, acciones judiciales de toda clase, cortes autónomas, entes territoriales descentralizados y obligaciones convencionales internacionales es, por decir lo menos, hostil a este tipo de iniciativas. El estado colombiano no es un estado de opinión es un estado de derecho.
La apuesta, por lo tanto, es monumental y garantiza inestabilidad e incertidumbre en todos los frentes.
Petro no tiene un mandato para hacer la revolución, ni nada por estilo. Ganó por la mínima diferencia, 0.44% para ser exactos. O sea, la mitad del país no votó por él y eso no ha cambiado. Intentar “meterle pueblo” a las reformas para pasarse por la faja al congreso será un ejercicio de tramoyismo político, algo así como crear un pueblo Potemkin pero con casas de verdad y gente de cartón. Los llamados diálogos regionales “vinculantes”, convocados para elaborar el Plan de Desarrollo, por ejemplo, resultaron menos asistidos que una asamblea de copropietarios.
La carrera por comprar apoyos populares con el derroche de recursos públicos –ejemplos de lo cual vemos todos los días, el último de ellos el anunció de la suspensión de las comisiones regulatorias de servicios públicos– es difícil que la gane el gobierno. Para empezar, el espacio fiscal es muy limitado. Colombia no es Venezuela, ni Ecuador ni Argentina circa 2005. Y la estirpe de nuestras instituciones políticas no es calvinista, como argüía López Michelsen, sino anarquista. Las instituciones colombianas puede que no sean muy sólidas, pero si son muy tercas.
El resultado de este esfuerzo populachero no será la reivindicación de las nadies y los nadies. Será un desbarajuste económico, social y político mayúsculo. Al final, cuando Petro se vaya –y se irá– nos dejará un país más pobre, frustrado, inequitativo y violento.
