OPINIÓN

Un país rural en paro

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El auge de la protesta social y gremial de estos meses en el sector rural y las regiones marginadas de Colombia, son síntoma del agotamiento de la interlocución con el gobierno nacional de las comunidades, la crisis del parlamento como instancia de representación y discusión de los  problemas nacionales y el incumplimiento sistemático de acuerdos logrados en el pasado para suspender protestas ciudadanas.

El auge de la protesta social y gremial de estos meses en el sector rural y las regiones marginadas de Colombia, son síntoma del agotamiento de la interlocución con el gobierno nacional de las comunidades, la crisis del parlamento como instancia de representación y discusión de los problemas nacionales y el incumplimiento sistemático de acuerdos logrados en el pasado para suspender protestas ciudadanas.

El gobierno de Santos está quemando su último fusible, el Vicepresidente Garzón, en todas las negociaciones sociales a lo largo del territorio nacional. Sus ministros están desgastados y pierden credibilidad, los líderes comunitarios ya no quieren hablar con ellos porque estos diálogos no resuelven nada y todos quieren hablar con el Presidente.

¿Qué llevó a esta dramática situación?

El paro cívico es el instrurnento más fuerte y extremo de la sociedad civil para el diálogo con el estado, cuando la marcha y la movilización no funcionan.

Con la crisis del sindicalismo, Colombia preside la macabra cifra de sindicalistas muertos, los reiterados intentos de paros cívicos nacionales fracasaron.

Las reivindicaciones salariales como elemento sustancial de negociación, fueron sustituidas por los paros municipales y regionales que exigían mejores servicios públicos, vías de comunicación y siempre mayor presencia cualitativa del estado.

Hoy, en el fondo de todas las protestas está el problema agrario, llámese crisis de la agricultura incluyendo la coca y el de la minería. La humanidad apenas está descubriendo que la tierra es un recurso escaso. La tierra se acabó y apenas 8 países a nivel mundial pueden ampliar su frontera agrícola, entre ellas Colombia. Pero tiene que decidir qué va a hacer con la poca tierra que tiene para repartir.

¿La va a entregar a la gran minería?  ¿Permitirá que se acaben los cultivos tradicionales de café, cacao, arroz para que estas tierras sean utilizadas para minería? ¿Va a privilegiar los cultivos agroindustriales como la palma africana entregándoles la altillanura de la Orinoquía?  ¿Qué va a pasar con los pequeños mineros tradicionales del Pacífico?  El país nada en un mar de indefiniciones. Los ministros pueden hacer muy poco, porque las decisiones no son sectoriales, sino nacionales.

¿Cuál es la instancia que va a decidir la última distribución del uso de la tierra, su propiedad y usufructo? La última porque la tierra en Colombia se está agotando y las próximas generaciones ya no podrán decidir.

Estamos inmersos en una crisis porque no se ha dado una discusión incluyente del ordenamiento territorial a nivel nacional. No se ha pactado cual es el pedazo de tierra que le corresponde a cada colombiano. No se ha decidido cuáles serán los territorios de preservación y reservas, que diariamente las sustraen. Tampoco se ha terminado por reconocer los territorios ancestrales, ni se han terminado de sanear los resguardos y los consejos comunitarios afros.

Se han entregado de manera desordenada miles de títulos mineros y tampoco se ha dicho hasta dónde operan los proyectos megamineros y cuáles serán los territorios que se les respetará a la minería artesanal, pequeña y mediana..

¿Y de los campesinos sin tierra qué?

El diálogo en La Habana es necesario pero no suficiente para acabar con el conflicto interno. Los últimos hechos demuestran que hay que generar una nueva institucionalidad que permita resolver todos estos interrogantes, porque ya se ha visto que definitivamente el Congreso Nacional, ni tiene la credibilidad, ni el respaldo ciudadano para hacerlo.

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