Por Darío Maldonado
El sistema de regulación de la educación superior en Colombia tiene instrumentos que, de ser bien usados, podrían ayudar a mejorar la calidad de la educación. El Ministerio de educación maneja el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) y el Observatorio Laboral que tiene información sobre empleos y salarios de graduados de la educación superior. Colciencias maneja registros administrativos con información sobre producción académica de los investigadores del país, la mayoría asociados a universidades. El ICFES maneja sistemas de información que son resultados de las pruebas de estado SABER PRO (antes llamadas ECAES). Existe también la CNA (Comisión Nacional de Acreditación), que evalúa universidades y programas de educación superior. En principio la acreditación reconoce la buena calidad de programas y universidades; se entrega (o se rechaza) tras un proceso de evaluación de pares académicos y las universidades o programas con mejor calidad obtienen la acreditación por un mayor número de años. Estos instrumentos son fruto de un esfuerzo de varios años por parte de las distintas instituciones que confluyen en el sector de la educación superior. Con el tiempo la mayoría de estos instrumentos han venido mejorando pero hay uno, la acreditación, sobre el que no hay señas claras de que haya mejorado. Este viernes en su nueva marcha la MANE podría pedir un espacio para ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema de acreditación.
La labor de la CNA tiene muchas críticas incluso de las mismas personas que han participado como pares en las acreditaciones. Pero sin participar directamente en estos ejercicios es muy fácil darse cuenta que el sistema tiene problemas. La señal más importante es que universidades de calidad muy diferentes (que se ve en su planta de profesores o en su producción académica) han recibido niveles de acreditación iguales o similares. También hay estrategias de algunas universidades que solo tienen sentido si se ven como estrategias para mejorar la acreditación sin invertir realmente en el mejoramiento de los programas que ofrecen. Una de esas es mostrar como parte de la planta de profesores a académicos, con alto nivel de estudios y alta productividad académica, que sólo están unas semanas al año en la universidad y que dedican poco tiempo a los estudiantes de su universidad porque pasan la mayor parte del tiempo fuera del país. Hace un tiempo había casos conocidos de universidades que incluían en su lista de profesores que realmente eran profesores de otras instituciones y que solo dictaban algunas horas de clase en la universidad que buscaba la acreditación. ¿No debería la MANE reclamar un espacio para los estudiantes en el CNA? ¿No debería la MANE coordinar acciones para asegurar que en sus propias universidades no se usen este tipo de estrategias?
Para la MANE mecanismos como el de la acreditación son intromisiones en la llamada Autonomía Universitaria (Exposición de Motivos). No es claro por qué los estudiantes reaccionan de forma tan vehemente a un mecanismo que puede ser usado en su propio beneficio asegurando una mejor calidad de la educación que reciben. La lectura de la Exposición de Motivos de la MANE es chocante porque solo hay generalidades al respecto de la calidad; no habla de la relación entre investigación de alta calidad y enseñanza de alta calidad, ni del impacto de la calidad de la educación sobre salarios y empleo o de la necesidad para Colombia de tener una fuerza laboral muy calificada para poder dar un salto en su nivel de desarrollo.
La MANE es una muestra impresionante de la atención que puede conseguir un grupo de ciudadanos bien organizados; ojalá en unos años podamos decir que también es una muestra impresionante de que la acción colectiva puede ayudar a mejorar la asignación de recursos en la sociedad. Una forma en la que la MANE podría dar pasos en esta dirección es empezar a pensar en formas efectivas para mejorar la calidad de la educación que sean consecuentes con la realidad de este país. Una posibilidad, que no genera presiones sobre el presupuesto público, es conseguir un lugar en el sistema de control de la calidad de la educación superior para cumplir el papel que siempre se reclama de la sociedad civil y es vigilar sobre el buen uso de los recursos públicos.