Soy la primera en celebrar la decisión de la Corte Constitucional. Es una decisión histórica por lo que significa para los anales del derecho pero, sobre todo, porque cambia la vida de cientos de miles de mujeres en Colombia. Quizá hoy mismo están saliendo de prisión mujeres que nunca han debido estar ahí. Y otras, muchas, que temían acercarse a los centros de salud, ya no serán denunciadas en esos establecimientos por querer abortar. La maternidad no es un instinto, ni es un accidente. Es un proyecto de vida, y para acometerlo hay que estar en buenas condiciones, emocionales y materiales.
Mi alegría está sin embargo moderada por dos asuntos: el primero tiene que ver con el plazo decidido, 24 semanas, muy amplio si se le compara con la experiencia de otros países. Se ha advertido que será en casos excepcionales. Pienso, sin embargo, que el anuncio de este plazo contribuye a generar una reacción desmedida y encendida por parte de los sectores opuestos.
La segunda razón de mi reserva es que no fue una medida aprobada por el Congreso. Como otros fallos trascendentales, fue la Corte la que, cumpliendo con su mandato, permitió este desarrollo. Yo hubiera preferido un debate en el Congreso, como el que se vivió en Argentina en estos últimos años. Un proceso en el que los representantes elegidos hubieran debatido y expuesto sus argumentos, en debates que todos podían seguir.
Pero es completamente iluso suponer que los congresistas colombianos están en ese recinto para dar debates importantes, para exponer puntos de vista, para hacer progresar a la sociedad. Peor: cuando el Congreso se mete con temas como los derechos sexuales y reproductivos, parece que no hay argumentos, sólo prejuicios (como sucedió en 2013 con la pobrísima discusión sobre matrimonio homosexual).
El Congreso colombiano es la institución más desprestigiada del país. La percepción general es que pululan allí encorbatados y opacos personajes, con una débil noción del bien común, que le dedican más tiempo a la organización de la compra de votos, o a Twitter, que a pensar los problemas del país. ¿Qué grandes debates recordamos de la legislatura pasada? ¿De qué se sentirán orgullosos los congresistas?
La impresión que da el Congreso colombiano, es la de llevar ya varias legislaturas dedicado a legislar para beneficio de los negocios de unos cuántos. Ya sea para las empresas y sectores económicos que hacen cabildeo para obtener exoneraciones y prebendas, ya sea para tergiversar el espíritu de leyes bien concebidas y sacar su personal tajada.
Los congresistas elegidos en 2018 se caracterizan por ser miembros de la clase política: llevan años en el ejercicio de ser elegidos (en el Congreso actual, sólo el 12% de los senadores no fueron reelegidos o “heredaron” un puesto). Esta clase política es experta en táctica, es decir en conocer el mecanismo preciso para llegar a donde están. Pero parece que no les interesara, o muy poco, la política que va al fondo de los asuntos públicos. Salvo excepciones (en general, de la oposición), tampoco se les ve muy motivados en representar realmente a la gente, o en rendirles cuentas a sus electores.
Es evidente que un Congreso como el que hemos tenido en los últimos años no llevará a cabo la discusión sobre el aborto. Pero es evidente, también que, aunque hoy se ha ganado una batalla, no se ha ganado la guerra. Viene una arremetida fuerte de los sectores reaccionarios y conservadores. Ya han radicado una solicitud para hacer un referendo y tumbar este logro, y con seguridad vendrán otros ataques legales. Y la experiencia del plebiscito por la paz enseña que esto es algo que no se puede menospreciar.
Los políticos progresistas le tienen miedo a hablar sobre el aborto. ¿Por qué? Porque tienen una representación falsa de la sociedad colombiana: se imaginan que la mayoría de los colombianos es opuesta al aborto, o que sus votantes le dan mucha importancia a la religión. Este miedo es injustificado sociológica y políticamente. Lo primero, porque el país sigue en un proceso de secularización acelerado, y porque muchas nociones del feminismo están ahora en el debate público. Lo segundo, porque la labor del político es, justamente, orientar a los ciudadanos y llevar los debates por la defensa de los derechos y de las minorías.
Sobre el aborto en concreto, existe en Colombia 1) un inmenso desconocimiento de las normas (44% no conocían las tres causales en diciembre de 2021) y 2) entre quienes conocen las normas, una opinión minoritaria (32%) apoya las penas de prisión para las mujeres que han abortado. Y cuando se les pregunta a las personas si están de acuerdo o no con el aborto, la opinión se divide en dos partes iguales (40% a favor, 40% en contra, 20% de indecisos). (Datos de la encuesta nacional de Cifras y Conceptos, diciembre 2021)
La decisión de la Corte, en fecha del 21 de febrero de 2022, implica que este tema ha sido integrado a la campaña electoral. Los opositores al aborto ya están haciendo campaña y piensan llevar la revocatoria de la norma al Congreso. Para que el Congreso sí represente a la sociedad colombiana y no sólo a los sectores conservadores, es necesario elegir bien hoy. ¿Quiénes son los candidatos al Congreso que van a defender el aborto? ¿Quiénes no le tienen miedo a hablar de los derechos de las mujeres? El país está cambiando, el Congreso puede cambiar también. Votemos bien.
