En entrevista con este medio, dice la ex representante Juanita Goebertius que ningún congresista renuncia por iniciativa propia a sus privilegios. Muchos usan y abusan de los medios que tienen (por ejemplo, dedican las unidades de trabajo legislativo a pagar favores políticos). En ningún momento de la historia reciente los hemos visto encabezar ninguna iniciativa para renunciar a sus privilegios. Tampoco hemos visto que ellos emprendan una cruzada legislativa para bajarse su sueldo, que es de 34 abultados salarios mínimos.
La pregunta es si la nueva coalición del gobierno progresista, encabezada por el Pacto pero conformada por varios otros partidos (liberal, la U), se apuntará un hit histórico haciendo un gesto en este sentido. Iniciativas recientes en tal sentido existen en otros países. Por supuesto, han sido los partidos de izquierda y progresistas los más coherentes con este tema. Veamos algunas:
• En 2016, cuando acceden al poder, los diputados de Podemos en España deciden limitar su sueldo a 2600€, es decir a unos 3,4 salarios mínimos. También limitaron significativamente una de sus mayores indemnizaciones, la de alojamiento. En ese momento, la diputada que no quiso aceptar esta decisión colectiva tuvo que renunciar a su partido.
• En Barcelona, cuando Ada Colau es elegida alcaldesa, divide su sueldo por cinco (pasa de 12 mil € a 2 mil 200, es decir de 15 salarios mínimos (que cobraba su antecesor) a 2,8 salarios mínimos. Con ella, todo el equipo municipal se apretó el cinturón.
Estos dos ejemplos son muy significativos porque Podemos y Colau surgen ambos de las gigantescas movilizaciones en España, de los Indignados de la Plaza del Sol y de tantas otras plazas y manifestaciones. Representan a una nueva generación política que buscaba desmarcarse completamente de “la casta”, es decir los apoltronados de los partidos de siempre. La percepción de esa nueva generación era que los políticos profesionales utilizaban las instituciones en favor propio y en el de sus financiadores.
Otro ejemplo de baja de salarios de diputados se da en Chile en 2020. Esta vez, es en pleno estallido social, en octubre de 2019, cuando el presidente Piñera se pone manos a la obra. La presión de la calle logró lo que nadie había logrado: en pocos meses, en mayo de 2020, se promulga una ley que rebaja los sueldos y dietas de los parlamentarios, ministros, gobernadores, y presidente.
De nuevo, son la presión callejera, la ofuscación generalizada, el sentimiento de excesivos privilegios por parte de unos pocos, los que generan estos cambios. Seguramente, sin estallido social y sin Indignados, no hubiera existido ninguna posibilidad de abrir siquiera este debate.
¿Por qué razón? Porque nadie quiere renunciar a sus privilegios. O casi nadie. Quiero mencionar acá a algunos políticos excepcionales que han dado este paso. Uno de ellos es el diputado francés François Ruffin, del partido La France Insoumise (el partido de Jean-Luc Mélenchon). Cuando llegó a la Asamblea, en 2016, Ruffin (de profesión periodista) cumplió con una de sus promesas de campaña: cobrar sólo el salario mínimo legal y donar el resto (cerca de 3 mil €) a asociaciones de interés social. Ruffin no hizo política con esto (no se fotografió en Instagram con las asociaciones a las que les daba esa suma). Lo asumió simplemente como la palabra que se cumple, por la sencilla razón de que las promesas de campaña no son frases vacías. Incluso, admitió un error: al cabo de un año de trabajo intenso y aprietos económicos, dijo que ha debido prometer cobrarse no el salario mínimo, sino el salario promedio de los franceses.
Varios partidos franceses de izquierda han tenido reglas para limitar el nivel de ingresos de sus diputados. El principio es sencillo: un porcentaje va para el elegido, y el resto va para las cuentas del partido, pues éste también necesita vivir (debe pagar sede, gastos, salarios de asistentes, servicios, escuelas de pensamiento, etc), o para nutrir las instituciones locales (como las asociaciones y redes de diputados). En últimas, esta cesión de una parte del sueldo se hace para mantener instituciones de la democracia. La regla en el Partido Comunista es que un cuadro alto o diputado no debe ganar más que lo que ganaba en su último trabajo, y en ningún caso, más de 3 mil € netos (un poco más de 2 salarios mínimos). La idea es luchar contra la profesionalización de los diputados, favorecer el cambio, y evitar que los elegidos tengan un nivel de vida radicalmente diferente del de los militantes.
El partido de Los Verdes les pide una suma fija a sus diputados, del orden de 1 500 € mensuales. El partido socialista, que era uno de los grandes partidos en la Asamblea, pedía una suma menor (alrededor de 500 € mensuales), pero es bien posible que aumente la tarifa si quiere sobrevivir.
¿Y en Colombia? Sin lugar a dudas, los parlamentarios son percibidos como una casta política privilegiada, que usa su posición para enriquecerse personalmente. Cerca de la mitad de los colombianos ni siquiera se motiva para elegirlos o sancionarlos con el voto. Y entre quienes votan, casi las tres cuartas partes lo hizo por candidatos que no provienen de los partidos tradicionales. Incluso, un candidato casi desconocido hace 6 meses se coló a la segunda vuelta con un discurso simple y repetido hasta el cansancio: no más corrupción, no más privilegios.
El problema de las finanzas públicas no se resolverá con un recorte a los privilegios de los congresistas. Pero sí es un mensaje fuerte: en un país con un nivel tan profundo de desigualdad y un agravamiento de la pobreza, resulta insoportable que los representantes del pueblo tengan estos tratamientos.
Disminuir la brecha salarial entre congresistas (y otros cargos de privilegios) y pueblo colombiano podría un paso para discutir sobre desigualdad, prerrogativas especiales y corrupción en otras esferas de la vida nacional (como la empresa privada, donde las desigualdades salariales son aun más escandalosamente altas).
