El 5 de julio, el gobierno firmó el Decreto 1117 de 2023, mediante el cual ordena el cese al fuego con el ELN desde el 3 de agosto de este año hasta el 29 de enero de 2024.

El 4 de julio, el Comando Central (Coce) del ELN ordenó el cese de “todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional” desde el 6 de julio hasta el 3 de agosto. Esto, claro, para ambientar el cese bilateral de agosto y la “paz total” del presidente. 

El lunes 3 de julio, el Frente de Guerra Oriental del ELN secuestró a una sargento del Ejército y a sus dos hijos (de seis y ocho años, uno de ellos con autismo). 

El 4 de julio, el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado en la región de San Juan, en Chocó. 

Estos hechos demuestran, nuevamente, lo difícil que es negociar con el ELN a pesar de que el gobierno no sólo haya mostrado voluntad de paz, sino que haya manifestado su “simpatía política” con esa guerrilla. 

La negociación con ELN es difícil por la terquedad ideológica de sus líderes, que los ha convencido de que sus crímenes no son atrocidades sino actos de justicia, y de que la historia los va a llevar al triunfo revolucionario (la filosofía de la historia del ELN parece una mezcla, doblemente escatológica, del marxismo y del cristianismo).

La negociación es casi imposible, también, por el carácter federalizado de la guerrilla y por la aparente desconexión entre el Coce, y, por un lado, las milicias, quizás menos prácticas que el Coce (si es que eso es posible) y que están convencidas de la necesidad de la continuación de la guerrilla y de su “guerra popular prolongada”; y, por el otro, de los distintos frentes dedicados casi exclusivamente a la explotación de rentas ilegales.

Esta desconexión es aparente en lo que ocurrió esta semana. Mientras el Coce ordenaba el cese de hostilidades, dos frentes distintos, uno en Chocó (con más o menos 500 hombres armados) declaró un paro armado, y otro, en los llanos (con otros 500 hombres), secuestró a una familia.

Esto significa que más o menos una cuarta parte del ELN parece dispuesta a desobedecer al Coce y a apartarse de las negociaciones de paz. Si esto es así, la política de paz total, que buscaba finalmente pacificar a Colombia mediante negociaciones generosas con guerrillas históricas, con disidencias y narcotraficantes, va a producir, nuevamente, disidencias que van a aprovechar los procesos de paz para apoderarse de nuevos territorios y rentas ilegales.

No sabemos cómo va a lidiar el gobierno con los incumplimientos cada vez más probables del ELN. El Estado y el ELN no parecen entender lo mismo por “cese al fuego”, y no es claro cómo van a tramitar las ambigüedades en las que han caído (por ejemplo, para el Estado el cese incluye la suspensión de los secuestros, mientras que para el ELN, no).

Parece probable que, a pesar de que haya violaciones al cese al fuego, el Estado y el ELN no lo suspendan, y que, más bien, escondan las violaciones en excusas o se las atribuyan a otros grupos armados.

Esto se debe, fundamentalmente, a que las dos partes tienen incentivos inmensos para negar la realidad y, quizás, para ocultarla. Al Coce no le conviene mostrar que no tiene control sobre partes importantes del ELN, y al Estado no le conviene renunciar a la idea de la paz total, que se descubra que la política no es seria y que el alto comisionado para la paz y el ministro de Defensa están improvisando, o que, conforme pasan los meses y los supuestos éxitos de la “paz total” se disipan, se observe una relación entre el aumento de la violencia con la suavidad incauta del gobierno frente a los grupos armados ilegales.

Aunque el Estado esté dispuesto, como parece estarlo, a negar la realidad y a aceptar los eufemismos del ELN (decirle “amor eficaz” al crimen organizado, por ejemplo, o “retenciones” a los secuestros, o “impuestos” a las extorciones), no es probable que el cese al fuego consiga suspender las operaciones del ELN.

Es más probable que el cese muestre a un Coce cada vez más debilitado, desobedecido y sin control, y a un gobierno complaciente, que cierra los ojos y espera lo mejor; que demuestre, así, el abismo que hay entre lo que se habla en la mesa de negociación y la realidad del país.

En otro triunfo de la charlatanería, “cese al fuego” se puede transformar, con las excusas del Coce y con la necedad del gobierno, en un eufemismo de “paro armado”.

Candidato a doctor en derecho por la Universidad de Yale. Ha estudiado en la Universidad de Chicago y en Oxford. Es abogado y literato de la Universidad de los Andes. Es cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, y ha sido miembro de la junta directiva del Teatro Libre de Bogotá y del Consejo...