El Salvador y Colombia tienen trayectorias relativamente similares: vivieron guerras civiles, acuerdos de paz, y se enfrentan a brutales violencias del crimen organizado. Pero están en las antípodas en las soluciones que buscan para sus problemas. El presidente Nayib Bukele les declaró la guerra a las pandillas; decretó el estado de excepción; militarizó las ciudades, y tiene en prisión a más de 60.000 personas, casi todos jóvenes e incluso, niños. Su guerra cuenta con gran respaldo popular, pero todo tipo de cuestionamientos por violaciones de derechos humanos. Hace pocos días Bukele se ufanaba de haber creado el sitio más seguro de América, no solo porque ha bajado dramáticamente las cifras de violencia, sino porque construyó una cárcel con capacidad para 40.000 detenidos, donde el presidente salvadoreño ha prometido que habrá quienes no vean la luz del sol.
Colombia, por el contrario, busca una solución dialogada con los grupos armados, aún los del crimen organizado, y tiene justicia restaurativa como uno de sus instrumentos para lograr la paz. Desde hace más de 20 años el país se abrió a explorar el sistema de menos cárcel a cambio de verdad y reparación a las víctimas, y lo hizo por el camino más espinoso: el de los grandes crímenes de guerra y las peores violaciones de los derechos humanos. Los primeros que experimentaron este cambio de paradigma fueron los excombatientes de las AUC con la Ley de Justicia y Paz. Más de dos mil de ellos siguieron toda la ruta restaurativa con resultados que son muy desiguales. Si bien muchos reincidieron, la gran mayoría cumplieron ocho años en prisión y están libres, aunque se mantienen en procesos judiciales. Existen experiencias muy significativas de personas que hoy trabajan con las víctimas, como los excombatientes del Bloque Central Bolívar agrupados en Aulas de Paz, o simplemente han reconstruido sus vidas como personas del común.
En 2016 el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP profundizó el enfoque restaurativo para crímenes cometidos durante la guerra tanto por los agentes del Estado como por la guerrilla. El acuerdo no solo no contempla la cárcel como primera instancia, sino que miles de soldados y guerrilleros detenidos obtuvieron la libertad a cambio de verdad plena y reparación a sus víctimas. Más de 13.000 personas están siendo procesadas por el tribunal y se han acreditado más de 300.000 personas como víctimas. Prueba de que la JEP es una realidad irreversible. Por fortuna quienes intentaron reversarla no lo lograron y hoy el país parece maduro para asumir una justicia que le sirva a la paz y la reconciliación.
Ahora el gobierno de Gustavo Petro extiende la justicia restaurativa hasta las personas detenidas por crímenes comunes. El proyecto de ley para “humanizar la política criminal” que presentó el ministro de Justicia Néstor Osuna es una exigencia de la Corte Constitucional para superar las violaciones de derechos humanos en las cárceles, pero también el desarrollo lógico de la corriente jurídica que se viene imponiendo en el país, que va en contravía del populismo punitivista. Este último ha sido muy rentable para los políticos, pero tiene asfixiado el sistema de justicia. No en vano en las últimas dos décadas se hicieron 60 reformas para endurecer penas o crear nuevos tipos de delitos, muy a pesar de que desde el año dos mil el Código Penal favorece el enfoque restaurativo. A eso se suma que la propia Corte Constitucional considera que muchas de nuestras cárceles son “universidad del delito”, entre otras cosas, porque hay 20 por ciento más de personas para su capacidad instalada.
El proyecto no se limita a excarcelar a los delincuentes para descongestionar las prisiones, como se ha dicho sin fundamento. Plantea una serie de acciones simultáneas y congruentes que involucran a las instituciones y las familias, a las víctimas y comunidades para lograr no solo un ambiente de reparación del daño social que los delincuentes han causado, sino para evitar la reincidencia y facilitar la resocialización.
El enfoque restaurativo obliga al Estado a reconocer la dimensión social del problema criminal, y a tomar acciones para solucionarlos, así como la dimensión humana que requiere una acción colectiva mucho más compleja y de largo plazo.
