La improvisación en el caso del servicio de aseo en Bogotá, que como era previsible tiene en riesgo la permanencia del Alcalde Gustavo Petro en Bogotá, ha servido para llamar la atención sobre lo perverso que puede resultar la competencia que nuestro ordenamiento jurídico le reconoce al Procurador General de la Nación para sancionar funcionarios elegidos popularmente.
La improvisación en el caso del servicio de aseo en Bogotá, que como era previsible tiene en riesgo la permanencia del Alcalde Gustavo Petro en Bogotá, ha servido para llamar la atención sobre lo perverso que puede resultar la competencia que nuestro ordenamiento jurídico le reconoce al Procurador General de la Nación para sancionar funcionarios elegidos popularmente.
Esa no solo ha sido una competencia poco discutida sino incluso aplaudida en el pasado reciente y varias interpretaciones de la Corte Constitucional le han incluso ampliado su ámbito de acción: por ejemplo, a pesar de las dudas la Corte decidió que esa competencia incluía a los congresistas.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad, dispone que la separación del cargo de un funcionario elegido popularmente solo la pueda decretar un juez. La reserva judicial es una garantía de la misma entidad de la que se le otorga a la libertad o a la privacidad de las comunicaciones. Sin embargo, ese debate se perdió hace solo un par de semanas en la Corte Constitucional cuando ese Tribunal decidió en contra de Piedad Córdoba la tutela que interpuso para cuestionar la competencia de la Procuraduría sobre los congresistas.
El Procurador, que pierde casi todos los debates jurídicos éste lo ganó y por tanto podrá seguir usando su extraña manera de medir las conductas de los funcionarios según sus convicciones políticas. Ya sancionó con una pena desmesurada al ex alcalde de Medellín Alonso Salazar por denunciar que los paramilitares influían en las elecciones de alcalde de esa ciudad. Ordóñez, en cambio, se ha convertido en abogado defensor del entonces gobernador Luis Alfredo Ramos, detenido por parapolítica.
El Procurador, el mismo que persigue parejas homosexuales y niñas violadas con deseo de abortar, podrá seguir absolviendo excongresistas condenados ( ¡Sí condenados!) por parapolítica. La Corte no nos sacó de semejante enredo.
Por eso la posibilidad de que destituya a Petro es hoy muy alta. El principal argumento de la defensa –el de la falta de competencia del procurador- ya no tiene ninguna posibilidad de salir avante.
Espero que el Procurador no destituya a Petro. Guardo la esperanza de que Ordóñez -que en estos casos suele actuar para la galería para poder gastar ese prestigio persiguiendo minorías y defendiendo a sus amigos- piense que destituir a Petro le puede resultar muy costoso políticamente y se abstenga de hacerlo. Si lo hace, muchos de quienes han sido sus críticos tendrán la tentación de afirmar que el Procurador es un hombre ecuánime y que no persigue a quienes piensan distinto a él.
Pero más allá de la posición que se tenga sobre juridicidad o la conveniencia de una posible destitución del Alcalde por parte del Procurador, el caso también ha servido para develar un Petro distinto al que la mayoría cree conocer y a la imagen que él mismo construyó con sus actuaciones en el Congreso.
De un Petro comprometido con la paz pasamos a un Petro amenazante que no duda en justificar el uso de la violencia para defenderse de una arbitrariedad. Ese político que se muere de ganas de ser símbolo de la paz aparece ahora amenazando a la sociedad con el resurgimiento de un nuevo movimiento guerrillero si llega a ser destituido.
El dirá que no dijo eso. Sus defensores arremeterán diciendo que se trata de crear una matriz de opinión por parte de quienes (y ahí cabemos todos los que nos atrevamos a reclamar por semejante afirmación) están comprometidos con las mafias.
No voy a entrar en ese debate. Solo debo decir que cuando en condición de Viceministro de Gobierno me tocó redactar la gran mayoría de las resoluciones de indulto de los miembros del M 19 tenía la convicción íntima de que –aunque por esa época no se hablaba de la justicia transicional- había un compromiso y una garantía de no repetición. Hasta ahora los ex EME lo habían respetado con absoluta convicción pero Petro, angustiado por las posibles consecuencias de sus errores, resolvió pasar la raya.
Pero la verdadera metamorfosis de Petro es la del congresista aguerrido e inclemente con los funcionarios que cometían errores -que él convertía en sus debates en actos de corrupción- al Alcalde mendicante de consideración: me equivoqué pero no es para tanto.
Yo creo que no es para tanto, al Alcalde no deben destituirlo por eso, pero si revisan los archivos de sus discursos en el Congreso pidiendo cárcel contra todo el mundo por errores u omisiones no tendría escapatoria. Cuando le hacía “mandados” a su amigo Alex Vernot para influir en el ambiente en el que se decidían los procesos judiciales contra el Banco de Colombia, no dudaba en pedir cabezas de superintendentes por no ser diligentes en el ejercicio de sus funciones.
Del Petro defensor de la Constitución de 1991, comprometido con las herramientas de la democracia participativa, promotor de revocatorias del mandato contra alcaldes pasamos al funcionario mañoso que como el abogado más tropelero inunda los despachos judiciales de recursos improcedentes para impedir que se tomen las decisiones sobre una eventual convocatoria a los ciudadanos de Bogotá para que democráticamente decidan sobre su permanencia en el cargo.
Yo espero que el Procurador no destituya a Petro, pero de Ordóñez no hay que esperar nada. Si lo destituye será para perseguir al Alcalde, si no será para posar de “demócrata” y confundir a la tribuna. De Petro espero compromiso con la democracia, o ¿ será que de Petro ya tampoco se puede esperar nada?
