El anuncio, hecho por el Ministro de Transporte, de que el gobierno buscará subsidiar el costo de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito -soat- es muy sorprendente por el valor, ¡dos billones de pesos!; por la fuente, los nuevos recursos de la reforma tributaria; por la forma como se tomó la decisión, a puerta cerrada entre un par de funcionarios y por el objetivo, la promoción de mecanismos de transporte individual que funcionan a base de gasolina. Todo mal.
Me temo que al final no habrá tal subsidio y que el gobierno tendrá que enfrentar la protesta de los usuarios de motos. Quizás se trataba de un ministro que quiere evitar a toda costa una protesta y está incubando una mucho más grande.
Contexto
El tamaño del subsidio “otorgado” en declaraciones radiales y a las volandas es muy grande, equivale al 10% de los nuevos recursos que obtendría el Estado con la entrada en vigencia de la reforma tributaria. Es más, el ministro anunció que quizás el subsidio entraría en vigencia el 1 de diciembre. Es decir que este año ya habría que desembolsar entre doscientos y trescientos mil millones de pesos, si se tiene en cuenta que la oferta de pólizas al 50% del valor real debe generar una demanda inicial grande. ¿De dónde? ¿Cómo?
La información sobre la destinación de los recursos nuevos que se recibirán fue postergada por el gobierno a pesar de la petición de algunos sectores, pero el Presidente dio algunas pistas, sobre los propósitos a conseguir dentro de los cuáles no están, ni de lejos, los que hipotéticamente se conseguirían con el subsidio al soat de motos y taxis.
Petro ha insistido que la reforma tributaria deberá impactar en la reducción del hambre, es decir en la disminución de la pobreza extrema, la cual quedaría intacta después de que el estado pague a las aseguradoras la mitad del valor de las pólizas, que deberían cubrir los usuarios de los vehículos.
¿Cuál indicador social se impacta positivamente con el subsidio, si es que llegase a aplicarse? Ninguno, incluso por el incentivo de motocicletas es probable que la accidentalidad vial crezca y las muertes ocurridas en esos contextos aumenten, con lo que el aporte al propósito de ser la potencia mundial de la vida será totalmente negativo.
Los dos billones de pesos promoverán el uso de vehículos de transporte individual, cuando uno supondría que “el gobierno del cambio” prefiere subsidiar sistemas de transporte colectivo amigables con el medio ambiente. Es decir, todo lo contrario de las motos y los taxis.
Después de la insistencia en el discurso contra los combustibles fósiles es casi increíble que el primer anuncio “oficial” sobre la aplicación de recursos frescos de la reforma tributaria sea para informar que 1 de cada 10 pesos que se recauden irán para incentivar el uso de medios altamente contaminantes.
El subsidio no reduce la pobreza, aumenta la tasa de muertes violentas y aporta al calentamiento global. Es como la antítesis de lo que uno podría denominar “la doctrina petrista”.
El Ministro Reyes ha dicho que esa fórmula dirigida a conjurar la protesta de los motociclistas la ha trabajado con el Ministerio de Hacienda, aunque ni el ministro Ocampo, ni el propio Presidente han dicho nada, hasta ahora, sobre el dicho de Reyes.
Si hiciéramos el ejercicio que, de cuando en cuando, hacemos los colombianos, de imaginarnos en que nos gastaríamos la plata si nos ganáramos el baloto es probable que en el subsidio al soat no estaría entre las primeras cien prioridades a atender con los 20 billones de la reforma tributaria.
Es evidente que la oferta de Reyes a los motociclistas será muy difícil de cumplir y menos a partir de la próxima semana y que los recursos del año entrante solo estarán disponibles una vez se apruebe la ley de adición presupuestal en la que se incorporen los recursos de la tributaria en el presupuesto del 2023, lo cual no ocurrirá antes del mes de abril. Tendremos movilizaciones y bloqueos provocadas por una promesa a todas luces inconveniente.
Seguramente el costo del Soat -600 mil pesos en promedio para una moto- es muy alto y explica la razón por la que casi la mitad de esos vehículos circulan sin tener una póliza vigente, pero la fórmula de asumir el costo por parte del estado es escandalosa. Habría que buscar fórmulas para aceptar pagos mensuales, por ejemplo, o muchas otras ideas posibles, pero no la de destinar el 10% de unos recursos que tienen un objetivo único reducir la pobreza y combatir la desigualdad. Cualquier otra cosa que se haga con esa plata será una traición al discurso oficial.
La imprudencia de Reyes debería prender las alarmas sobre la manera como se decide el gasto público en Colombia. Es un proceso cada vez más antidemocrático, menos deliberativo, más opaco. No puede ser que dos funcionarios, cualquier tarde, se miren con cara de haberse ganado el baloto y proclamen que han decidido gastar dos billones de pesos sin que nadie haya discutido si el gasto conviene, si aporta a la consecución de las metas.
Me resisto a creer que el Presidente Petro avale una idea tan contraria a su doctrina. Sería conveniente tener avisados a los bomberos porque el incendio que puede provocar esta “chambonada” puede ser de proporciones mayores.
