La carta bomba que enviaron los presidentes de las Cortes y el señor Fiscal al Presidente de la Cámara de Representantes pidiendo el archivo del acto legislativo de equilibrio de poderes parece que les estalló en las manos.

La carta bomba que enviaron los presidentes de las Cortes y el señor Fiscal al Presidente de la Cámara de Representantes pidiendo el archivo del acto legislativo de equilibrio de poderes parece que les estalló en las manos.

No solamente obtuvieron el rechazo casi unánime del establecimiento político, algo de por si sorprendente, sino que le dieron un papayazo a los enemigos de la judicatura para que los descuartizaran en los medios de comunicación.

La senadora Claudia López, por ejemplo, se las cantó todita afirmando que “lo que no podemos en este país es que cada vez que alguien quiere un pedacito de impunidad pide constituyente”.

Ramiro Bejarano, por su parte, les dio hasta con el balde. Criticó el “talante leguleyo de la retadora misiva” proveniente de personas que “se creen con el derecho divino de ser infalibles e intocables”, calificando a sus autores como hipócritas, corruptos y atrevidos.

Y hasta la muy prudente Gloria María Borrero advirtió que la posición de las Cortes ante la reforma confirmaba lo que muchos ya temían: que la justicia se había convertido en “un poder irreformable, incontrolable e ingobernable”.

Irónicamente la única voz de apoyo a la idea de la constituyente vino de las FARC, que ha sido la más sangrienta organización criminal de la historia colombiana y de su apéndice político, la Marcha Patriótica, encabezada por Piedad Córdoba.

De hecho, hasta Uribe se bajó de la propuesta constituyente argumentando que “en este momento de las circunstancias de La Habana, serían un factor de desviación”.

Quedaron entonces, en una esquina los presidentes de las Cortes, el Fiscal y las FARC y en la otra, todos los demás, incluyendo numerosos magistrados tanto de la Suprema, como del Consejo de Estado y de la Judicatura que negaron a sus presidentes tres veces antes de que cantara el gallo.

Son varias las razones por las cuales la carta bomba falló. La primera, como lo afirmó Semana, es que los autores subestiman el descrédito de la Rama Judicial ante la opinión pública. Como están las cosas es más popular ser congresista que ser magistrado, que es mucho decir.

El problema de corrupción en la judicatura no es un problemita de hechos aislados, que involucre a uno o dos jueces, sino un cáncer que amenaza con hacer metástasis. Ya algunos comentaristas ácidos están diciendo que estamos frente al “cartel de la toga”, lo cual es sin duda exagerado e injusto, pero que refleja el creciente descontento con la justicia a todos los niveles de la sociedad colombiana.

La segunda razón es que la misiva se percibe como oportunista. El acto legislativo va en su sexto de ocho debates constitucionales y solo hasta ahora, cuando ya parece una realidad, intentan el procedimiento abortivo. Durante todos los meses de trámite la discusión del proyecto ha sido amplia y transparente. Simplemente no es cierto que esta iniciativa hubiese sido pupitreada a oscuras. Todo lo contrario, tanto el gobierno como el congreso han invitado a los interesados a presentar sus opiniones y muchas se han tenido en cuenta.

En tercer lugar, la carta bomba usa como material explosivo la tesis de la sustitución de la Constitución para sustentar la improcedencia de la reforma. Este concepto fue introducido en el derecho colombiano en el fallo que declaró la constitucionalidad de la reelección y tiene como precedente histórico el ascenso de los Nazis al poder, que se hizo mediante reformas constitucionales que acabaron con la constitución que las autorizó. El problema de este argumento es que su abuso llevaría precisamente a la petrificación de la constitución, haciéndola irreformable. Además una cosa es la Alemania Nazi en 1933 y otra muy diferente la Colombia de 2015.

Obviamente que el congreso retiene su potestad constitucional y podrá decidir de una manera autónoma qué clase de arquitectura institucional quiere, algo que perece disgustar profundamente a los firmantes de la carta, quienes tendrán que hacerse a la idea de un legislativo con mas cojones.

Finalmente, el fracaso de la carta tiene que ver con la concepción errada sobre el alcance de la reforma. Dicen en la misiva que es inconveniente porque no resuelve los problemas de la justicia y tienen razón: esta reforma es sobre equilibrio de poderes, como su nombre lo indica,  y no sobre el funcionamiento de la rama judicial.

En otras palabras esta es una reforma política y no una reforma a la justicia.

Las funciones electorales de las Cortes han sido nefastas. Como ya lo hemos dicho en este blog, esto ha politizado a la justicia y judicializado a la política. No es suficiente con decir que el “yo me elijo tu me elijes” se eliminó por cuenta de un fallo del Consejo de Estado. Últimamente uno tiene la impresión de que la jurisprudencia es según marrano y que un fallo se modifica con otro fallo igual pero contrario.

Lo otro tiene que ver con el foro de juzgamiento. Rodrigo Uprimny, enemigo de la reforma, demuestra claramente que no existen razones constitucionales para creer que el esquema propuesto sea menos garantista que el actual, aunque si puede ser más efectivo. Bueno, en realidad cualquier cosa es más efectiva: el sistema vigente nunca ha logrado procesar a nadie que no sea un dictador de pacotilla como Rojas Pinilla.

¿Qué viene ahora? La demanda del acto legislativo ya anunciada por el Fiscal, si encuentra ante quien demandar. Como están las cosas, con todos los magistrados de las cortes colombianas dedicados a la actividad gremial o investigados, no habrá quién decida. Ni siquiera los impedimentos.