El Congreso de la República no es tan  malo como la gente piensa ni tan bueno como debería ser, es la respuesta que usualmente doy cuando alguien pregunta mi opinión sobre la institución.
 

Aunque pensándolo bien, la próxima vez que me pregunten voy a responder simplemente que el tema no es si el congreso es bueno o malo, sino si el congreso importa o no importa.
 

Y les digo: importa y mucho.

El Congreso de la República no es tan  malo como la gente piensa ni tan bueno como debería ser, es la respuesta que usualmente doy cuando alguien pregunta mi opinión sobre la institución.
 

Aunque pensándolo bien, la próxima vez que me pregunten voy a responder simplemente que el tema no es si el congreso es bueno o malo, sino si el congreso importa o no importa.
 

Y les digo: importa y mucho.
 

Nada más ilustrativo de lo anterior que el catastrófico episodio de la recientemente decretada emergencia social.
 

Lo que ocurrió en pocas palabras fue un golpe de estado del ejecutivo al congreso, el cual irónicamente es de mayoría gubernamental. El objetivo del golpe era impulsar por vía decreto dos reformas que llevaban en el tintero por lo menos una década, la reforma tributaria territorial y la reforma a la ley 100.
 

Ambos temas son controversiales y por lo tanto de difícil trámite. El primero tenía como tema grueso el aumento del impuesto a la cerveza, la cual representa el 65% de las bebidas alcohólicas del país. El segundo, por su parte, era casi todo problemático por que como dijo hace unos días un analista, un sistema de salud de amplia cobertura, alta calidad y bajo costo simplemente no existe en ninguna parte del mundo.
 

Por ahorrarse el camino difícil, el de las complicadas negociaciones en el Congreso, entre congresistas, partes interesadas, grupos de presión, ONG’s, gobernadores, usuarios y demás, optaron por la vía fácil, la del decretazo.
 

Las cosas sin embargo les salieron mal, muy mal. Para empezar hay un pecado original que es la declaratoria misma de la emergencia. Este mecanismo excepcional se activa cuando hay graves hechos sobrevinientes que requieren de medidas extraordinarias para su atención. Mejor dicho cosas como un terremoto o el colapso súbito del sistema financiero. Que a los gobernadores no les cuadren las cuentas y que el sistema de salud sea un caos, en buena medida por incompetencia del mismo gobierno, no es razón suficiente para saltarse el Congreso.
 

Lo otro es la improvisación en los decretos, que intentaron subsanar al ritmo de $64 millones de dólares en asesorías, según los reportes de prensa. Pues esa platica se perdió, porque cada día que pasa les toca echarse para atrás en una y otra de las medidas. Es que aumentar impuestos y cambiar el servicio de salud en época electoral puede llegar a ser la cosa políticamente más torpe que uno se pueda imaginar.
 

En cambio, si el gobierno hace dos años, por ejemplo, aprovechando su popularidad y su bancada hubiese hecho de las finanzas territoriales y de la salud una prioridad legislativa, en vez de dilapidar este capital en el célebre referendo reeleccionista, hoy tendría dos reformas, seguramente no perfectas pero si debatidas, consensuadas y aprobadas por quienes tienen el mandato ciudadano para hacerlo, que son los congresistas.
 

En otras palabras, el Congreso es para eso, para tomar las decisiones difíciles. Uribe lo ha debido saber, como también ha debido saber que del afán no queda sino el cansancio.