Analista y estratega político, fue secretario de gobierno de Bogotá de Enrique Peñalosa, el director del Instituto de Pensamiento Liberal (y ex columnista de La Silla) dio definitivamente el salto del peñalosismo al liberalismo. es abogado externadista, experto en temas constitucionales, fue viceministro de interior en 1991 y negociador con las guerrillas en Caracas y Tlaxcala.

La semana pasada los medios de comunicación anunciaron que el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, había presentado una denuncia penal en contra del presidente de la corporación, Jorge Pretelt, donde lo acusa de concusión, prevaricato y, supone uno, varios delitos más.

En Colombia, donde el debate público se ha híper-judicializado, la denuncia penal se ha convertido en una herramienta retórica más del discurso político o, en el mejor de los casos, en un instrumento de presión negocial en las disputas privadas. 

Sin embargo, una denuncia penal es una cosa muy seria, tal vez la más seria, diría yo. Tan seria de hecho, que la falsa denuncia penal es de por sí un delito castigado con doce años de pena de prisión.

Antes de entrar en detalles, vale la pena recordar que la noticia de la denuncia, por lo menos en los medios digitales, no tuvo gran repercusión, compartiendo espacio con la muerte de Mr. Spock  y con los memes sobre el verdadero color de un vestido de rayas (¿dorado y blanco?, o ¿azul y negro?: dorado y blanco, obviamente).

Tal vez las cosas hubieran quedado así, si no es porque el Ministro de la Presidencia, siempre pendiente de los pormenores de la rama, se pronunció con una carta alertando sobre la gravedad del asunto y pidiéndole a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que aclarara rápidamente la situación.

Los hechos relatados son increíblemente bochornosos. Un abogado de nombre Víctor Pacheco, apoderado de Fidupetrol, una entidad financiera actualmente en liquidación, le relató al magistrado Luis Ernesto Vargas que había tenido una reunión en la casa de Pretelt, donde este le había pedido $500 millones de pesos para influir en el fallo de una tutela a favor de su cliente, la cual tenía como ponente al magistrado González.

En otras palabras, Pretelt decía estar actuando como intermediario y en complicidad con González para venderle un fallo favorable.

Hasta ahora solo hay una cosa realmente clara: que habrá impunidad. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, impoluto solio de los honorables Yahir Acuña, Pablo Ardila y Heine Mogollón, no tiene ni la capacidad, ni las ganas, para investigar y menos para acusar a sus aforados. Y cuando digo que habrá impunidad no me refiero necesariamente al traspapeleo de la denuncia de González, algo muy probable, sino que el mismo Pretelt, de ser inocente, se quedará sin absolución, con su nombre manchado para la posteridad.

En el fondo, el problema radica en que este tipo de situaciones no se deben resolver a coñazo limpio en un tribunal, y menos en un tribunal que no funciona como la Comisión de Acusaciones. El costo institucional de elevar públicamente un tema cuyo verdadero alcance aún es incierto resulta enorme. Recordemos que la Corte Constitucional era la de mostrar, en contraste con las demás que viven de escándalo en escándalo, y su deslegitimación inevitable es una puñalada al corazón de la justicia.

¿Qué hacer entonces? Por supuesto que la solución no es tapen, tapen. Pretender que no pasó nada es inaceptable, porque evidentemente algo ocurrió.

La forma como se abordan estos temas en otros lugares es a través de la activación en primera instancia de órganos de evaluación ética, usualmente conformados por pares. El estándar de comportamiento ético es mucho más rigoroso que el estándar de comportamiento legal. Mejor dicho, con el estándar ético la mujer del César debe ser honrada y parecerlo, con el estándar legal solo debe serlo.

La consecuencia práctica es que la evaluación del comportamiento ético requiere de un rasero probatorio muy diferente e inferior al utilizado para un proceso legal. Además no tiene que estar atado a la rigurosidad del debido proceso, un concepto judicial, sino a la metodología de evaluación de conducta establecida por los pares que hacen la evaluación.

El resultado, en caso de verificarse la conducta, es una sanción moral de tal naturaleza que la persona simplemente no puede continuar desempeñándose como si nada hubiera pasado. El rechazo de los pares hace imposible que la persona continúe en su cargo y deba por lo tanto renunciar.

En 1969 estalló un escándalo en la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando se supo que el magistrado Abe Fortas había recibido el pago de honorarios por parte de un antiguo cliente, Louis Wolfson, quien estaba siendo investigado por manipulación de acciones. Fortas alegó que se trataba de un acuerdo al que habían llegado en 1966, antes de ser nombrado. Cuando el caso de Wolfson llegó a la Corte, Fortas se declaró impedido y devolvió los honorarios. Wolfson  por su parte fue condenado por dos delitos financieros. Sin embargo, para proteger la reputación de la Corte, los demás magistrados presionaron a Fortas para que renunciara antes de someterse él, y en consecuencia la institución, a la humillación de un proceso de impeachment.

El escándalo de la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo un final feliz. Fortas renunció poco después y fundó la firma Fortas & Koven. Su señora continuó como socia de Arnold & Porter, hoy día una de las firmas de abogados más grandes del mundo, que él también había fundado en 1946. Cuando murió en 1982 las honras fúnebres fueron en el Kennedy Center con la presencia del violinista Isaac Stern.

El escándalo de la Corte Constitucional colombiana apenas comienza y la tragedia está por venir.