Los funcionarios de la época de Alejandro Ordóñez, incluyéndolo a él, deberían explicar porque siempre se pusieron del lado de la empresa brasileña y no del de las agencias estatales.
El Procurador General de la Nación está muy activo y ha conformado un grupo especial para investigar todo el entramado de corrupción que montó Odebrecht para capturar el Estado en favor de sus intereses “empresariales”. Valdría la pena que dentro de las líneas de investigación incluya la conducta de los funcionarios de la propia Procuraduría para develar el papel que pudieron cumplir desde el año 2009 hasta el 2016 en ese proceso de captura institucional.
Los funcionarios de la época de Alejandro Ordoñez, incluyéndolo a él, deberán explicar porque siempre se pusieron del lado de la empresa brasileña y no del de las agencias estatales y porqué a pesar de haber recibido quejas relacionadas con la adjudicación del contrato de la ruta del sol II en la que ya se comprobó que estuvo mediada por un soborno de 6.5 millones de dólares, nada de lo cual encontró la Procuraduría de entonces.
Cada vez que Odebrecht hacía una petición acudía a la Procuraduría para que la apoyara. Así lo hizo en 2015 cuando decidió pedir se convocara unas mesas de trabajo para discutir las desavenencias que mantenía con la ANI. Así lo hizo para que le ayudara a que el tribunal de Arbitramento que se convocó decidiera sus peticiones en su favor. Así lo hizo desde la adjudicación del contrato que la Procuraduría acompaño parea dar apariencia de legalidad a lo que en realidad era el producto de varios delitos. ¡Y la Procuraduría ahí!
La ANI dice que en las mesas de trabajo que se realizaron entre los meses de Julio y Agosto de 2015 la Procuraduría le solicitó a la Agencia abstenerse de iniciar procesos sancionatorios contra el concesionario.
En Septiembre de ese mismo año, Odebrecht volvió a acudir a la Procuraduría para que interviniera, como lo hizo, ante la ANI para tener acceso a una información que la Agencia consideraba reservada para poder iniciar procesos sancionatorios contra el empresario.
¿Por qué la Procuraduría nunca actuó en los otros casos en los que participó Odebrecht, distintos a los de la Ruta del Sol, en los que se han develado irregularidades? ¿Alguien, al interior de la Procuraduría formaba parte del entramado que montaron los brasileros?
Carrillo debería contarle a la ciudadanía cuál fue la actuación de la Procuraduría en las investigaciones que ese organismo debió adelantar oportunamente. Daniel Coronell documentó la forma como se dejó prescribir el asunto en ese organismo de control y en La Silla Vacía se llamó la atención sobre este tema, a ese asunto tiene que responder la Procuraduría no Ordoñez que es uno de los encartados y debería prontamente informar si ha llamado a alguno de sus funcionarios o ex funcionarios a explicar lo que hicieron y si las explicaciones son o no satisfactorias.
Jalar ese hilo podría servir, como ha servido en los otros escenarios, a develar no la actuación de Odecrecht sino de muchos de los contratistas y de los organismos de control en los casos de corrupción en Colombia.
¿Hay colusión entre los órganos de control y los contratistas?, o acaso es que ¿la corrupción se concentra en el ejecutivo y no trasciende o incluso `precede en los organismos de control?
Carrillo que es un hombre serio y disciplinado tiene una gran oportunidad para depurar una institución respecto de la cual hay miles de rumores en todas las regiones de que es usada más como un mecanismo de extorsión en contra de los funcionarios y de intimidación a aquellos que no se meten dentro del esquema de corrupción política que impera en muchas de las entidades territoriales.
Nombrar Procuradores regionales con criterios políticos lo único que asegura es que los designados sean juiciosamente fieles a esos intereses y usen el enorme poder que tienen para perseguir a contradictores y para encubrir a los amigos. Carrillo tiene una enorme oportunidad. Ha conformado una especie de dream team en la cúpula de la institución y deberá hacer un enorme esfuerzo para hacer lo mismo en los departamentos.
Todo lo que se predica de la Procuraduría es también aplicable a la Contraloría que tampoco ha ordenado juicios fiscales por detrimentos patrimoniales en esos casos billonarios mientras se concentra en la auditoría de diez millones de pesos aplicados a apoyar en el uso de las Tics a las mipymes para facilitar un titular que escandalice y diga que el dinero de la ciencia se va para asaderos de pollos y spas. Valdría la pena más rigor y eficacia y menos espectáculo que a esta altura resulta innecesario porque el nivel de desconfianza institucional no puede caer más bajo.
