Desde el punto de vista programático, la toma de empresas que tienen cierto impacto social, como el Éxito, hace parte de uno de los objetivos planteados por el gobierno venezolano en el denominado Plan Nacional Simón Bolivar, que rige todas las acciones encaminadas a la transformación de Venezuela en un estado socialista (por improvisadas y chambonas que se vean desde afuera). En efecto, el Plan Nacional Simón Bolivar prevé que el modelo actual en el que la torta del sector económico se divide entre (i) una minoría de “empresas de economía social”, (ii) un grupo levemente mayor de “empresas capitalistas del estado”, y (iii) el grupo predominantemente mayor de “empresas capitalistas privadas”, se transforme en un modelo en el que los tres tipos de empresas compartan su participación en el sector económico venezolano en iguales proporciones. En la práctica, esto ha llevado precisamente a que el Estado tome el control de empresas de diversos sectores de importancia estratégica para el gobierno, es decir, que el gobierno transforme empresas capitalistas privadas en empresas capitalistas del Estado o empresas de economía social. Así lo ha hecho con empresas del sector eléctrico (Electricidad de Caracas), de comunicaciones (Cantv, RCTV), de alimentos (de manera parcial en empresas como Polar, Cargill, Parmalat, y total en algunas empresas de café), de servicios petroleros (todas las del Lago de Maracaibo), cementeras (Holcim, Cemex, Lafarge), del sector de aluminio (Sidor), del sector financiero (Banco Santander o Banco de Venezuela y recientemente muchos otros), y ahora lo hace con el Éxito, una de las más importantes cadenas de grandes superficies que operan en Venezuela, y que de paso era percibida por el ciudadano de a pie, como una empresa colombiana.  
Desde el punto de vista formal, vale decir, de la legalidad y el debido proceso, la toma de empresas comenzó siendo hecha a través de procedimientos de expropiación legalmente sustentados, y terminó siendo un saqueo sin ley ni orden – salvo la órden de expropiar dada por Chávez en cualquier discurso populista.   A los primeros expropiados se les adelantaba un proceso legal, y se les pagaba  – muchas veces a precios bastante más favorables que el precio al que le hubieran podido vender sus empresas a un tercero -. Así sucedió, por ejemplo, con la Electricidad de Caracas y Cantv. Más adelante, el gobierno empezó a expropiar, pero nunca les pagó a los dueños de las empresas exporpiadas. Tal es el caso de una planta de leche expropiada a Parmalat, y tantas otras como Cemex que terminaron en procesos de arbitramento internacional que se adelantan en otras jurisdicciones al amparo de normas contenidas en tratados de protección a la inversión extranjera que Venezuela tenía con diversos países, y que ha venido denunciando. A los últimos expropiados, ya no se les aplica un proceso de expropiación, sino una toma de control por parte del Estado. Esto, en términos técnicos equivale a una intervención total de la empresa por parte del gobierno, y en términos prácticos equivale a un robo a mano armada (porque normalmente se hacen mediando la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana), a un asalto en el cual se toma militarmente una empresa como si se tratara de un objetivo militar, y se despoja al dueño de la misma no sólo de su propiedad, sino de cualquier recurso jurídico que proteja sus derechos. Para facilitar este forma de piratería moderna de empresas, el gobierno ha expedido normas abusivas que amparan su arbitrariedad, so pretexto de proteger algún derecho colectivo que no pasa del discurso.
Desde el punto de vista económico, la expropiación o la más reciente modalidad de toma de control de las empresas, equivale a darle a éstas el beso de la muerte. Empresa que toca el gobierno, empresa que se muere para su dueño, para sus trabajadores, para su proveedores y sus clientes o consumidores. Así ha pasado con todas las empresas que ha tomado el gobierno: se cae o se acaba su producción, se dejan de pagar los sueldos, se pudren sus activos en algún patio frente a la mirada impasible de quienes creen que con consignas políticas, desconocimiento del negocio y corrupción se puede administrar una empresa.
No obstante todo lo anterior, la toma de control del Éxito llevada a cabo esta semana, tiene una finalidad estratégica superior a la de convertir a esta empresa en una empresa capitalista del Estado o una empresa socialista. La toma del Éxito, con todo el show montado por el gobierno, buscaba hacer el papel de una granada de aturdimiento que atrajera a los medios de comunicación y al público en general, para distraer la atención que han venido recibiendo en las últimas semanas las consecuencias desastrosas de la devaluación, la falta de energía eléctrica en todo el país (que entre otras cosas tiene a la administración pública operando sólo hasta la 1 pm), y la inseguridad y anarquía que sólo en Caracas cobra cerca de 50 vidas por fin de semana. Entre tanto, mientras todos los medios cubrían la toma militar del Éxito y  a unos empleados clamando por su derecho al trabajo, y otros ignorantes aplaudiendo la muerte de la empresa les ayudaba a llevar el pan a la mesa, el Consejo Nacional Electoral expidió una resolución mediante la cual modificó los circuitos electorales donde gobierna la oposición, para diluirlos en otros circuitos electorales dominados por el chavismo. No hubo modificación alguna en los circuitos electorales bajo control oficialista. Para qué? Para asegurarse de que el gobierno mantenga la mayoría de la Asamblea Nacional cuando se lleven a cabo las elecciones que tendrán lugar en septiembre de este año. Hasta ahora, salvo unos titulares en los medios críticos del gobierno, nadie ha reaccionado. Se quedaron viendo el beso de la muerte.