A veces nuestra realidad intrincada encadena dos o tres hechos que iluminan el presente. Cada tanto el pasado cambia su conjugación para invitarnos a posar la mirada sobre lo que sucedió, lo que nunca terminó y lo que tal vez se repetirá.
Esta semana la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para que se precluyera el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Es la tercera vez que la administración de justicia lo dice: hay pruebas suficientes para llevar al Expresidente a juicio.
La ocasión anterior fue en abril de 2022, cuando otra Jueza –28 de Conocimiento de Bogotá– decidió lo mismo. La primera vez fue unos dos años antes de eso, en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento a Uribe con detención domiciliaria. “Siento que estoy secuestrado”, dijo desde su finca en ese entonces.
La defensa de Uribe ha sido una combinación de dilaciones, manipulación y confusión. Al renunciar a su curul en el Senado, su proceso pasó a la justicia ordinaria y la Fiscalía asumió un rol central. Para ese momento ya estaba el frente Francisco Barbosa, mejor amigo y asistente de Iván Duque.
La misión de Barbosita era enterrar el proceso judicial contra el mentor del practicante. Para llevarla a cabo, el Fiscal General puso al frente a dos fiscales tan obsecuentes como él: primero a Gabriel Jaimes y después a Javier Cárdenas. Ambos fracasaron ante la tozudez del expediente que venía de la Corte Suprema; omitieron pruebas, descontextualizaron otras e hicieron gala de su ignorancia sobre derecho penal. Tanto Jaimes como Cárdenas terminaron disecados como ranas por la jueza penal.
Los contundentes reveses de la Fiscalía no impidieron que el fiscal Cárdenas apelara la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. La estrategia es rentable por punta y punta: una decisión favorable termina el proceso y un adversa le devuelve la pelota a la Fiscalía, que insólitamente podría repetir la solicitud de preclusión como si fuera un déjà vu. Y por cualquiera de esos caminos, Uribe seguirá ganando tiempo. Faltan tres años y dos meses para que el proceso muera por prescripción.
Que Uribe jamás vaya a juicio ofuscará aún más la verdad sobre las acusaciones que pesan contra él y su entorno por posibles nexos con grupos paramilitares. Paradójicamente, el Expresidente terminó empapelado por lo menos grave de todo por lo cual ha sido señalado. El delito menos grave quizá, pero también el que podría abrir la caja fuerte de ese capítulo de la historia nacional.
En su informe final, cuyo archivo y sustento entregó el viernes al Archivo General de la Nación, la Comisión de la Verdad ubica el proyecto paramilitar en lo que describe como un entramado: “El paramilitarismo no se trató de simples grupos armados ilegales o ejércitos privados. Fue un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil, desde el orden regional y nacional, que contribuyó en su creación, funcionamiento y expansión”.
A ese mismo entramado se refirió Salvatore Mancuso en su testimonio ante la JEP: organismos de inteligencia al servicio de las autodefensas, fiscales de bolsillo encargados de desviar investigaciones, empresarios y políticos simpatizantes y periodistas aliados en salas de redacción. El periodismo que fue víctima de la guerra también la ayudó a perpetuar.
“Los medios fueron parte de los engranajes que no nos dejaron ver lo que estaba pasando porque dieron más prevalencia a la organización armada, a los emblemas, que realmente a las estructuras de poder que sostenían a esas organizaciones armadas”, le dijo esta semana la politóloga María Emma Wills a María Jimena Duzán.
En el evento de la Comisión de la Verdad, el presidente Gustavo Petro dio otro de sus discursos de senador. Refiriéndose al testimonio de Mancuso y merodeando de alguna forma la noticia sobre Uribe, se preguntó: “¿Por qué no ha aparecido la verdad judicial en Colombia?”. Y en seguida añadió: porque “se ha construido un sistema de impunidad”.
Habituado a los grandes anuncios, el Presidente invocó a la Corte Penal Internacional. No tiene que ir tan lejos. No todavía. Antes de que termine el año tendrá que entregar a la Corte Suprema la terna para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación. Le alcance o no el tiempo para hacer el mandado, el poder prestado de Barbosita terminará.
Durante estos años largos del proceso, a Uribe lo han defendido sus abogados y la Fiscalía; lo defendió el presidente que se inventó y aboga por él su partido; también políticos, empresarios y ciudadanos indignados, y varios medios de comunicación –con la actuación estelar de la Semana de Vicky Dávila–. Defensa como sinónimo de negación, cinismo y desinformación. Un entramado distinto, pero parecido al de ayer. Un entramado nuevo o el mismo que jamás se interrumpió.
Nota. Esta semana en mi canal, un nuevo round sobre la reforma a la salud. Esta vez hablé con la farmacéutica Claudia Vaca.
