Las investigaciones sobre el DAS avanzan con la entrega de documentos reservados por parte de antiguos funcionarios de la entidad. A finales de Octubre, el turno le correspondió a Gustavo Sierra, ex Subdirector de Análisis de Inteligencia, quién además de rendir testimonio aportó sobre las actividades del organismo. Semanas antes, William Romero y Alba Luz Flórez habían hecho lo propio. El ex Subdirector de Fuentes Humanas entregó a la Fiscalía de su antiguo empleador, mientras la detective aportó todos los archivos de su computador en el DAS, los cuales había .
 
La entrega de estos documentos sin duda apoyará las investigaciones, engrosando el acervo probatorio y reforzando los testimonios de otros ex funcionarios. Sin embargo, el valor judicial del material aportado por Flórez, Sierra y Romero no niega el hecho de que todos los documentos allí incluidos fueron conseguidos de manera irregular, y ello es síntoma de un problema que el Estado está en mora de confrontar. La apropiación de información oficial para uso personal es un mal que aqueja a buena parte de la administración pública, y si bien en el caso específico del DAS las pruebas aportadas pueden ayudar al aparato de justicia, lo cierto es que ni Flórez ni Sierra ni Romero deberían haber tenido la capacidad para copiar, sustraer o desaparecer archivos reservados del organismo de inteligencia.
 
Claramente, dichos servidores no son los únicos en apropiarse de archivos que pertenecen al Estado. A lo largo y ancho de la administración pública abundan funcionarios y asesores que tratan la información oficial como si fuera propia. Manejan bases de datos con la discrecionalidad que se les antoje, se guardan estadísticas como si fueran secretos bancarios y, por qué no, conservan copias de toda la información oficial que pasa por sus manos, confundiendo su rol de administradores públicos con el de guardianes pretorianos de la memoria institucional. Con el paso del tiempo, estos “funcionarios de trayectoria” se hacen indispensables para las entidades públicas, al ser los únicos con acceso a los archivos X y la información Y.
 
Reconociendo que ello es una mala costumbre nacional, especial atención debería suscitar este fenómeno en un sector tan sensible como el de seguridad y defensa. La documentación institucional no debe caer presa del capricho o el interés propio del funcionario de turno, y aún menos cuando de archivos militares, policiales o de inteligencia se trata. El tráfico de información oficial es un lucrativo negocio, como lo ilustra la interesados en eludir los controles navales en el Caribe, pero los intereses económicos no son los únicos que impulsan la controversial práctica de apropiarse de información confidencial.
 
En algunos casos, funcionarios bienintencionados erigen archivos personales con miras a la construcción de conocimiento, para beneficio de sus contemporáneos y de generaciones futuras. Ejemplo de ello sería el General Álvaro Valencia Tovar, cuyo reciente “” es lectura obligada para quien quiera comprender el desarrollo de la contrainsurgencia a mediados del siglo pasado. Desde la orilla civil, Rafael Pardo aprovechó su acceso a información privilegiada para escribir “”, el único libro de memorias publicado por un ex Ministro de Defensa en las últimas dos décadas.
 
Otros casos son más controversiales, como la filtración de documentos confidenciales que buscan llamar la atención sobre un fenómeno desconocido o inyectar información útil al debate público. Un ejemplo de lo primero fueron los informes del DAS sobre diversas promovidas por Venezuela en territorio colombiano, tema que valió las portadas de los principales medios nacionales. Una muestra de lo segundo fueron los debates del entonces Senador Germán Vargas Lleras sobre las FARC en la antigua zona de distensión, , aún cuando estaban ampliamente documentados en informes de inteligencia.
 
Con amplia frecuencia, sin embargo, la apropiación de información parece obedecer a motivos menos loables. En el caso del DAS, resulta difícil creer que Flórez, Sierra y Romero hubiesen decidido quedarse con copias de la información reservada para promover el bien común. Resulta más verosímil que estuviesen tratando de protegerse a sí mismos, bien sea ahorrando materiales para negociar con la justicia más adelante, bien sea guardando pruebas de sus “pecadillos” para obligar a sus jefes a protegerlos. Lo primero indicaría serias dudas sobre la legalidad de sus propias actuaciones, lo segundo constituye nada menos que extorsión, y en ambos casos quedan mal parados tanto jefes como subalternos.
 
Las investigaciones del DAS, en este sentido, han puesto el dedo en la llaga de un problema nacional, cuya solución requiere medidas estructurales. En el ámbito normativo, habría que comenzar por hacer valer las leyes vigentes, que sancionan la obtención y divulgación de información reservada. Desde el punto de vista operativo, bien harían los organismos de seguridad en modernizar sus sistemas de archivo, aún muy dependientes del papel y precarios en la protección de información digital. Y no sobraría algo de autocrítica de parte de los medios, cuyas filtraciones de información reservada pueden enriquecer el debate público, pero no obvian el manejo irregular de información oficial.