No recuerdo un proceso electoral donde el volumen de decisiones judiciales con potencial impacto sobre los resultados fuera tan importante.
No recuerdo un proceso electoral donde el volumen de decisiones judiciales con potencial impacto sobre los resultados fuera tan importante.
Para comenzar el Procurador General tiene en sus manos, desde hace meses, decisiones disciplinarias que pueden afectar al Alcalde de Bogotá, por el tema de las basuras; al Gobernador de Antioquia por la entrega de una concesión y por su puesto el ya evidente caso del Gobernador de la Guajira por delitos graves.
La Corte Suprema de Justicia también tiene varias decisiones pendientes: el caso de varios senadores, principalmente del partido Conservador y alguno del Partido Liberal, el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes; la investigación de la Yidis Política contra dos ex ministros y un secretario general del pasado gobierno, el tema de Agro Ingreso Seguro y al menos dos investigaciones contra congresistas de la U y Cambio Radical sobre parapolítica.
El Consejo de Estado está estudiando la perdida de investidura de 9 congresistas, principalmente de la U y el PIN por la conciliación de la reforma a la justicia.
En casi todos estos casos la Fiscalía ha actuado o tiene actuaciones pendientes, pero además adelanta acciones contra el carrusel de la contratación y los concejales de Bogotá, acuerdos de rebaja de penas con personas involucradas en los casos de la DNE y el carrusel de contratación y los testimonios de los paramilitares sobre elementos aun no develados de la parapolítica, uno de ellos relacionado con el caso de los 12 apóstoles y el hermano del anterior gobernante.
Como puede verse de este breve y no exhaustivo recuento, el panorama electoral, para congreso y primera vuelta, puede cambiar de forma muy importante por un conjunto nada despreciable de decisiones judiciales.
