Hace unos días, Transparencia por Colombia publicó el Índice de Transparencia Nacional de Entidades Públicas[1], 2013- 2014. He leído sus resultados y las notas metodológicas que lo acompañan y contrario a lo expresado por los titulares de algunos medios, veo una serie de buenas noticias en sus resultados.
Hace unos días, Transparencia por Colombia publicó el Índice de Transparencia Nacional de Entidades Públicas[1], 2013- 2014. He leído sus resultados y las notas metodológicas que lo acompañan y contrario a lo expresado por los titulares de algunos medios, veo una serie de buenas noticias en sus resultados.
Primero, el Índice no es comparable con los ejercicios realizados por la misma entidad desde inicios de este milenio, pues incluye una revisión a su diseño metodológico:
“El actual enfoque es más estricto y requiere de las entidades una gestión pública a la altura de las demandas de la sociedad y los objetivos de desarrollo del país”.
Sus autores reconocen la existencia de nueva normatividad sobre acceso a la información y lucha contra la corrupción e intentan pasar de una evaluación con más peso en las prácticas reales y menos en las formalidades. Es decir, estamos ante un ejercicio que aumentó los estándares de exigencia.
En dicho contexto, los resultados generales muestran más elementos positivos que negativos:
– El grueso de las entidades evaluadas está en nivel medio de corrupción y son minoritarias las entidades que se encuentran en el rango de riesgo alto.
– De los tres factores evaluados: visibilidad, Institucionalidad y control, el primero obtiene los resultados más altos, es decir, se notan los esfuerzos por aumentar la transparencia y el acceso a la información pública.
– La medición de Universidades públicas e instituciones de educación superior, muestran los resultados, en conjunto, más bajos. Mientras las entidades nacionales logran en visibilidad un promedio de 69.7, las entidades de educación superior en el mismo factor sólo alcanzan 61.7 y así sucede con todas las dimensiones.
– Los organismos autónomos, como el Banco de la República y las superintendencias, logran calificaciones generales por encima del promedio.
Claro hay casos alarmantes, como la Cámara de Representantes, el Consejo superior de la Judicatura, el Ejercito Nacional, las Universidades de Córdoba, Distrital, y otros más. Lo bueno de este instrumento es que permite focalizar los esfuerzos en un grupo de entidades y no asume que la corrupción es igual de grave en todas las entidades ni con todos los funcionarios públicos.
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[1] http://www.indicedetransparencia.org.co/ITN/EntidadesNacionales
