El gobierno, desde su posesión, ha dado indicios de querer presentar una reforma tributaria seria y estructural. Se sabe que en el Ministerio de Hacienda han venido trabajando en el tema y todo parece indicar que se dará en el 2012.

El gobierno, desde su posesión, ha dado indicios de querer presentar una reforma tributaria seria y estructural. Se sabe que en el Ministerio de Hacienda han venido trabajando en el tema y todo parece indicar que se dará en el 2012.

La considero necesaria, y por primera vez en muchos años, la coyuntura económica puede permitir discutir su texto sin los afanes de conseguir la financiación del año siguiente. Su énfasis debería ser en dos elementos: la construcción de la equidad y la simplificación del sistema tributario.

Propongo tres medidas que pueden contribuir al debate:

1. Acercar las tasas nominales del impuesto de renta a las reales: es cierto, como señala FEDESARROLLO, ANIF y algunos organismos internacionales, que nuestra tasa de tributación nominal del 32% es de las más altas de la región, pero también es verdad que la tasa efectiva es bastante inferior en algunos casos; con un buen contador, una zona franca y otras excepciones es posible tener tasas efectivas de pago por debajo del 10% de la utilidades de un año. Entonces, simplificar el sistema tributario y continuar cerrando las exenciones a los grandes ingresos permitirá discutir con mayor transparencia una disminución de las tasas nominales de tributación.

2. Considerar las pensiones como ingreso gravable: en Colombia tenemos un doble regalo tributario en el tema de las pensiones. 1) Cuando el ingreso se ahorra para constituirlas, con lo cual estoy de acuerdo pues incentiva el ahorro de largo plazo. 2) Cuando se reciben los beneficios de la pensión. La propuesta es, simplemente, grabar con la tarifa respectiva los ingresos provenientes de las pensiones.

3. Opción publica de compra de bienes inmuebles: como es sabido en el país, la mayoría de los dueños de predios los declaran muy por debajo de su valor comercial y las transacciones de compra y venta se formalizan ante las autoridades por valores inferiores a los reales. Por ello, una medida que mantiene la presunción de buena fe de los ciudadanos es permitirle al Estado la primera opción de compra de los bienes cuando sienta que los mismos están siendo vendidos muy por debajo del valor real del mercado.