Cabe hacer un rápido recorrido por algunos municipios de Arauca y Meta para constatar que algo no marcha conforme a lo sostenido por el Gobierno Nacional entorno a los logros de la política de seguridad democrática. Son frecuentes los rumores sobre la reactivación y presencia cercana de frentes guerrilleros (Farc, Eln), grupos emergentes (Águilas Negras) o rearmados (Grupo de alias Cuchillo o los hombres del “Loco Barrera”) que se creían al borde de la extinción o la desmovilización. En ocasiones las informaciones son poco fiables y parecen tener como propósito sembrar desconfianza o la incertidumbre; de la noche a la mañana los antiguos enemigos políticos y sociales parecen tomar una identidad desconocida en el pasado y amenazar la frágil estabilidad alcanzada.
En cualquier parte y en cualquier momento puede suceder algo grave. Incluso es dudosa la identidad de los supuestos enemigos, no son distinguibles y las líneas divisorias entre amigos-enemigos, tan entronizadas por el conflicto, parecen desdibujarse: las guerrillas se enfrentan en Arauca, los narcotraficantes y la guerrilla pactan acuerdos en el Ariari; las bandas paramilitares rearmadas se manifiestas contra el gobierno en Casanare y Guaviare; los políticos profesionales rehúyen las investigaciones sobre la parapolítica amparados en nuevos pactos con sus canteras electorales.
Se podría aventurar que en este contexto, los acuerdos legales e ilegales, informales o formales que hicieron posible la relativa disminución de la violencia política y el conflicto en algunos municipios durante los últimos cuatro o cinco años están amenazados o han perdido vigencia por el reacomodo de intereses o la aparición de otros más poderosos, con sus consiguientes actores implicados (Stakeholders). Entonces, la pregunta es obvia: ¿estamos frente al inicio de una nueva ola de violencia regional?
Por Omar Gutiérrez Lemus. ODECOFI- Cinep