Julio fue un mes crítico para las relaciones Bogotá-Caracas. Desde la advertencia de que Iván Márquez estaba “ubicadito“, hasta la cumbre de Cancilleres de UNASUR, pasando por la ruptura de relaciones con Maradona de expectador, el tema central fueron las amenazas a la seguridad colombiana que se proyectan desde el vecino país. Como lo dijo en su momento el Ministro de Defensa saliente, el deteriorio de las relaciones bilaterales se explica por la “tolerancia a la presencia de terroristas en ese país“. Palabras más, palabras menos, para el Gobierno resulta inaceptable que a escasos kilómetros del territorio nacional se dé refugio a terroristas que atentan contra la seguridad de los colombianos.
Las motivaciones del Gobierno Uribe en este episodio han sido cuestionadas. Desde Caracas, el Presidente Chávez ha dicho que Uribe busca “crear un señuelo para desatar una guerra“. En Colombia, ciertos columnistas e líderes de oposición han indicado que el episodio busca crear una distracción frente al creciente escándalo del DAS. Más moderados, algunos de los principales medios nacionales se han limitado a cuestionar la necesidad de desatar la crisis en este momento. En últimas, en Colombia pocos dudan de la permisividad del Gobierno Venezolano con las FARC, pero al tratarse de un fenómeno de vieja data y al ver los magros resultados obtenidos en la crisis, se cuestiona la sabiduría del Presidente saliente en el manejo de tan delicado asunto.
Incluso en medio de la crisis, sin embargo, el ambicioso programa de compra de armas venezolano es un tema del que no se ha vuelto a hablar. Como es bien sabido, el Presidente Chávez ha puesto en marcha un proceso de modernización y ampliación de capacidades militares sin precedentes en la región. Así, fuera de reponer equipos obsoletos e inservibles por cuenta del embargo multinacional liderado por EEUU, Caracas ha dedicado los últimos años a fortalecer ciertas áreas claves de su repertorio militar(como el transporte aéreo) y adquirir nuevos equipos que le permitan cumplir misiones antes fuera de su alcance (como los helicopteros de ataque Mi-35).
En este contexto, el mes de Julio estuvo marcado por varios avances en este proceso. En relación con las capacidades navales, el miércoles 13 el astillero español Navantia informó sobre la puesta a flote del “Kariña“, un patrullero marítimo de 2.200 toneladas con el cual se complentan los 4 buques de esa clase contratados por Caracas. A estos se sumarán prontamente otros 4 buques de menor tamaño, como el BVL Guicamacuto, que a pesar de ser un barco “guardacostas” cuenta con un cañón de 76/62mm, igual al empleado en las Fragatas de guerra colombianas.
El ejército venezolano no se quedó atrás. El 12 de Julio un portavoz de la industria militar Rusa confirmó que en el país Caribeño había comenzado la fabricación de fusiles AK-103. Esta capacidad instalada se suma a los 100.000 AK-103 ya existentes en los inventarios oficiales, producto de una controvertida compra realizada hace 5 años. Más allá de los fusiles, también se registró cierta expectativa por el centenar de tanques T-72 modernizados que deben llegar a Venezuela proximamente, producto del mismo contrato firmado entre Caracas y Moscú.
Sin embargo, las noticias más impactantes correspondieron a la Aviación Militar Bolivariana. El 14 se anunció la próxima llegada de 12 aviones de combate K-8 de fabricación China, con lo cual se completarán las 18 unidades compradas en el 2009. Unas semanas antes, el Presidente Chávez había mencionado sus interés en realizar nuevas compras, con lo cual se aspiraría a completar 40 equipos de este tipo. El mismo 14 trascendió la firma de un nuevo contrato con la china AVIC, para el suministro de 25 aviones de transporte medio Y-12 y dos helicópteros cuyo modelo aún no se conoce. Quince días más tarde, un portavoz de la industria militar rusa confirmó negociaciones con Caracas para la venta de un número indeterminado de aviones de transporte militar.
Finalmente, el 19 de Julio la agencia rusa de exportaciones militares confirmó la venta de sistemas de misiles antiaéreos S-300 al país vecino, marcando la primera vez que un equipo de esta gama ingresa a latinoamerica. De hecho, si bien aún no se conoce el número de sistemas adquiridos, los S-300 resultan especialmente preocupantes por los profundos cambios que significan en el balance de fuerzas bilateral. Por un lado, al tratarse de misiles con un alcance de 200kms, la simple instalación de los mismos en cualquier punto de la frontera significaría un riesgo para las aeronaves colombianas. Segundo, a diferencia de los aviones, buques y fusiles, cuya operatividad depende de la disponibilidad de suficientes pilotos, marinos y soldados bien entrenados, los sistemas S-300 funcionan muy bien con pocas personas. En resumen: gran impacto con mínimo esfuerzo.
A la luz de estas circunstancias, cabe hacer algunas precisiones. Para comenzar, las armas en sí mismas no son razón de preocupación. Chile y Brasil han venido haciendo grandes inversiones en equipo militar, sin que ello genere mayor angustia entre sus vecinos. La diferencia entre los vecinos del sur y el vecino del oriente es que los primeros cuentan con regimenes democráticos cuyas instituciones hacen previsible y controlable el empleo de dichas armas. Hace no mucho los peruanos acusaron a Chile de espionaje militar mediante un suboficial destacado en la Embajada en Santiago, pero incluso en el momento más álgido de la crisis nadie en el Palacio de la Moneda sugirió “mandarle los F-16 a García”.
Además de su institucionalidad democrática, ni Chile ni Brasil tienen vigentes reclamos territoriales con sus vecinos, ni han incorporado dichas reclamaciones a sus cartas políticas. Finalmente, los proyectos políticos de ambos países buscan potenciar su influencia en el continente, sin duda, pero no pretenden “exportar la revolución” más allá de sus fronteras, y ciertamente no buscan mecanismos opacos para adherir lealtades y torpedear proyectos de distinta inclinación ideológica. Enfin, no es lo mismo más e mejores aviones en manos de Chile que más y mejores aviones en manos de Venezuela. Habría sido deseable que el Gobierno Uribe hubiese reconocido esta diferencia a tiempo, y planteado un debate serio sobre las compras de armas venezolanas en los foros apropiados. Desafortunadamente, ello no ocurrió. Habrá que ver cómo lo maneja Santos.