"Gestoras mundiales de paz"

Un grupo de valientes señoras que, al parecer, han luchado contra las dictaduras militares de antaño en el Como Sur, Guatemala y Honduras, ha dirigido una carta al Presidente Santos en el que destacan el extraordinario papel jugado por Piedad Córdoba en la liberación de los integrantes de la Fuerza Pública que recientemente han sido liberados.

Esa misiva, sin asomo de pudor, ha sido también suscrita por la única persona que en el mundo -que digo, en el sistema solar o, incluso, en la Vía Láctea- no podía hacerlo: la propia Piedad Córdoba.

De otro lado, sería interesante conocer las credenciales en la lucha por la paz en el planeta que este colectivo supuestamente tiene. Algo importante tendría que mostrar, por ejemplo, en la solución del conflicto Palestino, o en la tarea de poner fin a los sangrientos conflictos en Sudán, o en los conatos para derrocar a un gobierno sanguinario en Siria, o en la defensa de la democracia, cada vez más debilitada, en Rusia.

Sus intervenciones en estas y parecidas circunstancias, las harían merecedoras del titulo que con tanta generosidad respecto de sí mismas utilizan para actuar en nuestro país.

Llaman la atención las connotaciones simbólicas y los mensajes subliminales que derivan de la integración del grupo. Lo que uno puede imaginar de quienes tienen trayectoria conocida o de su origen, es que sus actividades han estado encaminadas ha denunciar los abusos cometidos por ciertas dictaduras militares que violaron de manera masiva los derechos humanos de sus pueblos.

Tal no es el caso de nuestro país, el cual, a pesar de la magnitud de los ataques que ha recibido de grupos subversivos, paramilitares y mafiosos, ha mantenido sus instituciones democráticas. Que no son perfectas, hay que reconocerlo, como también hay que admitir -y es lo que gobierno, congreso y poder judicial han hecho- que se han cometido abusos graves por agentes del poder estatal.

Pero algo va de los gobiernos de Pinochet, Videla o Ríos Montt en Chile, Argentina o Guatemala a los de Samper, Pastrana o Uribe en Colombia. Quizás las distinguidas señoras que nos visitan creen que lo que aquí encuentran es lo mismo que padecieron en sus respectivos países. Por ello darles el protagonismo que pretenden puede dar lugar a que la opinión pública en los países democráticos piense que estamos en presencia de fenómenos semejantes.

Asumo que el Gobierno es consciente de este riesgo, que significaría un serio retroceso en el status de nación civilizada que ostentamos ante la comunidad internacional. Si no lo fuéramos, mal podríamos ser, por ejemplo, anfitriones de la Cumbre de las Américas o miembros, en la actualidad, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En la carta dirigida al Presidente Santos se hace referencia a los integrantes de las FARC que se encuentran en las cárceles como “prisioneros de guerra”. A muchos va a molestar esta denominación que sin embargo, es correcta. Si hay conflicto interno, tal como ha sido definido en el Derecho Internacional y lo ha reconocido el Jefe del Estado, ese calificativo cabalmente corresponde a quienes en la guerrilla militan y han sido capturados por las autoridades.

Pero la equivalencia que allí se hace entre prisioneros de guerra y “presos políticos” es falsa. Ha dicho con razón el Ministro de Justicia que en las prisiones colombianas están quienes por orden judicial han sido detenidos o condenados por violar el Código Penal. Y este por parte alguna erige como delito profesar convicciones políticas, sino las acciones encaminadas a derrocar las instituciones y los crímenes que se cometen en el desarrollo de ese propósito.

Otra grave inconsistencia conceptual, inadmisible en quienes se auto denominan “Gestoras Mundiales de Paz”, consiste en que se refieren a las personas secuestradas por razones económicas como “retenidas”; curiosamente el mismo término que las FARC utilizan. No señoras: actúen de buena fe. Estas personas son “rehenes”; su secuestro está prohibido con total claridad por el Protocolo II de la Convención de Ginebra sobre los conflictos internos. Ustedes lo saben o tendrían que saberlo.

Por todas estas razones creo que el Gobierno, cuando considere prudente permitir las visitas a los militantes de la FARC que se encuentran en prisión, debe hacerlo con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional o la Iglesia Católica. Piedad Córdoba y sus ilustres compañeras no son confiables como terceros (¿o terceras?) imparciales. Distinto fuera si deciden actuar como voceras de los alzados en armas. En tal calidad podrían prestar valiosos servicios a la paz de Colombia.