Cualquier temor que persistiera sobre la intención del presidente Gustavo Petro de implantar en Colombia un modelo como el venezolano debería disiparse luego de la presentación del Plan de Desarrollo. No hay asomo de una política fuertemente estatista ni siquiera en los servicios públicos esenciales. Que el texto del proyecto no haya provocado una algarabía como la que se arma con cualquier declaración de la ministra de Minas es un indicador de que hay un proyecto no solo moderado sino bien elaborado.
A lo largo del texto hay una expresión de confianza en la colaboración público privada para promover el desarrollo y proveer bienes y servicios públicos. Incluso algunos sectores de izquierda más radical deben estar echando de menos que el Plan no diga que la operación de los sistemas de transporte deba hacerla una empresa estatal, para poner cualquier ejemplo al azar, o que pusiera condiciones para conseguir que servicios como el del aseo estuviesen a cargo de entidades estatales como lo intentó hacer el ahora presidente cuando fue alcalde de Bogotá.
La pregunta es si hay un nuevo Petro, uno más moderado, uno más realista y menos dogmático que el del pasado o el que parece asomar a veces en intervenciones públicas. La respuesta parece ser sí, así los sectores muy visibles que se oponen sistemáticamente a sus políticas no lo reconozcan.
El proyecto de Plan se publicó casi el mismo día que el gobierno anunció que desistía de una de las propuestas más anunciadas, la eliminación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). El anuncio es la respuesta a una reacción grande de la opinión pública y de actores políticos y económicos defendiendo el papel que cumplen esos agentes en el sistema de salud. Petro parece, a diferencia de lo que nos tenía acostumbrados, estar atento a las opiniones de quienes no están de acuerdo con las suyas.
En materia económica Petro es, ¿o era?, un representante de izquierda clásica, convencido de que son las empresas estatales las que deben proveer los servicios requeridos para garantizar los derechos de las personas. Cualquier asomo de un particular es indicio de que esa actividad se va a convertir en un negocio y que su administración solo va a responder a criterios de rentabilidad económica. Pues esa no es la orientación del proyecto de plan que está a consideración del Congreso.
En el proyecto se incluye como propósito principal la estabilidad económica, se reitera que los servicios públicos domiciliarios y los de transporte deben tener fuentes que cubran sus costos con lo que los subsidios a las tarifas, que no se mencionan, quedan en segundo plano. El Petro alcalde estaba abierto a otorgar todo tipo de subsidios para disminuir tarifas a ciertos grupos poblacionales.
El reclamo que se ha oído por estos días es que las metas de crecimiento económico son bajas y que en general esa preocupación enfocada en el crecimiento ha sido abandonada y —diría yo— sustituida por la de la igualdad, que efectivamente parecía ser un propósito más bien despreciado por los cultores de la medición del PIB más que del Gini.
De hecho, si usted usa las herramientas de buscador de palabras en el texto encuentra solo tres veces la palabra “crecimiento” y decenas “igualdad”. Hay decenas de artículos en el proyecto que manifiestan propósitos de mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de indígenas, afros, campesinos, poblaciones Lgtbi y de territorios tradicionalmente marginados y alejados de las condiciones de desarrollo de cuatro o cinco grandes ciudades. Es cierto, en cambio, que se mencionan poco incentivos para atraer grandes inversiones o promover gran empresa o hacer grandes obras de infraestructura. Pues en eso consistía el cambio que prometieron.
La Silla consultó a un grupo de expertos para tener una primera reacción sobre el proyecto y los titulares de los apartes que las recogen parecen reflejar un balance positivo: “se tocan temas claves sobre derechos de las mujeres”; “en materia ambiental son muchas las razones para celebrar”; “el enfoque regional brinda muchas oportunidades”; “hay un esfuerzo importante en educación superior”, mientras que solo un par expresan algún reclamo: las metas en seguridad parecen muy poco ambiciosas y los campesinos no están suficientemente mencionados.
El proyecto pareciera tener la impronta de un nuevo Petro, el que se concentra en los temas ambientales más que en el debate tradicional del papel del Estado en la economía. Todo el proyecto está estructurado en ese propósito: los asuntos de ordenamiento territorial, los de transición energética, los de producción económica.
Hay, claro, artículos puntuales que generan preocupación. Las ambiguas e imprecisas facultades extraordinarias que se solicitan no resistirían un examen constitucional; la intención de saltar la reforma a la salud y —por la puerta de atrás— modificar el tema de intermediación financiera; la amplia autorización de contratación directa con algunas organizaciones que puede convertirse en riesgo de corrupción y otros varios artículos ojalá sean corregidos durante el trámite en el Congreso.
Es casi seguro que el Petro del balcón del próximo martes, con la Plaza de Armas de la Casa de Nariño de Bogotá seguramente llena, se parecerá más al Petro de antes y su discurso les dará temas y titulares a la oposición y los sectores que rechazan casi intuitivamente sus propuestas, los titulares que no dio el proyecto de plan por moderado. Un par de días después volverá el nuevo Petro y esos sectores seguirán preguntando ansiosamente cuál es el verdadero.
