Por: Héctor Riveros
La controversial comparecencia del ex presidente Uribe ante la Comisión de la Verdad sirvió para que finalmente dejara clara las razones de su oposición al acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de las FARC: le parece que le sobra justicia a pesar de que lleva años criticándolo por, según él, ofrecer impunidad a los ex guerrilleros.
Propuso una “amnistía general”, propuesta que había sido anticipada por su hijo Tomás en noviembre pasado.
Sus seguidores quedaron descolocados porque habían repetido con toda convicción que los guerrilleros debían ir a la cárcel y que el acuerdo de La Habana había diseñado una justicia para perdonarles sus penas, lo cual resultaba éticamente inaceptable. Pues Uribe propuso que les perdonaran todo a todos, incluso a Epa Colombia.
Es cierto que el aparente cambio de posición pareciera desconcertante, pero en realidad lo que hace es destapar las cartas. Al ex presidente Uribe nunca le ha parecido inaceptable el perdón incluso para los delitos más graves. Todo lo contrario, desde la amnistía al M-19, pasando por la propuesta de tipificar como sedición los delitos de los paramilitares para poder amnistiarlos, por la política de desmovilización individual que le asegura impunidad a quien se acoge a ella, hasta la “amnistía general” del lunes pasado, siempre ha estado de ese lado.
En estos años, por razones de estrategia política, ha promovido la simulada idea de la indignación por la impunidad, pero ese en realidad era el camino para finalmente llegar a donde llegamos: que si vamos a cerrar el largo conflicto armado que hemos sufrido los colombianos mejor dejemos así, que, para decirlo coloquialmente, no nos pongamos a “meniar” el “relato histórico”, porque eso sí es inaceptable.
Lo grave no es la justicia sino la verdad.
Esfuerzo vano el del ex presidente porque los elementos centrales de lo que ocurrió en el marco del conflicto armado en Colombia son de público conocimiento.
Pareciera que él cree que no y trata, como las mamás en algunas familias, de disimular las conductas indebidas, en éste caso de los agentes del estado, para evitar la “deshonra”, por eso insiste en la asimetría del tratamiento y se mantiene en la idea de que los militares o no vayan a la justicia o vayan a una distinta a la que están yendo los guerrilleros.
Está profusamente demostrado, incluso judicialmente, que para combatir a la guerrilla se incurrieron en múltiples violaciones a los derechos humanos, las peores de nuestra historia, por parte de agentes del estado, que se asociaron con particulares que coparticipaban en los crímenes y otros que los financiaban. Los detalles escalofriantes están en sentencias de las altas cortes en asuntos penales, administrativos y constitucionales, e incluso en varias de tribunales internacionales.
La Fiscalía General de la Nación, no la JEP acusada de parcializada, acaba de “imputar” delitos al propio Comandante del Ejército por centenares de “ejecuciones extrajudiciales”.
En la justicia ordinaria, no en la transicional donde Uribe dice que obligan a los militares a confesar delitos que no cometieron, hay centenares de confesiones de ex militares sobre cómo ejecutaban los “falsos positivos”, ahí hay miles de expedientes con evidencias de cómo particulares financiaban a los paramilitares para comprarles “seguridad” y de cómo políticos de todas las pelambres se aliaron con los unos y los otros para asesinar a sus contradictores, impedirles competir a sus competidores y saquear las arcas públicas.
Se sabe que en esa alianza entre agentes del estado, paramilitares y empresarios del sector agropecuario resolvieron despojar de sus tierras y desplazar a centenares de miles o incluso millones de personas.
Claro, los vejámenes de la guerrilla fueron tanto o más crueles, pero su condición de criminales no está en discusión. Asesinos, terroristas, abusadores y reclutadores de menores, secuestradores, extorsionistas, despojadores, narcotraficantes. El punto es que se quiere mantener la idea, insostenible por las evidencias, de que durante estas décadas fueron ellos los únicos que cometieron actos atroces.
Hay como la sensación de que cualquier cosa que se sepa del actuar criminal de la guerrilla no nos aterra, ya lo sabíamos e incluso suponíamos mucho más sobre su crueldad, pero que lo que se sepa de los otros partícipes en el conflicto nos escandaliza porque “la familia” sigue sin querer reconocer las bajezas de algunos de sus miembros y el sistema de justicia transicional nos lo pone de presente.
En la intervención de Uribe ante la Comisión de la Verdad hubo cambios de la actitud negacionista que había sostenido hasta ahora: “no lo podía creer”, “me engañaron”, “me equivoqué diciendo que no estarían recogiendo café”. Son avances hacia el reconocimiento de la ocurrencia de hechos espeluznantes que nunca ha reconocido ni rechazado y hacia algún tipo de aceptación de responsabilidad, al menos política.
Algunos se quedaron en la inviabilidad jurídica de la propuesta de “amnistía general”, que claro que los es; en el escenario; en la insistencia en no reconocer la legitimidad de la Comisión, la cual estaba reconocida previamente aceptando comparecer ante ella en la forma que fuera.
Uribe ha resuelto asumir la vocería de esos otros actores, distintos a la guerrilla, que en el marco del conflicto cometieron delitos, para reclamar para ellos un trato simétrico, unos tribunales especiales distintos a los creados en el acuerdo con las Farc, pedir beneficios judiciales, incluso el perdón.
Así comienzan las negociaciones, pidiendo cosas imposibles, y es cierto que con esos otros actores no se negociaron condiciones de reconocimiento de responsabilidades por beneficios. Las que hay, que son muy grandes y que los cubren a ellos también, son fruto de acuerdos con las Farc.
Si el ex presidente asumió su vocería, como ha tenido la de un importante porcentaje de la sociedad colombiana que considera que esas conductas se justificaban, o al menos se explicaban, para combatir y defenderse de la guerrilla, pues valdría la pena ver si es posible conseguir un acuerdo que de verdad cierre el capítulo del conflicto armado.
El acuerdo con la Farc no ha conseguido el apoyo ciudadano ni político necesario para que sea el verdadero cierre, las pruebas son no solo los ciclos de violencia repetidos, sino la controversia nunca cerrada sobre su contenido.
De pronto, un diálogo a partir de las afirmaciones del ex presidente, no para convenir una “amnistía general” que resulta imposible sino unas reglas de reconocimiento de responsabilidades aceptables para todos, sea útil para, de verdad, cerrar el capítulo que nos mantiene bloqueados.
