Ante los confusos hechos relacionados con el hurto de dinero en la vivienda de la Jefa del despacho presidencial y los procedimientos extrajudiciales que se llevaron a cabo para determinar a los responsables, todo el mundo emitió opiniones y “sentencias” en pocas horas. El presidente Petro afirmó que su funcionaria era una víctima de hurto y que todo lo demás se había llevado a cabo dentro del marco de la ley. Por otro lado, el Fiscal General encontró que tanto lo primero como lo segundo estaban probados y que esto último era parte de una conducta sistemática. “Han regresado las chuzadas”, afirmó. Un sector de la opinión fue más allá al condenar los hechos y afirmar que era solo la punta del iceberg, mientras que otro sector exoneró, minimizó y atribuyó todo a un complot.
Del primer hecho, nadie duda: hubo un hurto de dinero. ¿Cuánto? Depende de las “investigaciones”. Una de ellas sugiere una cantidad pequeña, incluyendo la versión de la víctima, quien menciona alrededor de 3 o 4 mil dólares. Otras “investigaciones” mencionan una cifra de 150 millones de pesos, basada en un testimonio, mientras que otras sugieren una suma de miles de millones, basándose en un “indicio”: se movilizó un gran aparato para dar con los responsables, ese despliegue no se habría dado si la cantidad fuera poca.
En cuanto al segundo hecho, las “investigaciones” no son tan concluyentes, pero han servido para emitir condenas o exoneraciones.
La investigación rápida del Fiscal General concluyó que el hecho ocurrió, era un delito, formaba parte de una práctica recurrente, resultaba de un abuso de poder al utilizar recursos públicos para resolver un asunto personal, y que el hecho de que la funcionaria más cercana al Presidente fuera víctima no ponía en riesgo la seguridad presidencial.
Por otro lado, la versión del Presidente lo llevó a concluir que el hecho no ocurrió o no era un delito. “Todo se hizo dentro del marco de la ley”. Sin embargo, soltó una frase que podría llevar a otra interpretación: se refirió al desespero de una mujer víctima, madre primeriza y “recién parida”. Esto podría sugerir que los hechos, o al menos parte de ellos, sí ocurrieron, e incluso podrían haberse llevado a cabo de manera ilegal, pero el Presidente encontró una justificación basada en la angustia de una madre primeriza.
Ni uno ni otro han contrastado versiones, evaluado las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, ni escuchado a los posibles implicados. Hicieron preguntas, obtuvieron alguna información y dictaron su “sentencia”. Es cierto que el Presidente no lleva a cabo investigaciones judiciales, aunque sí supervisa las administrativas que puedan resultar necesarias. Por otro lado, el Fiscal General es el jefe de un aparato judicial que está obligado, más que nadie, a respetar el debido proceso.
Hasta aquí, el panorama ya sería dramático desde el punto de vista institucional, pero a esta “novela”, como se le ha calificado de forma unánime, le falta la actuación más impactante, la de dos “actores” llamados “la opinión”, pero que juegan papeles opuestos.
Uno de esos actores llegó rápidamente a la conclusión de que los hechos, los desplegados para dar con los responsables del hurto, sí ocurrieron, pero repartió rápidas exoneraciones: “no ocurre en el gobierno del cambio”, “que paguen los responsables”.
El otro actor, también llamado “la opinión”, no tiene duda sobre la ocurrencia de los hechos, de que son constitutivos de delitos, pero tampoco duda de que son solo algunos de los múltiples delitos cometidos por quienes conformarían una especie de banda criminal. La postura de los otros actores es desconcertante, pero la de este actor es realmente impactante.
Asumen, sin fórmula de juicio, que esto es “solo la punta del iceberg” y además afirman, sin titubear, que el resultado de estas indagaciones puede llevar a que algunos de los implicados revelen “todo lo que saben” sobre los demás, y lo que “saben”, por supuesto, son más delitos.
Incluso una nota de La Silla recogió la postura de este actor. “Círculo cercano del Presidente teme un chantaje de Benedetti”. En la nota, ni en la postura de este actor parece haber duda de que, por ejemplo, durante la campaña se cometieron muchos delitos, varios de ellos relacionados con la financiación de la misma. Incluso asumen como probable que haya conductas privadas del Presidente que pueden tener relevancia pública y resultar indebidas, y también consideran muy probable que estén ocurriendo hechos de corrupción y que unos puedan delatar a los otros.
El nivel de certeza con el que este último “actor” afirma lo que afirma es realmente preocupante, ya que no hay pruebas que lo respalden, simplemente es la expresión de una profunda desconfianza que conlleva al deterioro de la legitimidad gubernamental y a la gran brecha existente en la estructura institucional.
Incluso en “novelas” anteriores, el otro “actor” que también se llama “la opinión” sostenía lo mismo sobre quienes ocupaban la Casa de Nariño en ese momento, e incluso lo sigue haciendo cuando cambia el escenario y se habla, por ejemplo, de los sobornos de la multinacional Odebrecht. Ese “actor” no duda de la existencia de delitos, así como la otra “opinión” afirma que también hubo delitos en las financiaciones de campañas anteriores, entre otros.
Dos preguntas surgen: ¿Qué papel estamos desempeñando cada uno en esta “novela”? Y ¿para qué investigaciones si todos sabemos lo que sucedió?
