En la que se suponía sería la peor semana para el presidente Petro en los diez meses en el cargo, el gobierno logró firmar un cese del fuego con el ELN que les había sido esquivo a varios presidentes, elegir al nuevo presidente del Senado de entre los miembros de su coalición, aprobar en primer debate la ponencia del proyecto de reforma pensional, tener el apoyo explícito del gobierno de los Estados Unidos y probar que tiene una base social no deleznable que está activa en su favor. No poca cosa.

El torbellino que se creó por el aparente abuso de poder en el que podría haber incurrido la jefa del despacho presidencial y la disputa pública entre ella y el exembajador Benedetti que puso la manta de la duda de posible financiación ilegal de la campaña presidencial auguraban que la capacidad de gobernar del presidente se había debilitado a niveles críticos. Sin embargo, el resultado de otra semana frenética parece desvirtuar esa hipótesis.

Una de las condiciones de gobernabilidad es, claro, el apoyo ciudadano a la gestión del gobernante. Se sabe que Petro ha perdido apoyo, aunque mantiene un 30% que es su voto duro, el que ha tenido a lo largo de su carrera política y que le ha servido para aprovechar coyunturas y llegar a la Alcaldía de Bogotá y a la Presidencia. Las marchas, convocadas por el propio gobierno, que no fueron multitudinarias, sirvieron, sin embargo, como lo repitió Petro varias veces, como para convencerse de que “Petro no está solo”.

Sería un error desconocer que el presidente no solo tiene el apoyo, sino que representa a un sector social integrado por decenas de organizaciones de distinta naturaleza, que están organizadas y dispuestas a expresarse ante el llamado gubernamental. Son sindicatos, organizaciones juveniles, partidos políticos, movimientos de mujeres, de víctimas, animalistas, ambientalistas. No son la mayoría de la población, pero es el sector más organizado. La oposición difícilmente consigue una movilización como la que lideró Petro el pasado miércoles.

La circunstancia de tener que elegir a un nuevo presidente en el Senado, que ejercerá por pocos días, abría la posibilidad de que los partidos distintos a los que conforman el Pacto Histórico desafiaran al gobierno y mantuvieran un estado de interinidad que permitía que quien presidiera fuera un senador por fuera del Pacto. Eso no solo no pasó, sino que los 84 votos, que son las tres cuartas partes de los integrantes de esa corporación, son una prueba de que ahí tampoco se debilitó la gobernabilidad.

En medio de la turbulencia, el gobierno consiguió aprobar la ponencia de la reforma pensional y casi asegurar su aprobación en primer debate, mientras que el ministro de salud avanzaba en acuerdos sobre el contenido de la reforma a la salud que le podrían abrir paso para su aprobación en el segundo debate en la Cámara. El gobierno está dispuesto, según parece, a mantener el aseguramiento en la EPS y con ello conseguiría avanzar en el trámite legislativo habiendo logrado que los recursos se administren en una entidad pública, que se restrinja la integración vertical entre EPS e IPS, que se regularice la situación laboral de los trabajadores del sector salud, que se adopte –para lo cual no se requería reforma– una política preventiva en salud y que se procure el fortalecimiento de los hospitales públicos.

El gobierno de los Estados Unidos, que es eso que en términos de gobernabilidad se llama un “actor estratégico”, fue explícito y lo hizo en dos oportunidades para que no quedara duda en su apoyo al gobierno. No matizó su apoyo e incluso pareció dispuesto a involucrarse en la negociación con la guerrilla del ELN.

La “bendición” estadounidense es una condición para poder gobernar en un país monitoreado como pocos por su condición de enorme productor de sustancias psicoactivas y por ser escenario del último reducto de guerrillas comunistas. El retiro de la visa al exembajador Benedetti puede contarse también como una ayuda para que este sea considerado como un caso aislado.

No es tampoco un gobierno debilitado el que consigue firmar un cese del fuego con una guerrilla que se había negado sistemáticamente a hacerlo con todos los gobiernos que han sido en los últimos 40 años. Para ello se requiere que el ELN crea que es posible avanzar en un acuerdo definitivo. Amarrar, si se logra y ojalá sí, a frentes casi independientes sería una prueba ácida.

Ese cese del fuego también parece una buena prueba de la capacidad de conducir a las Fuerzas Militares, las cuales han sido involucradas en las decisiones de este proceso de negociación, sin lo cual el fracaso estaría asegurado.

Petro mantiene además vivo un “rollo”, eso que llamarían una visión de la sociedad, la repite, pero además consigue imponerla como la agenda pública. Basta mirar el programa del Congreso bancario que con toda la pompa se desarrollará esta semana.

Los banqueros tienen dentro de su programación temas como el fomento de la “economía popular”, concepto apropiado por el gobierno, harán foros sobre la inclusión y la diversidad desde la perspectiva del crédito, hablarán de derechos humanos, en fin, seguirán con juicio la “línea” petrista.

Los resultados del gobierno en algunos sectores podrán ser malos, seguramente lo serán, habrá turbulencia permanente y tocará mantener los cinturones de seguridad abrochados, pero que el piloto sigue al mando no cabe duda.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...