Ilustración: Los Naked

Por: Héctor Riveros

El Presidente promulgará, finalmente,  en los próximos días el acto legislativo que ordena dar representación adicional en el Congreso a los territorios más afectados por el conflicto. Lo hará a escondidas para mostrar su disgusto y después hará declaraciones destempladas que revictimizarán a los habitantes de esos territorios.

El proceso de aprobación de esas curules adicionales en la Cámara de Representantes, equivalentes al 8% de su conformación, demostró, una vez más, que cuando se suscribió el acuerdo que permitió la desmovilización de las Farc no estábamos listos para eso que llaman “la reconciliación”. La mezquindad política y el egoísmo individual nos ha superado.

Ha sido más fácil aprobar los beneficios para los ex combatientes que aquellos asuntos que van dirigidos a reparar los horrores de la guerra. Nadie discute ni los opositores al acuerdo, que los ex guerrilleros paguen unas penas alternativas. El debate sobre los subsidios económicos para facilitar su reinserción es casi nulo. Hay controversia sobre su presencia en el Congreso, pero eso se aprobó con una amplia mayoría y en cambio las curules que mejoran la representación de las zonas más afectadas por la guerra aún no terminan su tortuoso camino para su aprobación.

Paradójicamente el gobierno que representa la oposición al acuerdo ha cumplido satisfactoriamente con la reinserción de los ex combatientes, les ha dado lo convenido e incluso ha asumido compromisos adicionales como la compra de los terrenos donde transitoriamente se concentraron para entregar las armas, pero se opone a todo lo que repara los estragos de la guerra o previene nuevos ciclos de violencia.

El capítulo uno del acuerdo, que tiene unas ideas de cómo cambiar las formas de producción y la situación social de las personas que habitan las zonas rurales del país, se quedó escrito, afecta los intereses de grandes propietarios de tierra y repara a campesinos desplazados. Las dos cosas les resultan intolerables.

Del fortalecimiento de la democracia y el mejoramiento del diseño del sistema político, ni hablar. Tanto que ahora la Corte Constitucional aprovechó la sentencia que revivió la personería jurídica del Nuevo Liberalismo para recordarle al Congreso que ahí tiene una tarea pendiente, que seguramente no se irá a hacer pronto porque nadie tiene interés en ello.

Las curules adicionales en el Congreso tenían el propósito de repararle a los habitantes de las zonas más golpeadas las limitaciones que tuvieron que soportar durante décadas para el ejercicio libre de sus derechos políticos vulnerados por organizaciones armadas ilegales de todos los pelambres que les impedían ir a votar, o los obligaban a hacerlo por determinados candidatos, o les impedían postularse e imponían una “elección” con un solo candidato.

Así pasó, decenas de veces, en la Costa Pacífica, en el norte del Cauca, en el bajo cauca antioqueño, en el César y Magdalena, en los Montes de María y en todas las 16 zonas identificadas en el acto legislativo. Quizás si algún reproche merecía la idea es que no reparara a otros municipios que no entraron en la lista en donde el poder político se configuró a sangre y fuego como en el magdalena medio.

Resultaba apenas justo que ahora se les diera, transitoriamente, una reparación adicional. Para el Cauca, por ejemplo, no puede ser sino bueno que se elijan dos representantes adicionales a los cuatro que ahora elige, eso le debe permitir incidir más en la adopción de políticas públicas para promover su desarrollo e intermediar por recursos públicos de inversión. Sin embargo, una senadora caucana, inteligente y honorable, como la senadora Paloma Valencia, lleva dedicada los últimos diez días a expresar su desacuerdo porque su departamento de origen tenga esa representación adicional. ¿Quién y cómo se entiende?

Para esos territorios, que en la jerga burocrática se conocen como PDETS, también se adoptaron medidas de reparación económica: los planes de desarrollo territorial de los que el gobierno se enorgullece de haber puesto en marcha, los incentivos tributarios para la localización empresarial que han producido algunos resultados y el esquema de inversión llamado de obras por impuestos. Ese conjunto de medidas que desgraciadamente se pueden gestionar con la lógica clientelista se aprobaron pronto y se promueven unánimemente con entusiasmo.

Los opositores al acuerdo fueron muy eficaces en la comunicación diciendo que la representación política adicional era para las Farc y logró posicionar esa creencia cuando en realidad el equipo negociador propuso ese punto en los diálogos de La Habana para todo lo contrario, para reducir las expectativas que tenía esa guerrilla en cuanto al número de curules a las que podía aspirar en el Congreso. “Para que las Farc se bajen de las 15 curules que esperan, ofrezcamos esto”, fue la lógica del equipo negociador que resultó impecable inicialmente.

Era totalmente previsible que la guerrilla convertida en partido político no contara con el apoyo electoral de quienes habían sido víctimas de sus oprobios, sin embargo ahora el Presidente dice que esas personas no eran víctimas sino cómplices de la guerrilla y que a él no le gusta que esos territorios tengan una representación adicional porque a quienes fueron víctimas él los califica como sus aliados históricos. Habrase visto el tamaño de la injusticia.

Ante la eficacia comunicativa de la oposición, las curules que amplían la representación de las zonas en donde no se podían ejercer libremente los derechos políticos se volvieron “curules de las víctimas” en el debate en el Congreso para hacerlas viables, entre otras porque los principales opositores eran los congresistas de esas zonas que no querían tener más competencia, ni disminuir su poder relativo.

Pensadas como representación de las víctimas, su diseño tiene algunos problemas. Hay que reivindicar la idea original: eso lo que busca es mejorar el peso específico del Cauca, para seguir con el ejemplo, o del Caquetá donde la guerrilla mató sistemáticamente a los candidatos que no eran de sus afectos y eso se va a lograr y será una medida reparadora mínima.

Alguien que le explique con plastilina al Presidente. Probablemente no tendrá la  nobleza de reconocer públicamente ese acto de reparación pero por lo menos conseguirá recordar que cuando en su partido se inventaron los slogans para oponerse no se trataba de argumentos sostenibles sino de efectos rápidos.

Quizás así no diga dos cosas que en boca de un Presidente de la República resultan aterradoras: que los habitantes de las zonas más afectadas por el conflicto no eran víctimas sino cómplices y que, como los sostienen voceros de su partido, en esos territorios las elecciones no son libres sino coaccionadas por poderes ilegales. Por favor, si lo piensa, que no lo diga.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...