Los representantes a la Cámara de las “curules de las víctimas” dijeron ayer que no votarían el presupuesto general de la Nación, para la vigencia de 2023, si no incluía un incremento en el dinero que se destina para indemnizar a las víctimas del conflicto. Resulta que el monto que se propone es el mismo que dejó programado Duque, como si la postura de los dos gobiernos frente a las víctimas fuera la misma.
Es llamativo que, de los 14.5 billones de pesos que se adicionaron al presupuesto preparado por el gobierno anterior no se hubiera asignado ni un peso para acelerar el proceso de pago de la indemnización administrativa a las víctimas, que, de seguir con el mismo ritmo, han dicho los organismos de seguimiento, tardaría más de 60 años en lograrse.
En el registro nacional de víctimas hay más de nueve millones de personas inscritas y de ellas solo se ha indemnizado a un poco más de 1.2 millones. Durante el cuatrienio de Duque se programó indemnizar a algo más de 500 mil víctimas y escasamente se va a llegar a las 300 mil. Había la expectativa de que con llegada al gobierno del Gustavo Petro y su fuerte compromiso de cumplir el acuerdo de La Habana se reflejara en lo que se debe reflejar en este caso que es en más recursos para poder hacer los pagos.
¿Es que en el Plan de Desarrollo del nuevo gobierno la meta de indemnizados será prácticamente la misma? Seguramente ese no es el interés del Presidente, pero hasta ahora en la formación del presupuesto no ha habido ningún interés en aumentar el rubro y las proposiciones que han presentado los representantes de las “curules de víctimas” han sido desechadas.
Petro tiene especial interés en el cumplimiento del punto 1 del acuerdo, relacionado con del desarrollo rural integral y en particular con la asignación de tierras, para víctimas y no, por eso la mejor tajada de la adición de los 14.5 billones se la llevó el sector de agricultura, al cual hay un acuerdo de asignarle más de dos billones. De hecho, el único rubro, de los destinados a víctimas, que tendría incremento es el de restitución de tierras al cual se le asignaron 120 mil millones.
El proyecto de presupuesto plantea -repito, lo que programó Duque- que la Unidad de reparación a las víctimas reciba una asignación equivalente a la del año 2022, con un incremento equivalente al de la inflación, de aproximadamente 11 o 12%, que alcanzaría para indemnizar a menos víctimas que las que se hubieran podido indemnizar este año.
La indemnización administrativa se tasa en salarios mínimos y todo hace suponer que, con semejante inflación, el gobierno de Petro decretará un incremento cercano al 15%, es decir dos o tres puntos por debajo del incremento presupuestado. En término reales el primer presupuesto del actual gobierno para las víctimas sería menor que el de Duque, lo cual resulta políticamente incomprensible.
Las víctimas tienen ahora una representación política significativa, 16 representantes, que si trabajan como bancada sería la quinta bancada más grande de la Cámara de Representantes lo cual, además del compromiso gubernamental, debiera servir para acelerar un proceso que debería programarse para diez años que es el tiempo por el cual se amplió la vigencia de la ley de víctimas.
El pulso se dará en cuatro momentos, ahora en el presupuesto de 2023, dentro de unas semanas cuando se presente el proyecto de presupuesto bianual de regalías, en el primer trimestre, cuando se adicione el presupuesto con los nuevos ingresos que resulten de la reforma tributaria y se presente el proyecto de Plan de Desarrollo. En cada uno de esos momentos se medirá el nivel de compromiso del gobierno Petro con las víctimas. Duque dejó la vara bajita y no sería presentable que la intención sea quedarse en el mismo nivel.
En el presupuesto bianual de regalías hay una prueba compleja, porque en el que corresponde al 2023 – 2024, se tendrá que reflejar la bonanza de precios y el aumento de la tasa de cambio de los últimos dos años, que dejarán un superávit superior a los 12 billones de pesos. La Constitución dice que se debe asignar al OCAD PAZ el 7%, pero hay quienes dicen que ese porcentaje solo se aplica al presupuesto inicial y no a los ingresos extraordinarios no recaudados.
¿El Gobierno va a agenciar la interpretación más desfavorable para las víctimas?, uno asumiría que no y que, sin ningún regateo, les reconocerá un rubro adicional de algo más de 800 mil millones de pesos, con lo cual se puede acelerar de verdad el proceso de pago de las indemnizaciones para que la idea de que se necesitan más de 60 años deje de ser una especie de chiste cruel.
La “bancada de paz”, como se están haciendo llamar los representantes de las curules especiales, provenientes del acuerdo de La Habana, que costó tanto aprobar e implementar han dicho que con esos votos no cuenten en la Cámara si no hay un compromiso oficial de, al menos, duplicar la meta que planteó dique en su cuatrienio.
Esa postura les plantea un desafío a los miembros de la coalición de gobierno, en especial a quienes se reclaman ser defensores de la implementación del acuerdo que permitió la desmovilización de las Farc. ¿Las bancadas del Pacto Histórico, liberal, la U, Comunes, Verdes aprobarán, para las víctimas, el mismo presupuesto que dejó Duque?
Llegó el tiempo de las decisiones y es ahí donde se mide qué tanto es el cambio.
