Vamos a completar cuatro años en los que, en la práctica, la Fuerza Pública colombiana ha carecido de comandante civil, como es el diseño institucional que se lo confía al presidente de la República. Iván Duque nunca entendió cuál era su papel en esta materia y, en consecuencia, la Fuerza Armada se ha “mandado sola”.
La razón por la que se considera de la esencia de las democracias la subordinación civil de las Fuerzas es justamente para garantizar que actúan en el marco de la Constitución y que se ejerce un control civil para corregir en aquellos casos en los cuales la conducta de sus miembros no se adecúe a los mandatos del Estado de Derecho.
Duque entendió que la condición de comandante supremo era para entregar condecoraciones, recibir informes sin cuestionarlos y defender y justificar las conductas de soldados y policías cuando había denuncias de eventuales abusos, exactamente lo contrario de lo que le correspondía que era liderar, ordenar, cuestionar y sancionar si fuere el caso.
Esa especie de vacío ha producido efectos muy negativos en materia de seguridad, de debilitamiento institucional, de disciplina, de derechos humanos y de confianza ciudadana.
Lo de ayer fue la tapa: el Comandante militar de las Fuerzas Armadas arremete contra un candidato presidencial, viola el principio de neutralidad y lo que recibe, en vez de una reconvención del comandante civil, es no solo un apoyo incondicional, sino un incentivo para repetir su conducta, seguido -tristemente- de un aplauso sonoro de un grupo de empresarios reunidos en un congreso gremial que claramente no son conscientes del del daño institucional que aplauden, de todo lo cual se arrepentirán tarde.
El artículo 219 constitucional le impone a la Fuerza Pública el carácter de no deliberante, como una garantía “de su neutralidad en el desarrollo de la vida política y democrática de la nación”, que, como lo ha precisado nuestra Corte, “es especialmente necesaria debido a la facultad del uso de la fuerza y de las armas. Por ello esta Corte ha dicho que “la función de garante material de la democracia, que es un sistema abierto de debate público, le impide a la Fuerza Pública y a sus miembros -que ejercen el monopolio legítimo de la fuerza- intervenir en el mismo”.
Es simple, no hay dudas sobre si debe ser así o no, no hay excepciones, no hay justificaciones. La Constitución no dice, como pareciera creer el presidente de la República, “salvo que los contendientes políticos hagan cuestionamientos…”, o algo por el estilo.
Duque semanalmente omite sus deberes de comandante de las Fuerzas cuando ha justificado conductas abiertamente contrarias a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
La solidaridad de cuerpo del estamento civil con el militar distorsiona el papel del primero y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Duque cree que reclamando para que “no enloden a las Fuerzas Armadas” cuando se denuncian hechos evidentes de corrupción o de abuso de la fuerza le hace un favor a la institución militar y, claro, produce el efecto contrario.
El presidente sabe que miembros de la Fuerza Pública incurren en conductas delictivas de favorecimiento a grupos criminales del narcotráfico, como lo señaló Gustavo Petro; eso se ha documentado centenares de veces por nuestros jueces. Incluso la Fiscalía recientemente produjo un informe escandaloso sobre vínculos de miembros de los más altos rangos con grupos narcotraficantes en el Cauca y Nariño.
En una actitud pusilánime, muy propia de su carácter, no se atreve a cuestionar la actitud de los miembros de la Fuerza Pública así haya evidencias incuestionables de que lo han hecho infringiendo normas de respeto, precaución, distinción o proporcionalidad, y que con ello han causado graves vulneraciones a los derechos humanos que se expresan en vidas perdidas, lesiones a personas o daños injustificados a bienes.
Ha ocurrido en el marco de la protesta ciudadana, en el enfrentamiento a grupos armados organizados e incluso en el combate a la delincuencia.
Se cuentan por decenas los casos de abuso de la fuerza que han costado la vida a jóvenes en nuestras ciudades, las de menores y no combatientes en la confrontación con residuos guerrilleros, sin que haya habido siquiera un reproche de parte del comandante civil, que es quien tiene justamente el deber de ejercer control sobre esas actuaciones y a pesar de que los casos han sido documentados por autoridades judiciales colombianas.
Las agencias del Sistema de Naciones Unidas encargadas de la protección de los derechos humanos y organismos del Sistema Interamericano de derechos humanos le han reclamado al Gobierno una actitud distinta frente a esos hechos y Duque los ha enfrentado o los ha ignorado.
El comandante no solo no controla, sino que no comanda. Ante el deterioro del orden público en grandes extensiones del territorio nacional, el presidente está ausente. Crisis humanitarias como la del Chocó, para citar solo un ejemplo, no son atendidas por quien debería hacerlo. El propio jefe del partido de Gobierno, el expresidente Uribe, le reclama permanentemente su falta de liderazgo de la Fuerza Pública para tratar de preservar condiciones de seguridad en el territorio. Prefiere los congresos gremiales a los consejos de seguridad.
El resultado de la ausencia de comandante se expresa no solo en el deterioro de las condiciones de seguridad sino, en forma grave, en la confianza ciudadana.
Cuando comenzó el gobierno de Duque, el 72% de los ciudadanos tenían una opinión favorable de las Fuerzas Militares, hoy solo el 50%; y el porcentaje de personas que tienen una opinión desfavorable prácticamente se dobló.
La gente cada vez cree menos en la capacidad del Ejército para combatir a las organizaciones armadas ilegales: 70% hace cuatro años, 55% ahora.
El 62% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de la Policía Nacional. Duque recibió ese indicador en 44%.
Ese es el legado de este gobierno con la Fuerza Pública: el deterioro del aprecio ciudadano. Ese es el resultado de la ausencia de comandante civil.
