¿En qué se parecen el plebiscito por la paz colombiano celebrado en 2016 y el plebiscito constitucional chileno de hace unos días? La respuesta sencilla es que ambos se perdieron. El primero por un estrecho margen y el segundo por una brecha abismal de casi veinticinco puntos porcentuales.
Pero la respuesta larga es la que vale la pena, porque las similitudes entre los dos explican con mucha precisión las realidades de la política electoral en la era actual.
Para empezar ninguno de las dos iniciativas debió haber terminado como terminó: en una derrota incómoda de sus patrocinadores. Los dos ejercicios eran pan comido; cuestión, como dirían los españoles, de cantar y coser. ¿Quién podría votar en contra la paz? Obviamente nadie. ¿Quién votaría en contra de una nueva constitución post pinochetista cuando el mandato para derogarla había alcanzado más de tres cuartas partes de los sufragios? Quizás unos pocos desadaptados.
Precisamente esa fue la razón por la cual los gobiernos tomaron la decisión de someter la pregunta al electorado. Nadie, al fin y al cabo, convoca unas elecciones para perderlas y estas resultaban particularmente fáciles de ganar. Además de la legitimidad que una victoria ofrecería al proyecto, ya fueran las negociaciones de paz con un grupo insurgente o la nueva constitución del país, el triunfo pulverizaría a los opositores políticos. En el caso colombiano a la derecha uribista que se había echado como una mula muerta en el camino del acuerdo y en Chile, supone uno, a esa derecha nostálgica que no estaba dispuesta a discutir el más milimétrico ajuste al llamado “modelo chileno”.
Lo que nadie sospechaba era que las semillas de la derrota estaban plantadas en el proceso mismo y que su lenta germinación culminaría en una floración al momento de decisión electoral.
El proceso de paz de La Habana, a diferencia de intentos anteriores, fue un proyecto emprendido con la minuciosidad de una misión espacial. Nada se había dejado al azar, hasta que los tiempos empezaron a extenderse. El afán por cerrar llevó a la improvisación. La presencia de negociadores espontáneos durante la última etapa, con más voluntad que método, hizo que muchos de los temas álgidos quedaran definidos de manera incompleta. La redacción final del acuerdo cayó en excesos woke. Las supuestas “interseccionalidades”, los “enfoques” de esto y de aquello y la insistencia en la doble mención del género contribuyeron a una parte significativa de las 297 páginas de un texto que al final se tornó engorroso e ilegible.
A la convención constitucional chilena le acabó pasando algo parecido, aunque esta fue un circo desde el principio. Con la idea de ampliar la representación se acabó eligiendo a una lumpen intelligentsia que pronto se convirtió en una caricatura de sí misma. La presidenta, una mapuche experta en lingüística fue reemplazada a mitad del camino por una odontóloga cirujana, cuya función principal consistió en evitar el “gatopardismo” en el ejercicio constituyente, es decir, en asegurarse que quedara incorporada en el texto cuanta idea loca se propusiera.
Y así fue. Cuatrocientos artículos que contenían más de cien tipos de derechos y casi ninguna obligación. Incluyendo, por supuesto, los últimos aportes del utopismo criollo a la ciencia constitucional, experimentados ya en potencias mundiales de la vida como Bolivia y Ecuador: “estado plurinacional”, paridad de “diversidades y disidencias de sexo genéricas”, sustitución del sufragio universal por representación corporativista a “pueblos y naciones indígenas”. Para no mencionar contribuciones esenciales de la izquierda mohosa, como la imposición de un sistema único de salud estatal, estatización de las pensiones, educación pública exclusiva y cosas por el estilo. Solo faltó sustituir “mujer” por “persona menstruante” para complementar la receta.
Hay que tenerse confianza para someter a plebiscito popular textos como los anteriores, más apropiados para discusiones en seminarios posdoctorales de sociología que para explicárselos a un tendero, una ama de casa o un pensionado. A la gente normal le importa un carajo la “deconstrucción del discurso”. Lo que le importa es que su hijo no sea atracado en la calle, que la plata alcance para el mercado o no quedarse desempleado. Además, cuando se llama a votar, la gente no lo hace pensado en abstracciones posmodernas: todos los plebiscitos se acaban convirtiendo en un plebiscito sobre la gestión del gobierno de turno, así no tenga nada que ver con lo que se está preguntando.
Fue fácil para los opositores atacar el plebiscito por la paz. Los enemigos desmenuzaron el acuerdo –lleno de “los y las”, enfoques de cuanta cosa se ocurrió y un diccionario completo de argot identitario– y lo trituraron. No ayudó tampoco que la gerente de la campaña por el Sí fuera una figura impopular, que en su paso por el ministerio de educación publicó sin consultar una cartilla donde acogía los tenores de la ideología de género, una controversial tesis que sostiene que las diferencias entre los hombres y las mujeres son construcciones culturales y no obvias disposiciones biológicas. Papaya dada, papaya partida. Los análisis post mortem de la derrota arrojaron que cerca del 20% de los votantes por el No lo hicieron para evitar que sus hijos fueran indoctrinados en la homosexualidad.
En todo caso, la solución que el presidente Santos le dio al problema será la misma que tendrá que emprender Boric. La clave del tema es que la decisión plebiscitaria comprendía un acuerdo de paz. Sobre la necesidad de una paz negociada versus una guerra prolongada, nunca hubo mayores disensos. Hasta el slogan de la oposición lo confirmaba: “paz sí, pero no así”. Si se lograba otro acuerdo, uno que incorpora la mayoría de las objeciones que los opositores habían planteado y luego se sometía al proceso legal de ratificación, que era por la vía del congreso, se obtenía el propósito de una paz negociada y se respetaba la voluntad popular. Esto fue lo que se hizo, aunque lamentablemente la oposición, por mezquinas razones electorales, se negó a darle el visto bueno al nuevo texto.
En el caso de Chile se votó negativamente un texto constitucional, pero habrá otro porque el mandato para desechar la constitución vigente persiste. Le corresponde a Boric crear las condiciones para que la sociedad chilena construya una nueva ley fundamental que refleje los valores y expectativas de toda la sociedad y no solamente la de un grupo de activistas vociferantes cuya representatividad es inversamente proporcional a su algarabía.
