Se desprende de las recientes declaraciones del Presidente Santos que el tratado de comercio con los Estados Unidos, suscrito en noviembre de 2006 pero todavía sin vigencia, parece haber salido del marasmo. Esta noticia ha vuelto a agitar el debate entre sus amigos y adversarios a pesar de que no hay certidumbre alguna sobre su eventual ratificación.
 

Se desprende de las recientes declaraciones del Presidente Santos que el tratado de comercio con los Estados Unidos, suscrito en noviembre de 2006 pero todavía sin vigencia, parece haber salido del marasmo. Esta noticia ha vuelto a agitar el debate entre sus amigos y adversarios a pesar de que no hay certidumbre alguna sobre su eventual ratificación.
 
Si finalmente es puesto en marcha, podría ser un poderoso dinamizador del crecimiento en beneficio de consumidores, trabajadores y empresarios. Podría, digo, porque ello no es inexorable. Si gestionamos mal la economía, y, por ejemplo, se disparan la inflación y las tasas de interés; o no resolvemos los problemas de rigidez en el mercado laboral y mala calidad de la infraestructura; o la economía de los Estados Unidos recae en una recesión prolongada, sus potenciales efectos benéficos no tendrían cabal cumplimiento.
 
Cierto es también que la eventual entrada en vigencia del tratado con los Estados Unidos tiene tanto costos como beneficios, y que a priori nadie puede garantizar que salgamos bien librados. Habiendo participado en la negociación del TLC con los Estados Unidos es obvio que crea que esta es una gran oportunidad para Colombia, como lo ha sido para Chile y Perú acordar esquemas semejantes.
 
Hoy voy a ocuparme de un tema conexo: los compromisos asumidos por nuestro gobierno en el campo de la protección del derecho de asociación y la seguridad personal de los líderes sindicales como condición previa a la ratificación del tratado. Su contenido es preciso y su cumplimiento está sometido a plazos perentorios. Transcurridos estos, el Presidente de los Estados Unidos deberá verificar, con total autonomía, si hemos hecho bien la tarea. Entonces decidirá si presenta -o no- el tratado a su Congreso.
 
En el comunicado conjunto suscrito por los Presidentes se dice que ambos gobiernos -aunque, en realidad, solo el nuestro- nos obligamos a “adoptar y mantener” la libertad de formar sindicatos, proteger el derecho a la negociación colectiva, eliminar el trabajo infantil, etc. Laudables objetivos, sin duda. Pero como ellos se encuentran plasmados en la Constitución y en la ley colombianas, la implicación del acuerdo es que no los respetamos. El compromiso para revertir tan grave situación debería darse entre todos los actores políticos y sociales relevantes de nuestro país, no con un Estado extranjero.
 
También se lee en el Acuerdo que el gobierno colombiano deberá, antes del 15 de junio, promulgar una reforma del “Código Criminal” para establecer penas mínimas de cinco años para un amplio repertorio de conductas hostiles al sindicalismo. Magnífico aunque hay un pequeño problema: la competencia para expedir y reformar códigos es del Congreso, no del Presidente.
 
Un ejemplo final: para poner en marcha un conjunto de acciones tendientes a fortalecer la policía del trabajo, nos hemos obligado a “solicitar el asesoramiento y la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo”. Sorprende constatar que nos sentimos incapaces de realizar solos unas tareas que, si bien son importantes, carecen de complejidad.
 
De otro lado, hay que recordar que el tratado de comercio entre Estados Unidos y Colombia fue suscrito por quienes tenían plenos poderes para hacerlo. Por ende, ambos Estados quedaron desde entonces recíprocamente obligados a desplegar las acciones necesarias para lograr su ratificación. Es lo que se desprende de los principios de igualdad de los Estados, buena fe y pacta sunt servanda contenidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados. Colombia cumplió su obligación; su contraparte no lo ha hecho, ni se ha comprometido a hacerlo.
 
Nuestro país lamentablemente no puede exigirle al Presidente Obama que honre su promesa electoral de cerrar la prisión de Guantánamo, porque, dicho por él, allí se violan derechos fundamentales que las constituciones de su país y el nuestro consagran. Tampoco Estados Unidos se atreve a disponer que China, si quiere comprar bonos del Tesoro o exportar a su territorio, establezca el mismo catálogo de derechos que nosotros hemos “negociado”. Moraleja: todos somos iguales pero hay unos que son más iguales que otros.
 
Ha recordado Alberto Donadio en una columna reciente esta frase escrita por Eduardo Santos en 1914, entonces un joven periodista que después sería presidente de Colombia: “No importa que continúe flotando siempre en el territorio nacional nuestra bandera, si nuestros actos para ser válidos necesitan el pase del gobierno yanqui”. Si su sobrino-nieto, que con decencia y talento hoy nos gobierna, fuera todavía periodista probablemente escribiría lo mismo. Pero como es presidente tiene claro que “la política es el arte de lo posible”. Y como lo es, a veces toca tragarse unos sapos…..