Rodrigo Uprimny
 
En la anterior entrada, defendí jurídicamente la idea de que un presidente puede válidamente objetar un acto legislativo, esto es, una reforma constitucional tramitada por el Congreso.
 
En un buen artículo en El Espectador, el colega y amigo de la Universidad Nacional, Juan Gabriel Gómez Albarello, crítica agudamente .
 
Su tesis básica es que un ejercicio de derecho comparado en América Latina muestra que no tiene fundamento la tesis de las objeciones presidenciales a las reformas constitucionales.
 
No dudo del rigor del ejercicio comparado del profesor Gómez, por lo cual asumo como cierta su conclusión de que la única Constitución en América Latina que le permite expresamente al presidente objetar una reforma constitucional es la de Chile, y que esto es un rezago del régimen pinochetista. Que ninguna otra permite ese “veto presidencial” a las reformas constitucionales.
 
Sin embargo, de esa premisa no se deriva la conclusión de que en Colombia no existe jurídicamente la posibilidad de objeción presidencial a los actos legislativos, por una sencilla razón: la interpretación de las facultades de las autoridades colombianas (incluidas aquellas del presidente) debe hacerse esencialmente con base en nuestra constitución y no a partir de un examen de derecho comparado.
 
El hecho de que ciertos diseños constitucionales en Colombia sean únicos a nivel comparado no los hace por ello ilegítimos. Por ejemplo, hasta donde yo conozco, Colombia es el único país en América Latina, y tal vez en el mundo, en donde existe un control judicial de fondo de la declaratoria de un estado de excepción. ¿Deberíamos entonces concluir que esa facultad de control material de los estados de excepción, que fue derivada por vía interpretativa por la Corte Constitucional, es infundada porque no existe en derecho comparado?
 
Obviamente que no, pues no sólo la Corte justificó adecuadamente su existencia sino que ha tenido un efecto positivo para nuestra democracia, como intenté mostrarlo en .
 
El argumento del profesor Gómez es obviamente más sutil y fuerte. Su idea parece ser que ese ejercicio comparado muestra que la posibilidad de un veto presidencial a las reformas constitucionales es un boquete autoritario y por ello no debía ser admitido.
Aunque tal vez por espacio no pudo desarrollarlo, la idea de Gómez parece semejante a la de la Corte en la sentencia , que dice que “las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido”.  Humberto de la Calle, en su , plantea una tesis semejante
 
Todas esas tesis suponen que admitir la objeción presidencial de los actos legislativos permitiría al Ejecutivo bloquear las reformas constitucionales que no comparte.  Muy significativamente el profesor Gómez asimila la posibilidad de “objeción presidencial” a un “veto  presidencial” y usa indistintamente esas dos expresiones. (Sobre este punto, por favor ver la aclaración que hice posterior a la publicación de la entrada)
 
Pero en realidad son instituciones diferentes. El veto implica la posibilidad que tendría el ejecutivo de impedir que se apruebe una ley o una reforma constitucional. Pero eso no existe en Colombia. El presidente puede objetar el proyecto, pero si las cámaras insisten en su aprobación, entonces el presidente tiene que sancionarlo y publicarlo, si la objeción es por conveniencia, o debe remitirlo a la Corte Constitucional, si es por inconstitucionalidad, para que ésta tome la decisión definitiva. No hay pues en Colombia veto presidencial ni frente a las reformas constitucionales ni frente a las leyes.
 
Ahora bien, frente a una ley, la posibilidad de objeción presidencial es poderosa, pues estas se aprueban por la mayoría de los asistentes, siempre y cuando haya quórum para decidir; pero las cámaras  requieren la mayoría absoluta de sus integrantes para derrotar la objeción presidencial. Una ley podría entonces ser aprobada con el voto afirmativo de sólo 30 de los 102 senadores, si a la sesión asistieron 53, pues se necesita la mayoría de los integrantes para que se puedan tomar decisiones y éstas se toman por la mayoría de los asistentes. Pero se requiere el voto afirmativo de 52 de los 102 senadores para derrotar la objeción presidencial.
 
Pero en cambio, frente a un acto legislativo, el efecto de la objeción presidencial es simplemente obligar a que las cámaras reexaminen el tema, por  cuanto se requieren las mismas mayorías para aprobar un acto legislativo que para que las cámaras derroten una objeción presidencial, En ambos casos se requiere la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Por consiguiente, si las cámaras quieren insistir, entonces les basta conservar la misma mayoría que tuvieron para aprobar el proyecto de acto legislativo, esto es, 52 de los 102 senadores.
 
El hecho de que el presidente pueda objetar un acto legislativo no le otorga entonces un poder de veto. Ni siquiera le confiere un poder exorbitante para impedir una reforma constitucional. La objeción obliga a que las cámaras repiensen el tema pero si éstas insisten, con la misma mayoría, el presidente no puede impedir la aprobación de la reforma .
 
Ahora bien, esa reflexión suplementaria por las cámaras no me parece un problema. En Colombia es bastante fácil que las cámaras aprueben un acto legislativo, pues basta el voto afirmativo de la mayoría de sus integrantes, mientras que en muchos otros ordenamientos se requieren mayorías más calificadas,  El hecho de que el presidente pueda objetar y poner a prueba la solidez de esas mayorías, lejos de ser un problema, debería ayudar a que las reformas constitucionales sean más reflexivas y cuenten con un consenso más solido.
 
Queda la última crítica del profesor Gómez, Que en este caso no deberíamos olvidar la responsabilidad política de los congresistas y del gobierno  en que la reforma a la justicia hubiera terminado en lo que terminó.  Y comparto su indignación. Pero respondo con el comienzo de mi anterior entrada.
 
Una cosa es la discusión de las responsabilidades políticas del gobierno, los congresistas y  ciertos magistrados en que la reforma a la justicia haya terminado en esa catástrofe en que terminó. Otra cosa es la discusión de la facultad jurídica que pueda o no tener el presidente para objetar un acto legislativo. El hecho de que uno concluya que el presidente tiene esa facultad jurídica no significa que uno excusa su responsabilidad política.
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Aclaración posterior a la publicación de la entrada:
En un correo electrónico privado, el profesor Gómez me había remitido su columna en El Espectador para mis comentarios y me había precisado que en la publicación de su texto el periódico había hecho un error y que donde decía “poder de veto” debía leerse “poder de freno”. Desafortunadamente, al leer la columna y realizar mi respuesta, olvidé esa observación y entonces le atribuí al profesor Gómez una inexactitud conceptual que aparece en el texto publicado pero que él no cometió sino que derivó de un error editorial del periódico, pues él claramente distinguía entre poder de veto y objeciones presidenciales. Es más, su visión se asemeja a la mía, pues atribuye a la objeción presidencial una capacidad de frenar pero no de vetar lo aprobado por las cámaras.
 
El profesor Gómez me ha reclamado que no hubiera tenido en cuenta su alcaración. Y tiene toda la razón. No puedo sino disculparme con el profesor Gómez de esa inatención mía y por ello hago esta aclaración pública. Y disculparme con los lectores por esa imprecisión.
Sin embargo, no corregí la entrada por dos razones: varios intervinientes ya la habían comentado en su versión original y en todo caso creo que muchas personasa en la opinión pública pueden asimilar objeciones presidenciales y veto presidencial, por lo que creo que es importante enfatizar la distinción.