En lo corrido de esta corta campaña, ya en dos ocasiones el Procurador General de la Nación ha tenido que halarle las orejas al Presidente por intervenir en la campaña. Pero el mal ejemplo cunde. La Procuraduría adelanta más de 200 investigaciones contra funcionarios públicos por aprovecharse de su investidura y del manejo de recursos públicos para favorecer candidatos. Varios ciudadanos han denunciado ante cámaras y micrófonos que los amenazan con quitarles el subsidio de familias en acción si no votan por Juan Manuel Santos.
Cuando al fin logramos que bajara la coacción armada sobre los electores subieron las presiones provenientes de políticos y gobernantes. El principal riesgo en estas elecciones presidenciales no son las armas de la guerrilla, ni las chequeras de la mafia, sino la intimidación de los gobernantes, que amenazan a algunos electores con quitarles recursos o subsidios si no apoyan a los candidatos que ellos apoyan.
Según la Misión de Observación Electoral, en las elecciones de marzo la financiación ilegal de campañas y el fraude electoral fueron los dos principales factores de riesgo. El tercer factor fue la participación indebida de funcionarios públicos y el cuarto la violencia. Gracias a la acción eficaz de la fuerza pública las perturbaciones del orden público disminuyeron, así como la amenaza a candidatos y el saboteo electoral. Durante la campaña de Congreso, las Farc y otros grupos ilegales planearon 113 acciones criminales, pero lograron ejecutar sólo 21.
En las elecciones presidenciales bajó sustancialmente el riesgo de financiación ilegal. Los candidatos presidenciales son más responsables, reciben mayor financiación pública y tienen mayores controles por lo que no se han visto las tulas de dinero y la pre venta de votos que se observó en la campaña de Congreso. A menor plata rodando menor presión de fraude, puesto que disminuye la cantidad de recursos para compra de jurados o registradores para que alteren los resultados.
Aunque el riesgo por violencia subió un poco en estas semanas –por las amenazas que han recibido algunos candidatos y acciones de la guerrilla– es de esperarse que la Fuerza Pública logre neutralizar ese riesgo y mantener la seguridad durante el proceso electoral.
Cuando tenemos esas noticias alentadoras, el baldado de agua fría viene por cuenta de la indebida intervención en política de los funcionarios. No sólo porque esa participación rompe las garantías de juego limpio entre candidatos, sino sobre todo, y más grave, porque viola los derechos y la libertad electoral de los ciudadanos.
La Procuraduría puede investigar y sancionar. Pero más serviría que el Gobierno impida, y obviamente no promueva, que amenacen a los ciudadanos con quitarles los recursos que les pertenecen si no votan por el candidato del gobierno. No traten a Juan Manuel como caballo discapacitado. El puede ganar, o perder, pero limpiamente.
