La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía tomaron decisiones dirigidas a evitar que los hechos de noviembre del año pasado se repitieran pero lo hicieron unos días después de que se habían repetido
Esta semana se conocieron dos decisiones judiciales que, de haberse producido unos días antes, quizás hubieran podido evitar, al menos parcialmente la enorme tragedia que se vivió el pasado 9 de septiembre cuando fueron asesinadas, en circunstancias aún sin determinar, al menos nueve personas en Bogotá.
Los hechos que ocurrieron ante centenares de personas, varias de las cuales los grababan en video, muestran que esas muertes fueron la consecuencia de un uso indebido de la fuerza policial y de actos vandálicos cometidos por personas que parecían actuar con algún nivel de organización. Un abuso no legitima el otro, ni se miden con el mismo rasero y la justicia determinará, espero, quien es responsable de qué.
En circunstancias similares, en las que parece intervinieron los mismos protagonistas, había ocurrido otra tragedia que también dejó muertos y heridos hace ya casi un año. Los afectados activaron el aparato judicial para buscar protección de sus derechos conculcados o reparación por los daños recibidos y la justicia solo actuó después de que los hechos, de alguna manera, se repitieron, con lo que su demora impidió que operara el carácter preventivo y disuasivo que debe tener.
En un ejercicio colaborativo sin precedentes, organizaciones protectoras de derechos humanos y abogados constitucionalistas, se pusieron en la tarea de documentar al detalle la vulneración sistemática al derecho a la protesta que ocurre en Colombia: abuso policial, estigmatización y criminalización de la protesta, uno inadecuado de armas, detenciones arbitrarias, y ataques a la libertad de prensa.
El resultado de ese trabajo fue una acción de tutela que se presentó en marzo pasado buscando que esos abusos no se repitieran. Los trámites judiciales llevaron algo más de seis meses hasta que la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, en una rigurosa sentencia, decidió que efectivamente estaban probadas las vulneraciones al derecho y ordenó, lo elemental, que los abusos no se repitieran (pero ya se habían repetido y de qué manera) y se adoptaran las medidas para que ello fuera así.
La Corte dijo, por ejemplo, que dado que no había una regulación adecuada del uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía pues que se adoptara ese reglamento. Casi una obviedad, que claro que si se hubiera corregido antes muy probablemente mucho de lo que ocurrió hace dos semanas en barrios de Bogotá no hubiera ocurrido.
Lo que hubiera ocurrido en un estado de Derecho, con un gobierno sensible a la protección de los derechos de las personas y empático con las víctimas es que dada la gravedad de los hechos de noviembre pasado hubiera acometido una revisión de los procedimientos y establecido los remedios. Lo que ocurre en un país donde no se dan esas condiciones es que los ciudadanos se ven obligados a acudir a la protección judicial para que se haga lo que cualquiera entendería que se debería hacer y lo que ocurre en una sociedad en la que los valores democráticos se han trastocado es que cuando los jueces conceden la protección se arma un debate ahora sobre un supuesto abuso de las Cortes.
Las autoridades policiales y militares afirmaron que tenían información que conducía a establecer que grupos ilegales habían también afectado el derecho a la protesta, la habían infiltrado y habían destruido bienes públicos y causado daño a civiles y miembros de la fuerza pública. La Alcaldía de Bogotá se había constituido como víctima de esos hechos buscando que se castigara a los responsables y que, por esa vía, no se repitieran.
La Fiscalía General de la Nación, según se vino a saber esta semana, después de que los hechos se repitieron y de qué manera, buscó evidencia, juntó información y documentó que efectivamente al menos cuatro personas, tres de las cuales fueron capturadas en estos días y una que ¡actuaba desde una cárcel! habían organizado y ejecutado hechos violentos que afectaron la integridad de decenas de policías, algunos civiles y produjeron cuantiosos daños en el patrimonio público.
Si, como dijo la Fiscalía, esas personas estuvieron también comprometidas en los hechos violentos ocurridos el 9 de septiembre, la actuación de esa entidad llegó tarde. El Fiscal dijo que tenían miles de horas de interceptaciones telefónicas que si hubieran valorado con un poco de mayor celeridad hubieran evitado muertos y heridos.
Aunque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ahora seguramente revisará la Corte Constitucional, haya llegado unos días tardes debería servir para que los hechos que ya se repitieron no se vuelvan a repetir, pero claro, para ello se necesita que las autoridades que recibieron la orden de adoptar los remedios lo hagan y por ahora parece que se niegan a ello.
El Gobierno se ha mantenido en la lógica de que la protesta no es legítima y, por tanto, que cualquier reconocimiento de uso indebido de la fuerza del Estado es una derrota. Los hechos, entonces, se van a repetir indefectiblemente y en ese momento habrá que preguntarle al Presidente de la República y a su Ministro de Defensa por qué se rehusaron a cumplir una decisión judicial puramente preventiva, inspirada en el principio de precaución y veremos qué contestan.
La Fiscalía, no para hacer justicia como debiera sino motivada en reforzar el discurso oficial de que la protesta no es una manifestación genuina de inconformidad ciudadana sino expresiones delictivas de grupos ilegales organizados, hará la tarea de identificar quienes incendiaron decenas de instalaciones policiales en Bogotá en unas pocas horas y probablemente nos lo contará cuando hechos parecidos hayan vuelto a ocurrir. En tal caso, su actuación no prevendrá el siguiente ataque sino los subsiguientes.
En un país en el que normalmente los asuntos que se someten a la justicia no se resuelven positivamente, que este caso haya actuado para evitar que los hechos de noviembre no se repitieran así se hubieran ya repetido es, digamos, consolador, pero que los destinatarios de las decisiones se rehúsen a cumplirlas es desolador.
