La amenaza volcánica ratifica la urgencia de ordenar el territorio
La posibilidad de un nuevo desastre asociado a la actividad del volcán Nevado del Ruíz pone sobre la mesa el problema de fondo sobre las fuerzas sociales y económicas que llevan a la construcción de riesgos de desastres en Colombia y sobre las posibles soluciones a los desastres continuos. La más importante de ellas, la necesidad de ordenar el territorio, no solo en torno al agua como está expresado en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, sino en torno a todos los fenómenos naturales y a los determinantes que impone nuestra compleja geografía.
En el caso del volcán Nevado del Ruíz se estima que por lo menos 57.090 personas se verían afectadas por una posible erupción del volcán, de los cuáles 14.420 están en cabeceras municipales y centros poblados, y 42.670 en áreas rurales dispersas, especialmente en los municipios de Villamaría (Caldas), Casabianca, Herveo, Villahermosa y Murillo (Tolima) muchos de los cuales ocupan zonas por donde pueden correr productos volcánicos.
En general, la inadecuada localización o emplazamiento, tanto de asentamientos humanos formales e informales así como de infraestructura esencial en zonas donde pueden ocurrir inundaciones, maremotos y erupciones volcánicas es la principal causa de afectaciones por desastres en Colombia.
Así se puede concluir al observar el inventario de desastres DesInventar (Corporación OSSO-EAFIT, 2011), entre 1970 y 2011, el cual reporta un acumulado de destrucción de 190.000 viviendas, de las cuales 79 mil unidades estuvo asociada a inundaciones; 51 mil viviendas a sismos, casi 18 mil a deslizamientos, 5.400 a erupciones volcánicas y 35 mil a otros eventos. El 51% de toda esta destrucción tuvo como causa real la mala localización y el 26% las deficiencias en las construcciones.
El riesgo de desastres es una gran problema presente a lo largo y ancho de nuestro territorio, desde Bogotá hasta la Colombia más profunda, como lo concluyó un estudio de la Procuraduría General de la Nación , que señalaba que el 82% de los municipios tienen población asentada en zonas de riesgo y requería reasentamientos.
También lo decía el Banco Mundial sobre los desastres en Colombia: “El riesgo se está acumulando permanentemente en las ciudades y en las áreas rurales, debido a la falta de aplicación y control de las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial municipal y a la insuficiencia en el manejo de cuencas hidrográficas”.
Pero el reasentamiento y la localización segura de las viviendas y de la infraestructura pública se enfrenta a múltiples desafíos, en parte porque el suelo seguro, ya sea para compra o arriendo, suele ser escaso, costoso y poco accesible a los más pobres. Un estudio realizado en Bogotá reflejó que el metro cuadrado para arriendo o compraventa de suelo seguro frente a inundaciones era hasta un 11% más costoso que el mismo bien en zona insegura. El mercado del suelo es lo que termina llevando a vivir a la población de menos recursos a las zonas de mayor amenaza frente a fenómenos como inundaciones o deslizamientos.
Este es un grave problema y una de las razones por las cuales el riesgo y los desastres golpean a los más pobres. De hecho, es muy probable que con cada crisis climática o geológica que tengamos, los suelos seguros sean más costosos y más difíciles de comprar para los hogares más pobres. Ya lo decía un estudio realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando concluía que los pobres tienen el doble de probabilidad de verse afectado por inundaciones y vendavales que los no pobres (De 11% a 5%).
La grave desigualdad social que vive nuestro país, se expresa en el ordenamiento real del territorio y se hace más evidente en los desastres. Para responder a este desafío, es necesario que el mismo ordenamiento territorial planificado desde el Estado contrarreste la desigualdad. Debe ser un ordenamiento en torno al agua, y en general frente a todos los fenómenos, que, como en el caso de las erupciones volcánicas y los maremotos pueden afectar a la población de forma severa.
Pero ordenar el territorio no solo requiere conciencia ciudadana frente a los fenómenos naturales, sino el diseño de instrumentos de gestión, planificación y financiación del suelo que realmente opere frente al desarrollo informal del sector vivienda, y que facilite el acceso a suelo seguro de los grupos de población con menos recursos económicos.
Muy bien las acciones de preparación actuales para responder ante los desastres, pero debemos abordar el fondo del problema y poner a andar los mecanismos que permitirán no seguir acumulando peligros en el camino.
